Este jueves el diputado Hugo Gutiérrez (PC) recibió la respuesta de Contraloría que ratificó irregularidades en el proceso de licitación para la construcción del Hospital de Alto Hospicio.
Según el parlamentario, todas las empresas cumplían con los requerimientos técnicos y dos de ellas no fueron consideradas, aun cuando sus presupuestos eran mucho menores que la empresa que se adjudicó el proyecto.
“Descartaron a dos empresas constructoras que estaban cobrando mucho menos. Una de ellas, siete millones de dólares menos para la construcción del hospital. Se adjudicó la propuesta más cara, dejando fuera de juego a dos que tenían propuestas económicas mucho más interesantes”, aseguró.
Gutiérrez anunció una reunión con el director del Servicio de Salud para solicitar los sumarios respectivos contra quienes resulten responsables de negociaciones fraudulentas. “Eventualmente podrían considerarse actuaciones que rayen en la corrupción”, dijo.
Por su parte, el gobernador de la provincia de Iquique, Gonzalo Prieto (PPD), consideró que “esto es inaceptable”, dadas las condiciones precarias del sistema de salud de la región. “El gobierno anterior quería proyectar números y no realidades”, enfatizó.
“En el caso del hospital de Alto Hospicio, se lanzan anuncios y se pone la primera piedra, pero nos quedamos solo en eso. Acá viven más de 100 mil personas y contamos con alrededor de cuatro centros de salud de distinta clasificación, pero que no dan abasto para la cantidad de habitantes que tenemos”, aseguró.
Además, el gobernador profundizó sobre las necesidades de contar con especialistas en la zona para controlar las principales enfermedades que afectan a los vecinos: “Puedo tener el mejor hospital del país, con los mejores implementos, pero si no genero incentivos para que los anestesistas, oncólogos y otros especialistas vengan, no vendrán, pues no los puedo obligar. Por eso se requiere una intervención mayor en el sistema de salud”, advirtió.
Sobre este caso, el diputado Hugo Gutiérrez anunció acciones judiciales para que las ex autoridades sanitarias involucradas en la acción fraudulenta no vuelvan a ocupar cargos en la administración pública.
