Los testimonios inundaban de lágrimas la mirada de los asistentes. El auditorio con una marcada presencia femenina, miraba atónito algo que muchas sabían, que otros habían oído y que los menos se enteraban sorprendidos, horrorizados, de una verdad que forma parte de nuestra historia, de esa que pese a ser reducida, silenciada, invisibilizada, no permite ser desaparecida.

Silentes sollozos se escuchaban mientras un sencillo documental recogía palabras, recuerdos que una y otra vez azotan la vida de las sobrevivientes de una dictadura que no sólo las privó de su legítimo derecho a defender sus creencias sino que las violentó crudamente, sacudiendo su sexualidad y su psiquismo, por el mero hecho de ser mujeres.

Violaciones reiteradas, miembros de las Fuerzas Armadas que no sólo las utilizaban sexualmente, sino que también permitían, gatillaban, que animales, objetos y todo cuanto se les ocurriera, perpetrara y arremetiera contra ellas, las presas políticas que no sólo debían soportar la tortura que todos padecían con férreo valor, sino que además, debían ver como las humillaban una y otra vez, reduciéndolas, minimizándolas.

Las imágenes del Chile violento, despiadado, no sólo forman parte de la investigación que Corporación Humanas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales llevan adelante para mostrar las sentencias judiciales y cómo estas han recogido la violencia sexual en dictadura, sino y peor aún, son parte del relato cotidiano de aquellas que sobrevivieron y parte del dolor silente de los familiares que perdieron a sus mujeres (hijas, hermanas, sobrinas, nietas, esposas, amigas…) sin saber siquiera qué les ocurrió.

Las conclusiones preliminares del documento titulado “Respuesta judicial a la violencia sexual cometida por agentes del Estado contra las mujeres durante la dictadura cívico-militar” evidencian que tribunales de justicia tuvieron conocimiento de la violencia sexual contra mujeres en dictadura, pero se mantuvo impunidad de estos crímenes.

“Nosotras lo que vemos es que los tribunales de justicia conocieron la violencia sexual que en contra de las mujeres se cometió en los centros de detención tortura a lo largo de todo el país, violaciones sexuales, otras formas de violencia sexual, y también la violencia sexual que ha sido parte del tratamiento sistemático infringido a los prisioneros y prisioneras de estos centros que los tribunales conocieron, pero mantienen invisible”, explicó la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.

Cuarenta sentencias fueron revisadas, las que componen casos de sobrevivientes, desaparecidas y ejecutadas políticas, con el fin de conocer el actuar judicial respecto de las declaraciones de abusos sexuales y de violencia sexual que las mismas mujeres víctimas o bien testigos entregaron a los magistrados como material agravante de las prácticas ejercidas en dictadura.

“En dictadura, las mujeres fueron víctimas de violaciones sexuales por parte de los agentes del Estado; algunas quedaron embarazadas producto de las violaciones; fueron violadas por animales especialmente adiestrados para ello; se les aplicó corriente eléctrica en la vagina, en el ano y en los pezones; a las embarazadas se les golpeó para que abortaran y otras fueron obligadas a tener a sus hijos en cautiverio; fueron sometidas a desnudez forzada, expuestas frente a otros prisioneros y a los agentes del Estado, para ser sometidas a interrogatorios y/o mantenerlas colgadas; obligadas a presenciar violaciones; amenazadas de ser violadas; entre otras graves formas de violencia sexual”, relataron crudamente las expositoras.

La impunidad de la violencia sexual cometida contra las mujeres durante la dictadura militar ha sido constante en el transcurso del tiempo, sin evolución al respecto. La también abogada de la Corporación y de la Universidad Diego Portales, Daniela Quintanilla, insiste en la necesidad de un cambio cultural para dejar de repetir estas prácticas.

“Mientras estos crímenes no obtengan una condena concreta y específica es muy difícil lograr un cambio estructural sobre este tipo de violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, en una forma de intentar conservar el rol que tradicionalmente a una mujer le pertenece dentro del ámbito privado. Nosotras intentamos visibilizar que, si bien es un hecho y una verdad oficial, esto no tiene una respuesta, en consecuencia sigue en impunidad y por lo tanto estos crímenes van a seguir ocurriendo y se van a agudizar en momentos de crisis, porque el problema cultual está”, agregó la abogada.

Por su parte, Paulina Zamorano, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien también participó del estudio, señaló que “a la violencia sexual cometida contra las mujeres no se le ha dado ninguna respuesta judicial, gozando sus autores de total impunidad por la violencia de género que hizo parte de la política represiva aplicada en el país”.

Lelia Pérez, una de las sobrevivientes de Villa Grimaldi presente en la presentación del estudio, habló de la subjetividad, lo simbólico y como en ellas, en sus familias, en sus vidas, ha calado la violencia.

“Hay una parte subjetiva que tiene que ver con el no reconocimiento que te actualiza el sentido de la vulnerabilidad y la humillación. Te hablo de lo subjetivo en término de las emociones, de qué manera es posible dar un paso adelante en la vida. Afecta desde el cuerpo, se te actualiza la violación, la agresión sexual por un olor, una voz… Entonces cuando no existe en la sociedad la tematización de que la responsabilidad está dada por agentes criminales que deben ser juzgados, siempre va recayendo en la persona, en la mujer, el tener que tratar el tema, el tener que hablar de esto una y otra vez, lo que es permanente violento”, explica.

“Saliendo de lo subjetivo, te hablo de lo que pasa en mi familia, yo tengo dos hijas y he debido hablar mucho con ellas para poder hacer todo esto. Una vez las encontré llorando cuando estaba el tema de la comisión Rettig y les digo qué les pasa… ellas dicen es que escuchamos que te hicieron un aborto mientras estabas presa y nos preguntábamos cómo sería ese hermano, esa hermana y pensamos que se parecería mucho a nosotras. Eso no es solamente mi subjetividad, sino de quienes están ahí conmigo, para qué vamos a hablar de lo que ha pasado con el padre de las niñas”, declara Lelia, una de las sobrevivientes.

“La impunidad no sólo se ocasiona con la ausencia de condenas, sino también cuando las condenas son muy bajas en consideración a la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura, permitiendo que dichas condenas no se cumplan en condiciones de efectiva privación de libertad, análogas a las que aplica a la población carcelaria en general”, concluyen las indagaciones preliminares del estudio.