Servicios de peluquería y maquillaje, ropa interior Hugo Boss, sueldos inflados y un viaje a Europa son sólo algunas de las objeciones que realizó el Servicio Electoral a las cuentas de gastos presentadas por los ex candidatos presidenciales.

Hasta ahora, el organismo estatal ha enviado 357 oficios cuestionando cuentas de las campañas presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales.

A juicio del abogado y director de la Fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, la falta de rigurosidad en las declaraciones podría llevar a errores de interpretación y dan cuenta de las debilidades en la legislación que las regula.

Al respecto, señaló que desde la organización que encabeza consideran que la ley electoral es “deficiente, bastante débil. Es una ley que no garantiza la adecuada transparencia toda vez que establece gastos reservados. Nos parece que esto no corresponde en un proceso democrático que tiene que ser transparente. Consideramos que los recursos y las atribuciones que tiene el Servel para poder fiscalizar no son suficientes”, dijo el abogado.

Entre las objeciones destacan las realizadas a Franco Parisi por la declaración de compra de ropa interior, cinturones y zapatos de la marca Hugo Boss, que en total fueron avaluados en $580.400.

El organismo electoral solicitó al candidato aclarar otros gastos que a su juicio son excesivos. Entre ellos está el pago de $8.000.000 a su prima Karen Tapia Parisi, por servicios de secretaria en terreno, además del arriendo de dos vehículos por la suma de $15.000.000.

A Parisi le sigue Marco Enríquez Ominami con cuatro objeciones, dos de ellas por peluquería y maquillaje que suman alrededor de 700 mil pesos. El secretario General del Partido Progresista, Camilo Lagos, declaró a través de un comunicado que no solicitarán la devolución de estos gastos.

Por otro lado, los independientes Marcel Claude y Roxana Miranda también fueron objetados por no especificar el ítem de “gastos menores”, cuyos valores ascienden al total de 24 y 31 millones de pesos, respectivamente.

El director de la fundación Ciudadano Inteligente añadió que otro factor relevante a revisar serán los detalles de las nóminas para corroborar que los gastos declarados sean, efectivamente, producidos por actividades de campaña y declarados de manera razonable.

Para la analista política, Francisca Quiroga, las observaciones realizadas por el Servicio Electoral ponen sobre la mesa la relación entre financiamiento y política, develando una crisis de legitimidad por la que actualmente pasan las instituciones del país.

La académica de la Universidad de Chile enfatizó en que la polémica da cuenta de un problema más profundo. “El tema de fondo es la calidad de la democracia y aquí surge la crisis de legitimidad de las instituciones políticas. Esto da cuenta de cómo hoy en día los sistemas de representación están cuestionados producto de la erosión que se ha dado con estas prácticas, donde hay cierto cinismo, ausencia de un debate, donde la ciudadanía empieza a perder el interés y también la eficacia de las instituciones respecto a cómo se toman las decisiones políticas. Ahí está el tema estructural, que es lo que hemos llamado crisis de representación”, señaló Quiroga.

Según establece la Ley de Transparencia y Control de Gasto Electoral, los candidatos tienen ahora un plazo de quince días para enviar mayores antecedentes y aclarar las objeciones.

El proceso de revisión, que finalizará el 11 de febrero, contempla que, de aprobarse las nóminas de gastos, se le reembolsará 687 pesos a cada candidato por voto recibido, mientras que las cuentas que sean rechazadas no tendrán derecho a devolución de dinero.