Este lunes Sabas Chahuán dejó de desempeñarse como Fiscal Nacional, luego de ocho años a la cabeza del Ministerio Público. El segundo que ha tenido la institución y que ya fue reemplazo por Jorge Abbott, el ex director ejecutivo nacional de la misma.

Quien asumiera el 30 de noviembre de 2007, en su despedida aseguró que “bajo mi administración nos propusimos consolidar la gestión, fortalecer la persecución penal y la atención de víctimas”.

Incluso, afirmó que su administración “avanzó con decisión, firme y con un sentido institucional en mejorar la atención a las víctimas y testigos”.

En sus últimos días de gestión no solo dejó definidas las ternas para la incorporación de 30 nuevos fiscales, luego de que se aprobara el plan de fortalecimiento institucional, a través de la promulgación de la Ley 20.861 en agosto de este año.

También, la reasignación del caso Penta al nuevo jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra. El mismo que decidió confirmar en sus cargos a Carlos Gajardo, como jefe de la Unidad de Alta Complejidad, y al fiscal Pablo Norambuena.

“No hay nada oculto, ni dejé nada impuesto al próximo fiscal nacional. Todo lo que hice, las decisiones que tomé, Jorge Abbott las puede desamarrar”, aseguró Chahuán en su despedida.

Ataques y defensas

“Le correspondió una etapa más difícil que la inicial para el Ministerio Público, con la Fiscalía ya instalada en todo Chile”, explica el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe.

Y agrega: “Entre sus méritos tiene el haber defendido fuertemente la autonomía del Ministerio Público, que además, al final de su mandato, captó la importancia de la figura del Fiscal Nacional, en cuanto a cabeza de la institución, que debía llevar investigaciones de relevancia y dar señales públicas”.

Sin embargo, el abogado Mauricio Daza, querellante en el Caso Penta, ha insistido en el “interés personal de Sabas Chahuán de aparecer obteniendo una condena antes de cumplir su periodo”, además de su satisfacción de que el ahora ex fiscal nacional dejara su cargo este lunes.

Esto, a propósito de la condena contra el ex presidente de la UDI Jovino Novoa, caso que junto al de SQM, Chahuán decidió asumir personalmente de manera inédita desde la vigencia de la reforma procesal penal, desplazando a los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias, respectivamente, quienes, de todas maneras, continuaron formando parte del equipo investigador.

Respecto de otro tema conflictivo, el abogado Daza también ha manifestado que “estamos frente a una persona a la cual, en el momento en que tuvo que investigar hechos que según los denunciantes lo involucraban a él mismo, como fue el ‘Caso Metas’, en vez de permitir que se investigara de manera transparente, remitió los antecedentes a un fiscal de su confianza”.

Episodio que generó diversos cuestionamientos, luego de que una investigación acreditara la manipulación de 21 mil 875 registros de víctimas y testigos de casos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esto, con el objetivo de alcanzar las metas asociadas al pago de bonos de cumplimiento.

Incluso, el entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola, declaró que “el Fiscal Nacional Sabas Chahuán debería haber renunciado inmediatamente una vez que se conocieron las denuncias por alteraciones de los registros computacionales para lograr las metas de su institución”.

En ese contexto, Uribe asegura que “es injusto adjudicárselo al Fiscal Nacional. Es una situación que se manejó a nivel de una fiscalía regional determinada, fundamentalmente a nivel de funcionarios administrativos, donde veo escasa o ninguna participación de Sabas Chahuan”.

Por ello, plantea que “siendo una cuestión que nos preocupa y que no fue una buena señal de la institución, no es un tema que podamos achacárselo a él”.

Balance “de dulce y de agraz”

El propio Uribe se refiere al nuevo plan de fortalecimiento institucional, advirtiendo que “no es la idea que tenía Sabas Chahuán, por mucho que a última hora se haya manifestado como un partidario de ella. Efectivamente estaba muy interesado en las fiscalías de alta complejidad, cosa que hoy no forma parte del plan de fortalecimiento”.

