El programa de Gobierno se erige como una declaración de intenciones para potenciar a TVN e incorporar financiamiento público, con el objetivo de que no deba guiarse únicamente en base al rating. Por otra parte, la ley de Televisión Digital le otorgará la posibilidad de optar a una segunda frecuencia, que podrá usar para señales regionales o difundir contenidos de canales comunitarios.
A juicio de Manuela Gumucio, directora del Observatorio de Medios Fucatel, hay una falta de claridad histórica entre los directores ejecutivos sobre el rol del canal estatal. Por eso, consideró que será fundamental definir esa misión para el nuevo ciclo y confía en la capacidad política del nuevo director quien “tendrá que cohesionar el canal internamente, porque lo que ha ocurrido es que ha habido reacciones internas contra la posibilidad del financiamiento mínimo estatal que es absolutamente necesario, para exigirle que cumpla una función distinta a los canales comerciales. En ese sentido Ricardo Solari tendrá un gran trabajo en la elaboración, formulación y pensamiento sobre cuál debe ser el rol de este canal público”, señaló.
La periodista enfatizó en la necesidad de un financiamiento adecuado y focalizado a las obligaciones que se le puedan exigir. Por ejemplo, aplicar subsidios para incentivar una oferta programática distinta, desvinculada de un interés comercial. Esto con el objetivo de entregar la información necesaria y aportar al debate público de los temas que aquejan al país.
Si bien destacó espacios valiosos de discusión política, o producciones dramáticas de alta calidad como Los Archivos del Cardenal o el reciente estreno Pulseras Rojas, dijo que al hablar de un canal estatal se debe pensar en una oferta permanente y no en excepciones.
Nuevos actores
En televisión analógica ya no caben más canales y no existe posibilidad física para sumar nuevos actores a este mercado. El proyecto de ley de televisión digital señala que cada concesión asignará al medio un bloque de frecuencia de seis megahertz (MHz), lo que en TV analógica equivale a una señal, pero en la digitalización permitirán optimizar el denominado espectro radioeléctrico, al fraccionarlo y multiplicar la cantidad de canales que se pueden emitir por frecuencia, permitiendo a cada canal transmitir hasta seis u ocho señales.
Chiara Sáez, investigadora del Programa de Libertad de Expresión y Ciudadanía de la Universidad de Chile, dijo que en este contexto la dimensión pública de TVN no se puede limitar solo a los lineamientos que plantee el canal. En ese sentido, espera que se acoja la demanda ciudadana de potenciar contenidos comunitarios, educativos y culturales.
“Un sello distintivo de esta nueva era de TVN debiera ser comprender que estos contenidos de carácter local, regional y comunitario que no van a poder levantar sus propias señales que puedan ser acarreados y emitidos como parte del sentido de lo público. Pero es necesario que este reforzamiento no sea de espaldas a la ciudadanía, que de algún modo las organizaciones sociales puedan participar de la construcción del sentido público del canal estatal. Eso no está, por ejemplo que existiera una especie de consejo civil para discutir sobre los contenidos”, sostuvo.
Yovanny Moraga, director del canal 3 de Pichilemu mira con escepticismo la posibilidad de mezclar actores con y sin fines de lucro y apuntó al desafío de ingresar al sistema y concesionar una señal de TV digital para participar de la nueva ley. Además, destacó que “ahora parecen haber más posibilidades que en la administración anterior. Estamos atentos a cómo se va a ir desarrollando este nuevo escenario y a cómo se va a implementar la ley”, dijo.
La ley de TV Digital que ya fue aprobada por ambas Cámaras se encuentra a la espera de que el Tribunal Constitucional responda ante un requerimiento de los senadores de la UDI y del senador Alberto Espina (RN), quienes impugnaron el rechazo del Parlamento al veto de la administración de Piñera.
Mientras la ley se tramita, los especialistas coinciden en que en términos concretos fortalecer el rol público de TVN implicará por una parte introducir un mínimo de financiamiento público y que el directorio dé cuenta al Senado una vez al año sobre su gestión, para restituir la visión de que es “el canal de todos los chilenos”, como destaca. También apuntaron a la necesidad de que cambie la composición del directorio, que “actualmente se constituye por cuoteo político en un Parlamento que no es representativo”, además de permitir el ingreso de nuevos actores a la televisión a través de las señales del proyecto digital.