La indicación presentada a la Ley de Fortalecimiento de la Democracia, que se encuentra en proceso de revisión en la Comisión de Constitución del Senado, permitiría ampliar el periodo de gasto electoral de 90 a 200 días como forma de regular los recursos invertidos en las llamadas “precampañas”.

No hay que confundir con el periodo de “campaña electoral”, que se mantendría en 90 días. La indicación hace referencia a gastos como contratación de asesores, instalación de sedes de campaña y otros que no tienen que ver necesariamente con la difusión directa.

Para la directora ejecutiva de la Fundación Pro Acceso, María José Poblete, la indicación es positiva en el sentido que viene a regular un periodo que hasta el momento quedaba fuera del ámbito legal. “Si no lo hacemos quedamos en esas zonas grises que son realidades existentes, pero que no están reguladas y por ende sin control, como las llamadas precampañas”.

De todas formas comparte la crítica que han hecho otros analistas e investigadores, respecto de la forma en que se han tratado estas iniciativas en el Congreso, y que reflejan cierto desorden a la hora de presentar los proyectos.

A juicio de María José Poblete es necesario tratar los proyectos de transparencia y probidad de una manera armónica. “Hay un desorden considerable, la falta de sistematización en temas de transparencia es bastante evidente”.

Una vez aprobado en su segundo trámite constitucional en el Senado, el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Democracia deberá regresar a la Cámara de Diputados para su despacho final.

Precisamente en esa instancia hay parlamentarios que no ven con buenos ojos dicha indicación, ya que abriría la puerta para un eventual “derroche de recursos”. Así lo cree el diputado DC Fuad Chahin. “Cuando tienes más posibilidad de gastos tienes más necesidad de recaudar y eso incentiva las triquiñuelas. Si se aprueba la indicación esperamos revertirla en la Cámara”, anticipó.

Por su parte, el UDI Arturo Squella cree que el foco debió estar puesto en la duración de las campañas. “Se tiene que incluir principalmente el plazo de campaña, porque para los candidatos nuevos es mucho esfuerzo en un tiempo bastante acotado”, puntualizó.

Junto a esta indicación ingresó una similar, de autoría de los senadores Ignacio Walker y Felipe Harboe, que busca insertar un nuevo artículo en el proyecto para establecer que “cualquier persona podrá constituir un comité exploratorio con el único objeto de indagar la viabilidad de una eventual candidatura al cargo de Presidente de la República o alcalde hasta dos años y un año antes del inicio del periodo de campaña, respectivamente”.

La enmienda de los senadores oficialistas busca permitir esta posibilidad pero con regulaciones, por lo que se especifica que en el período propuesto “se podrán recibir aportes de personas naturales, los que no podrán exceder el equivalente en pesos a 40 unidades de fomento por aportante”.