El vicepresidente de la CUT reiteró que si bien es un avance el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales, no cambia de manera sustancial el Plan Laboral de 1979, y criticó las indicaciones presentadas por la llamada bancada pro-Pyme –“patrocinadas secretamente por el Gobierno”-, además de las mociones presentadas por el Ejecutivo, las que considera un retroceso para el mundo sindical, por lo que emplaza a que sean retiradas.

En este sentido, Díaz hizo énfasis en la indicación presentada por la bancada transversal que eleva el quorum desde 8 a 25 los trabajadores que se necesitan para formar un sindicato en las pymes. Para el vicepresidente de la CUT esta moción representa un fracaso y es quitarle el derecho a organizarse a más de un millón de trabajadores, por lo que criticó la actitud de los senadores de la DC Ignacio y Patricio Walker, Andrés Zaldívar, y de los PS Juan Pablo Letelier y Rabindranath Quinteros.

Por ello, explicó la petición realizada junto a un grupo de militantes de la DC para que los senadores Ignacio y Patricio Walker, y Andrés Zaldívar sean sancionados por el Tribunal de Ética de la colectividad por haber presentado estas indicaciones, las cuales, a juicio del líder gremial, contravienen los principios doctrinarios de la Falange

“Las indicaciones que los senadores democratacristianos están promocionando, lo único que hacen es quitarles por secretaría el derecho a negociar y a organizarse a un millón de trabajadores chilenos, y eso contradice, fundamentalmente, los principios de la Democracia Cristiana, y ellos tienen que ser sometidos al Tribunal de Ética y sus antecedentes revisados, y eventualmente tienen que ser amonestados o sancionados por promover leyes que mantienen la injusticia de la Dictadura, pero que además le niegan el derecho a sindicalizarse a un millón de trabajadores chilenos”.

No obstante, especialmente ácido fue el dirigente gremial con la actuación del Gobierno en la tramitación de la Reforma Laboral, principalmente por las indicaciones presentadas al proyecto, entre las cuales se contempla la posibilidad de que el empresario haga las adecuaciones necesarias en caso de huelga, una regulación de los servicios mínimos y los pactos de adaptablidad, entre otros.

“Pero lo que más nos preocupa son las indicaciones que el propio Gobierno ha presentado en esta segunda etapa. Y nosotros en esa materia lo que queremos hacer es denunciar con absoluta claridad la actitud del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que operando a favor de los empresarios ha torpedeado la Reforma Laboral, y es el propio Gobierno el que le hace indicaciones a su proyecto de ley, lo que significa que torpedea sus propias ideas, y eso nos parece una contradicción. Además de concretarse, en vez de un avance sería un retroceso, y eso no lo vamos a permitir”.

En conversación con el Tema del Día, Nolberto Díaz aseguró que el Gobierno se ha manejado con ambigüedad  y que la administración “tiene dos almas”, pero que ellos apuestan por la que está del lado de los trabajadores, lo que no quiere decir que la CUT “vaya a actuar en la ingenuidad” frente a los intentos de criminalizar la huelga y dificultar la negociación colectiva.

Sobre las reuniones que la Presidenta ha sostenido con la dirigencia empresarial desde la semana pasada, y que mañana tendrá su cénit durante la cena anual de la Sofofa, Díaz aseguró que la multigremial no espera ningún beneficio de ellos, y al contrario pone sus esperanzas en la reunión de este jueves al mediodía en que la CUT se reunirá con la Mandataria.

“Lo que sí esperamos es que el jueves, cuando la Presidenta se reúna con la CUT, ratifique la línea del Programa de Gobierno que era la de hacer un proyecto para devolver derechos a los trabajadores, y no para garantizarle facilidades a los empresarios, como son hoy día, por ejemplo, los pactos de adaptabilidad que pese a la oposición de la CUT, igual se van a incorporar en este proyecto de reforma”.

Finalmente, el vicepresidente de la CUT, sostuvo que si se quiere mejorar la distribución del ingreso es necesario imitar a países europeos en los cuales se han aplicado políticas impositivas progresivas y se ha fortalecido la negociación colectiva por rama como instrumentos esenciales para lograr una mayor justicia social y económica.