Pescadores artesanales de Talcahuano se encuentran en alerta ante el diálogo iniciado por el subsecretario Raúl Súnico, ya que desde la zona acusan presiones del municipio para que estos solo puedan entregar sus productos a las plantas procesadoras industriales de la comuna.

Además, acusan que las autoridades y funcionarios priorizan el desembarco de las grandes empresas, sin permitirles negociar precios, lo que implica la pérdida de muchos productos.

El gobierno ya anunció modificaciones, aunque por el momento los pescadores solo han tenido reuniones protocolares de reconocimiento con las nuevas autoridades y aún no se conforma la mesa de trabajo comprometida para discutir las promesas de campaña.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar), Hernán Cortés, denunció que el nuevo orden que generó la ley ha causado mayores problemas, pues se encuentran amarrados a trabajar en un solo puerto.

“No es lo correcto y se está privilegiando el desembarco de los industriales”, señaló el dirigente, reconociendo que se trata de uno de los principales problemas para los pescadores, además de que la ley les prohíbe trasladarse a otras regiones.

La diputada socialista Clemira Pacheco expresó su acuerdo con los pescadores e indicó que esto ya fue manifestado a la autoridad durante su visita a la comisión de la Cámara Baja.

“La regionalización es el gran problema político que tiene el sector pesquero artesanal, porque los industriales capturan de lunes a lunes y lo hacen en las macro zonas, de una a otra. En cambio los artesanales lo hacen solo de lunes a viernes y en los límites de su región”, explicó la diputada, quien pide mayor altura de miras a la hora de anunciar cambios sin especificar las materias.

La complejidad del tema presenta distintas aristas. El vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), Nelson Estrada, apuntó a otra de las polémicas, al acusar que Sernapesca abandonó su rol fiscalizador y lo externalizó a la empresa Interpesca bajo un contrato de tres años que dejó “amarrado” la administración anterior.

Según Estrada esta situación la conversó con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el subsecretario Súnico, ya que esto ha generado trabas para su desarrollo, aumento en los costos de producción y multas injustas.

Por su parte, y pese a que en su momento votó a favor de la “Ley Longueira”, el diputado UDI Jorge Ulloa reconoció la necesidad de introducir indicaciones para que la hagan más eficiente y menos perjudicial.

Una de ellas es la unificación de las cuotas de sardina y anchoveta, ya que el “descarte” obliga a los pescadores a desechar al mar el producto no certificado para captura.

Los dirigentes están atentos a cómo avanza el diálogo y aseguraron que si el gobierno no avanza en los compromisos se movilizarán en las calles. Por ello, esperan volver a trabajar de Arica a Magallanes como fue hasta la nueva ley, es decir, que el Estado se haga cargo de la fiscalización y que se elimine la pesca de arrastre de manera progresiva en un plazo no superior a cuatro años.