Preocupación existe entre los funcionarios públicos, particularmente en el caso del Registro Civil, por las amenazas de sumarios, persecuciones y despidos por parte de las autoridades, tanto del propio servicio como del Gobierno en general.

El cuestionamiento hacia las movilizaciones en el sector, las que se han sucedido desde distintos ámbitos en el último tiempo, instala, entonces, un tema bastante postergado.

Y es que efectivamente el derecho a huelga de los trabajadores del sector público no está debidamente explicitado en la legislación nacional, lo que posibilita que surjan interpretaciones sobre las movilizaciones, incluidas un paro o una huelga, y que sean calificadas de ilegales.

De hecho, las autoridades del Gobierno han insistido en esto, a propósito de la paralización de los funcionarios del Registro Civil. Incluso el subsecretario Mahmud Aleuy ha amenazado con aplicar la Ley de Seguridad del Estado.

En el contexto del paro nacional desarrollado este miércoles por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la senadora PPD Adriana Muñoz plantea su preocupación por la situación que viven los funcionarios del sector público. “Existe una carencia muy grande en el sector público de una normativa que permita la negociación colectiva y el derecho a huelga”.

En su condición de integrante de la Comisión de Trabajo, exige el envío al Congreso de un proyecto de ley que consagre los mismos derechos que se discuten para los trabajadores del sector privado. Esto, luego de que se despache la Reforma Laboral.

“No ha habido voluntad política sobre las movilizaciones en el sector público. No la hubo en el gobierno anterior y tampoco la ha habido antes de llevar al Parlamento un proyecto de ley. Se anunció el año pasado, que establezca todos estos derechos que estamos legislando para el sector privado, pero para el sector público no existen”, criticó la parlamentaria.

Asimismo, advirtió que “toda la movilización de los funcionarios del sector público está fuera de todo marco regulatorio y se ven sometidos por cierto a estas presiones”.

Sin embargo, la propuesta de la senadora también es cuestionada. “Si el propósito es para que la acción de los diputados (Daniel) Farcas, (Gabriel) Silver y (Matías) Walker, que presentan un recurso de protección contra una dirigente por llevar adelante las decisiones que toman las bases, entonces lo que estaríamos haciendo es tratar de abarcar a todo el sector público bajo esta doctrina sindical sumamente represiva y tutelar. No creo que los trabajadores públicos estén de acuerdo con eso”.

Así lo plantea el académico Lucas Cifuentes, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, investigador y experto en acción sindical.

En contrapartida apunta a que “si esto implicara el reconocimiento de la huelga, tal como está reconocida a nivel internacional por Chile, como un derecho fundamental, sin duda sería un avance importante. Permitiría incorporar a las filas gremiales a aquellos trabajadores públicos que hoy se encuentran en las sombras, como ocurre con los trabajadores a honorarios y a contrata”.

Frente a estos planteamientos, la respuesta de la vicepresidenta de la ANEF, Nury Benítez, es categórica. “No ha sido responsabilidad de los gremios del sector público que no se legisle, respecto a una prohibición que existe en la Constitución de 1980. La responsabilidad ha sido de los gobiernos de turno”.

En ese sentido, insiste en que “la Constitución ilegítima de Pinochet es la que nos prohibió la huelga. Por eso nos parece inédito, insólito y también incoherente que el Gobierno aluda y utilice esta Constitución para deslegitimar el movimiento de los funcionarios del sector público”.

Asimismo, revela que “en el protocolo de acuerdo que firmó la ANEF el 2 de julio de este año, este tema es relevante, donde al menos estamos solicitando que este Gobierno elimine estas prohibiciones antidemocráticas”.

“Nosotros nos hemos ganado el derecho durante estos 25 años, porque hemos legitimado nuestros derechos y el ejercicio de la huelga”, concluye.

En esa línea, el académico Lucas Cifuentes recuerda que el Plan Laboral de José Piñera no solo prohibió, en términos legales, las paralizaciones del sector público. También su sindicalización. “Al no tener el estatuto sindical, las organizaciones gremiales tampoco tienen las mismas restricciones de los sindicatos ni los amarres al Plan Laboral”.

Son organizaciones de carácter nacional –explica– capaces, por la vía de los hechos y de la fuerza en última instancia, de enfrentarse al empleador de manera articulada, que en este caso es el Estado. “Los trabajadores no tienen que ser tan tutelados para organizarse, que es una visión paternalista que existe de parte del Estado o de los sectores que legislan, que creen que los trabajadores necesitan una brújula constante para organizarse”.

Él mismo se anticipa a una posible legislación al respecto. “Me imagino que para algunos sectores empresariales y también políticos, el solo hecho que los trabajadores se organicen ya es un descontrol, porque opone un pequeño freno a un poder que es absolutamente indiscriminado de parte de los empleadores en este país”.

Y concluye: “Muchas veces la posibilidad de que los trabajadores tengan una capacidad de poder real para definir mejores condiciones de trabajo y de remuneraciones, justamente lo que logran son mayores niveles de armonía, pero una armonía no entendida desde el punto de vista represivo”.

Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reconoció este miércoles la necesaria reflexión que se requiere para determinar cuál debe ser el formato de relación laboral dentro de un Estado. “Hay aspectos en la carrera de los funcionarios que son muy distintos a los del sector privado”, manifestó la autoridad. Por ahora, no más que eso.