Fuertes cuestionamientos ha recibido el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como Ley SBAP. Las críticas recaen, principalmente, sobre su relación con los tratados internacionales ratificados por el país.

Por ejemplo, se lo acusa de pasar a llevar instancias como el Convenio de Washington, el Convenio 169 de la OIT y estaría vulnerando derechos laborales al no asegurarse la carrera funcionaria y beneficios adquiridos.

El Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier y trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), agrupados en Federación Nacional de Sindicatos (FENASIC) y el Sindicato Nacional de Profesionales (SINAPROF), iniciaron un diálogo sobre la iniciativa.

Erry Leiva, presidente de la FENASIC, valoró este primer acercamiento con la autoridad, por cuanto se podría mejorar la iniciativa de inminente presentación: “Para nadie es un misterio de que aquí hay un compromiso político que el Ministro Badenier confirmó diciendo que el proyecto va sí o sí. A nosotros nos cabe ahora tratar de que este proyecto se confeccione de buena forma y no vaya en desmedro de los trabajadores” dijo Leiva.

En tanto, el presidente de los profesionales de CONAF, Manuel Soler, afirmó que el futuro de la iniciativa está en manos del Ejecutivo.

“Concretar que efectivamente el mandato que le ha dado la Comisión de Medio Ambiente, en función del acuerdo de hace dos semanas atrás, se transforme en una mesa de trabajo entre los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y las organizaciones de trabajadores de CONAF” indicó Soler.

El Secretario de Estado contestó a las críticas de los trabajadores por haber constituido un proceso poco participativo en la creación de la ley. Badenier se comprometió a tener una relación más fluida y en particular, materializar el acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente del Senado que es formar un comité que permita discutir con mayor profundidad los temas laborales.

Recordemos que los sindicatos de CONAF junto a organizaciones ambientalistas defienden que tanto el presupuesto como el personal del proyecto no cumplen con la deuda que tiene Chile en la protección de la biodiversidad.