La forma en la que el Gobierno está llevando adelante algunas de sus reformas estructurales, como es el caso del llamado proceso constituyente o la Agenda Laboral, ha levantado críticas y cuestionamientos de parte del mundo académico y sindical, quienes ponen el acento en la ambigüedad con la que el oficialismo se ha enfrentado a ellas.

Uno de los puntos principales se relaciona con la serie de reuniones que la Presidenta Michelle Bachelet ha sostenido con el mundo empresarial, la semana pasada en el CEP, hoy con el presidente de la CPC, Alberto Salas, y mañana en la noche en la cena anual de la Sofofa.

Nolberto Díaz sostuvo que esta administración “tiene dos almas”, una que durante 25 años se ha preocupado más de agradar a los empresarios en desmedro de los trabajadores, mientras que la otra está bregando por devolverle derechos conculcados durante la Dictadura a los trabajadores.

Y sobre estas reuniones que la Presidenta ha sostenido con la dirigencia empresarial, Díaz aseguró que la multigremial no espera ningún beneficio de ellos ya que desde siempre se han manifestado críticos y refractarios a realizar cualquier cambio a la legislación.

“Lo que sí esperamos es que el jueves, cuando la Presidenta se reúna con la CUT, ratifique la línea del Programa de Gobierno que era la de hacer un proyecto para devolver derechos a los trabajadores, y no para garantizarle facilidades a los empresarios, como son hoy día, por ejemplo, los pactos de adaptabilidad que pese a la oposición de la CUT, igual se van a incorporar en este proyecto de reforma”.

Carlos Ruiz, director del departamento de Sociología de la Universidad de Chile, expresó su preocupación por la manera en que el Gobierno está actuando, por ejemplo en el caso del proceso constituyente, en el cual se convoca a una participación de la ciudadanía para generar una nueva Constitución, pero al mismo tiempo, y antes de que comience ese proceso, se les dé garantías a los empresarios de que ciertos elementos no van a ser tocados, como es el caso del derecho de propiedad, “significa que estás prescribiendo aquello que va a ser llamado a consulta”, señaló el profesor Ruiz.

El académico de la Facultad de Ciencias Sociales se preguntó también por la capacidad real que tiene la sociedad de incidir e intervenir en la formulación de este nuevo orden constitucional, y según su punto de vista, esta participación está focalizada sólo en aspectos procedimentales, “que es típico de la Concertación y de cómo prefiguró las negociaciones de la Transición”.

“Una Constitución es para prefigurar un modelo de desarrollo, para poner en discusión el tipo de Estado que tenemos, el tipo de Derecho que tenemos, etc. Entonces si esas cuestiones desde antes están siendo comprometidas como inalterables, intocables frente, justamente, a los sectores sociales que tienen un nivel de colonización sobre el aparato estatal muy grande, como es el gran empresariado, entonces a mí me llama a profundas dudas, e incluso a desconfianza, de cuál es la voluntad política real que hay en La Moneda de impulsar un cambio constitucional sustantivo”.

Finalmente, Carlos Ruiz enfatizó en que en esta administración se está asistiendo al regreso de la “Política de los 90” en la que se da prioridad a generar una “gobernabilidad democrática” a través de gestualidades y formalismos, pero que no van al fondo de los temas, lo que demuestra que la Nueva Mayoría no estaría entendiendo las dinámicas sociales de hoy: “Se requiere de verdad, la voluntad de ciertas discusiones sustantivas que conduzcan a cambios que tienen que ser sostenidos por consensos sociales más amplios”

Patricio Vallespín, diputado de la DC y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, desestimó que las reuniones de la Presidenta con los representantes del empresariado puedan traducirse en que las reformas, como la Laboral, se puedan modificar accediendo a sus peticiones, o que represente una exposición innecesaria de la Mandataria frente a un grupo históricamente refractario a las reformas.

“Sabemos lo que quiere el empresariado: que todo siga igual, que no exista ninguna modificación en temas laborales porque saben que tienen ventaja respecto a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, por tanto no creo que es exponerse, simplemente es el debate legítimo que debe existir, pero no para cambiar de posición, más allá de lo que piense el empresariado va a haber reforma laboral, y esto ya está en sede parlamentaria y sacaremos adelante la reforma que el país necesita, que tiene que equilibrar las relaciones entre empleador y trabajador”.

En la misma cuerda opinó el diputado del PS, Osvaldo Andrade, para quien la reunión de la Presidenta con la CPC y la Sofofa es parte de la normalidad democrática.

La abogada laboralista y redactora del informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Karla Varas, coincidió con la CUT sobre que el proyecto de Reforma Laboral no ataca los temas de fondo, como es el caso de la negociación ramal, una de las más efectivas maneras de lograr la redistribución de la riqueza, y sólo se trata de un retoque al Plan Laboral de José Piñera.

En este sentido, la jurista sostuvo que es sintomático que el Gobierno realice tantas reuniones con el empresariado, lo que se relacionaría con la “cooptación de la política por parte de los grupos económicos”, y por ende la Agenda Laboral responde a este escenario: “La Reforma y la redacción de los artículos, puntualmente las indicaciones que se están debatiendo, responde a eso, efectivamente aquí es una reforma que se trata de hacer a la medida de la clase empresarial, que está tomando poco o nada la opinión de los trabajadores, y los políticos van más en linea con quienes lo están financiando”.

No obstante, la abogada acotó que es necesario la construcción de un movimiento sindical que se haga escuchar, y que logre sacudirse de la histórica cooptación que han hecho de ellos los partidos gobernantes.

Desde el mundo de la oposición, el ex ministro de Sebastián Piñera y ex candidato presidencial, Joaquín Lavín, en entrevista con La Segunda, sostuvo que la Presidenta ha sido “exitosa” en una supuesta estrategia de “neutralizar” a los empresarios, ya que mientras el ministro del Interior, Jorge Burgos, es quien se enfrenta a los distintos gremios empresariales, aprovechando “que genera simpatías, porque es moderado”, la Mandataria estaría en la estrategia “de la sonrisa, del chiste en el CEP en inglés, de una persona grata pero que no enfrenta los temas de fondo”, aseguró Lavín.

Finalmente, tanto la Presidenta como el líder de la CPC calificaron como “grata” la reunión que sostuvieron,durante la cual abordaron cuatro temas relevantes para la multigremial como es el caso de la reformas laboral, el proceso constituyente, la gratuidad de la educación y finalmente sobre la de violencia en La Araucanía.