El Capítulo Chileno del “Ombudsman” o “Defensor del Pueblo” se fundó en 1985 en el seno del Grupo de Estudios Constitucionales (Grupo de los 24), organismo destinado a diseñar las bases constitucionales para el régimen democrático siguiente al gobierno militar. Entre ellas figuraba la creación del Defensor del Pueblo (ombudsman).

Siguiendo la experiencia de otros países latinoamericanos, se vio la necesidad de crear un “capítulo” que se dedicara específicamente a la preparación y promoción del ombudsman chileno. A su constitución concurrieron importantes personalidades de la oposición de la época, siendo su promotor el profesor Jorge Mario Quinzio.

Si bien todavía no se materializa esta institucionalidad, su presidente Juan Domingo Milos es optimista respecto de que el actual periodo político del país permita definitivamente su consolidación.

Para Milos, los últimos acontecimientos políticos experimentados durante 2015, deben servir para dar pie a una serie de reformas políticas y sociales que consoliden la democracia en nuestro país.

¿Qué tan profunda cree que es la crisis institucional que vive el país?

Nosotros como organización de la sociedad civil queremos ver esto como una oportunidad, de manera positiva. Es positivo que se haya destapado esta crisis, que las instituciones se vean forzadas a cambiar o a revisarse es claramente una oportunidad para una mejor democracia. Lamentamos sí que se haya retrasado tanto, porque esto no viene de los últimos meses, viene desde hace años y el hecho de que haya salido a la superficie es, para nosotros, algo positivo lamentando las situaciones negativas que esto también acarrea.

¿En qué pie queda la ciudadanía ante este tipo de hechos?

La ciudadanía hasta el momento estaba ausente, observando y yo creo que está pagando un precio por no estar suficientemente organizada. En este minuto no es un poder, no hay un tercer sector en la política, en la economía o un tercer sector de la sociedad. Observamos cómo hay un conflicto y un problema desde lo político y desde los poderes económicos, pero, por otro lado, el poder ciudadano no se ha visto y esa es una de las carencias que hay que afrontar para salir bien de este periodo. Puede haber acuerdo estupendos, de mejores prácticas, pero si no son, de alguna manera, incorporados con la ciudadanía ésta no lo va a sentir como suyo, no se va a sentir participe, se va a sentir excluido, entonces, eso estamos tratando de revertir, proponiendo instituciones para el futuro. Esto no es una crítica a las organizaciones de la sociedad civil porque yo creo que van a reaccionar, están expectantes y esa es la sensación que tenemos, pero falta algún grado de integración y de propuesta común.

¿Cómo la ciudadanía puede dar ese salto para sentirse más incluido y participar?

En primer lugar hay que hacer planteamientos y un diagnostico desde la ciudadanía, es decir, desde la exclusión. Este sistema es coherente con un sistema permanente de exclusión de la ciudadanía, de haber sido más presentes muchos de estos problemas no hubiesen sucedido. De todas formas, hay que reconocer que algunas instituciones de la sociedad civil han actuado correctamente, pero aun así, el malestar ciudadano no ha sido bien canalizado. Se pueden producir bonitos acuerdos, pero el sentimiento de estar excluido de las conversaciones, de las soluciones, va a continuar. La solución pasa por formular planteamientos y de una cierta organización. Como capítulo chileno del Ombudsman estamos convocando a una reunión amplia para debatir este tipo de temas, pero también estamos abiertos a que sean otras instancias la que lo hagan y participaremos con el mismo entusiasmo, hemos iniciado un camino que esperamos tenga buen puerto.

¿Cómo se puede lograr mayor representación ciudadana en casos como el de Penta o Caval?

Lo que ha hecho la Fundación Ciudadano Inteligente es un buen camino, es decir, aquí hay intereses particulares, por supuesto, de todos los actores que están participando, pero hay un interés general de la ciudadanía que no ha sido tratado en profundidad, hay un interés público, pero no digamos del que pueda tener un Gobierno o un Estado, un interés público ciudadano. El financiamiento torcido de la política evidentemente que afecta al valor ciudadano general que es nuestro voto que hoy no vale nada. Hay un daño que se hace a la ciudadanía en general, hay un interés público que no ha sido acogido, que no ha sido bien tratado y creo que es la oportunidad para que, en esta crisis, tratar estos temas y nosotros nos ofrecemos para que esa institución que represente a la ciudadanía sea la Defensoría del Pueblo.

¿Cómo se puede avanzar en el combate a la corrupción desde la ciudadanía?

La ciudadanía tiene que estar vigilante, dándole un rol observador de las instituciones y eso es de carácter permanente. Es decir, si hay un ente destinado a observar el buen funcionamiento de las instituciones, estos casos de corrupción se disminuirían. La ciudadanía o los organismos representativos, que en este caso sería la Defensoría del Pueblo, si existiese como en muchos países del mundo, tendrían un campo sumamente importante en el cual las instituciones funcionarían mejor. Necesitamos algún tipo de Defensoría que sea plenamente autónoma, que tenga los instrumentos necesarios y que sea respetada por las distintas instituciones del Estado. Con esto aseguro que todos estos actos van a tender a desaparecer.

En los países nórdicos el tema de la corrupción se aborda desde la escuela ¿Debiese ocurrir algo similar en Chile?

Supongamos que el carácter de las medidas que se han aplicado funcionaran y se hiciesen efectivas leyes más estrictas, por supuesto que ayudan, pero cómo solucionamos el problema más de fondo, que es la cultura de la corrupción. Hay que alimentar también un combate contra la corrupción en el aspecto cultural, crear una cultura que impida este tipo de abusos. Que sean sancionados no solamente en el ámbito penal, sino que reciba una sanción de parte de la sociedad y que ésta se sienta molesta. Y de alguna manera está pasando esto. La sociedad no aguanta más este tipo de  expresiones de corrupción de tráfico de influencias, de manejo de información privilegiada. Tiene que haber medidas más duras, con mayores sanciones y cárcel y pérdida del puesto. Aunque también tiene que existir una labor educativa que se haga a nivel de la sociedad y desde la escuela misma.

¿Es la gran oportunidad para que se implementen los cambios por tantos años postergados?

Nosotros compartimos que es una gran oportunidad, aunque tiene sus riesgos, porque si la oportunidad no es bien llevada o no culmina exitosamente también se puede entrar en un cuadro bastante complejo para las instituciones democráticas. Por ejemplo, este Consejo Asesor está bien conformado, pero tiene algunas cosas para observar, ¿qué pasará con las conclusiones de este Consejo? Después tienen que pasar al Congreso y no he escuchado a nadie decir que va a renunciar a su derecho a debatirla o a votar en contra.

Entonces, si tenemos una oportunidad debemos aprovecharla de forma rápida y eficaz. En el caso de que la Defensoría del Pueblo fuera una propuesta de esta comisión, ellos la presentarían al Ejecutivo y de ahí pasaría al Congreso. Ahí, en el Parlamento, están las personas que fueron elegidas y que no van a querer perder su fuero, su privilegio. De esta forma, puede ser que esto no sea suficiente, por eso hay que tener atención a lo que ocurra y que el Gobierno establezca desde ya los contactos necesarios para obtener una aprobación rápida y efectiva de las normas que salgan de la comisión. Es una buena oportunidad, pero para que se concrete debe tener, en aquellas soluciones, algo que represente el descontento de la gente, lo más profundo de la molestia. Es una gran oportunidad pero no basta con un eslogan.