La Presidenta Michelle Bachelet nominó al abogado Enrique Rajevic como su candidato a ocupar el puesto de Contralor General de la República. Sin embargo, las críticas fueron inmediatas, sobre todo por las labores que el profesional desarrolló en ministerios como el de Vivienda, lo que, aseguran, le quitaría independencia a su labor.

Sin embargo, en la Nueva Mayoría no existe un acuerdo total. El senador socialista Alfonso De Urresti, integrante de la Comisión de Constitución, calificó la nominación como “inadecuada”.

“Valerse de la tardanza de la presentación de la demanda por el ex Ministerio de Planificación (Mideplan), a través del Consejo de Defensa del Estado, invocando la prescripción es algo insólito, impresentable para quien ocupe un cargo tan importante como la Contraloría General de la República”, afirmó.

Por su parte, la oposición endureció más aún las críticas. El diputado RN Nicolás Monckeberg afirmó que luego de conversar con los senadores del partido, concluyeron que “no apoyarán la propuesta y en este sentido rechazarán dicho nombramiento”, añadiendo que Rajevic no cuenta con la independencia debida para el cargo.

“Nombran Contralor a un funcionario que asesoró a ministerios en la actual administración para fiscalizar su propia gestión. Además fue financista de la campaña de la Presidenta y le pedimos que venga a fiscalizarse a sí mismo”, acusó.

Esto, porque Rajevic fue varias veces asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que Monckeberg catalogó como “un conflicto de interés gigantesco”, e hizo un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet “a no tergiversar las instituciones”. Además, afirmó que el nombramiento muestra la falta de rigurosidad y la improvisación del Gobierno.

Con esto coincidió la senadora de Amplitud Lily Pérez, para quien se trata de una mala señal en un contexto político delicado.

“A mí no me importa el color político del candidato, lo que me importa es que sea una persona con intachables espaldas en temas éticos, porque cuando habla el Contralor está hablando el faro de la probidad en Chile. Y en los momentos más duros de la política, con los vínculos a campañas ilegalmente financiadas, operadores políticos, dirigentes políticos y parlamentarios que están en el foco del Ministerio Público, es cuando debemos procurar tener un Contralor General libre de todo problema”, afirmó.

A Rajevic también se le critica por una demanda redactada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), al no cumplir los requisitos que impone la Beca Presidente de la República, con la que cursó un postgrado en Madrid.

Cercano a la Democracia Cristiana, cuenta con el respaldo del partido, tal como indicó su presidente, Jorge Pizarro, quien insistió en que la deuda “fue subsanada”. Además, afirmó que “es un candidato idóneo” y que “la Presidenta debe haber evaluado muy bien, considerando la opción de que Rajevic pueda ayudar a modernizar una institución clave en el funcionamiento del país”.

Ante todas estas críticas respondió el gobierno a través del titular del Interior, Jorge Burgos, quien defendió la opción afirmando que “es un gran nombre” y negó que existiera una demanda activa por parte del CDE. “No ha sido nunca demandado por el Consejo de Defensa del Estado. La demanda se preparó cuando se había demorado mucho, porque los doctorados a veces son más lentos de lo que estipulan las becas, pero nunca se le notificó y en consecuencia no hay demanda y se archivó”, argumentó Burgos.

El secretario de Estado afirmó que él mismo donó dinero en todas las campañas de la Presidenta y que hoy es Ministro del Interior. “Si es inhabilitante avísenme para ver que hago”, dijo. Mientras que en cuanto a por qué no se optó por una figura totalmente proba, respondió que “entonces habría que traerlo de Marte”.

Para que Rajevic sea ratificado como Contralor el Senado debe aprobar su nombre por al menos tres quintos de los parlamentarios en ejercicio, votación que ingresará al Parlamento con urgencia, por lo que se estima que podría ser puesto en tabla esta misma semana. Considerando estas reacciones, ya se habla de que la aprobación de la carta presidencial estaría en duda.