Y si bien reconoce que el ex fiscal nacional cooperó en la etapa final para que el proyecto se transformara en ley, agrega que “son otros los actores, como la Asociación de Fiscales, Paz Ciudadana y el propio Parlamento, quienes representan a los verdaderos padres de este proyecto”.

En suma, su balance respecto de la gestión de Chahuán considera aspectos positivos y negativos. “Fue una muy buena decisión del fiscal nacional asumir él mismo las investigaciones. Sirvió para relevar de manera importante cuál era la significación que el Ministerio Público le daba a esas causas y los medios que había que poner a disposición. La figuración que tuvo el Fiscal Nacional en eso fue algo bueno que no critico”.

No obstante, “en lo negativo, tardó un tiempo demasiado largo en asumir lo que eran los deberes del liderazgo. Hay casos, como el Caso Bombas, donde se realizaron cambios en la estructura de la investigación que demostraron ser un error. Además, hubo un nivel de informalidad en el trato que a veces hacía ruborizarse. Una gestión compleja que ya con el tiempo evaluaremos más en detalles, pero que básicamente tiene de dulce y de agraz”.

Otro capítulo por el que Chahuán recibió críticas y cuestionamientos fue por la particular situación de Alberto Ayala, hoy a la cabeza de la Fiscalía Regional de Antofagasta, quien también se ha desempeñado en otras tres jefaturas, siempre renunciando antes de cumplir sus periodos.

Esto, a pesar de que la Ley 19.640 establece en su artículo 30 que los fiscales regionales podrán desempeñarse en sus cargos durante ocho años, sin que puedan ser designados como tales durante el periodo siguiente.

En cuanto a la etapa más mediática del ex jefe del Ministerio Público, también aparece el Caso Caval, a cargo del fiscal Luis Toledo, que investiga las irregularidades en la adquisición de terrenos en Machalí por parte de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, el hijo y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.

Y, por supuesto, el Caso Corpesca, a cargo de la fiscal Ximena Chong, en el que el Ministerio Público solicitó a la Justicia el desafuero del senador de la UDI Jaime Orpis, imputado por cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos.

Respecto de este caso y de SQM, será Jorge Abbott, el nuevo Fiscal Nacional, quien decida el futuro de las investigaciones.

Sale Chahuán, entra Abbott

Un emocionado Sabas Chahuán hizo entrega de su cargo a Jorge Abbott, quien asume la dirección de la Fiscalía Nacional.

Chahuán alcanzó notoriedad durante el Gobierno de Sebastián Piñera, por sus roces con el ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y durante la investigación del Caso Bombas. Pero su mayor protagonismo lo obtuvo en los últimos meses de su gestión, al intervenir y hacerse cargo de los casos Penta y SQM.

Al despedirse, el ex fiscal nacional agradeció las críticas que se le hicieron, por cuanto le “hicieron crecer”. “Siempre será posible hacer más, pero nuestros esfuerzos, creo, han sido satisfactorios, porque hoy la Fiscalía de Chile es protagonista del sistema de justicia criminal y es un referente para la ciudadanía”.

En su primer día como Fiscal Nacional, Abbott valoró la entrada en vigencia del plan de fortalecimiento y aseguró que la condena al ex senador de la UDI Jovino Novoa significará “un estándar y un precedente respecto del cual el Ministerio Público tendrá que tomar las decisiones que vienen en el futuro”.

Asimismo, agregó que “he pedido un completo informe a los fiscales que están trabajando  en esas causas para ver el estado de las mismas y poder tomar decisiones en lo que dice relación con los antecedentes que arrojen dichas investigaciones”.

También Manuel Guerra profundizó en la situación del líder gremialista. “Muchos de los imputados, el señor Novoa es uno de los más emblemáticos en ese sentido, negaban la existencia de los hechos. Decían que los mismos no eran constitutivos de delito y que en ningún caso iban a aceptar responsabilidad. Se llegó a decir inclusive que esta era una investigación ideológicamente falsa”.

En ese sentido, planteó que “al día de hoy, el precedente que se fija es que estos hechos son constitutivos de delito, hay participación penal y se ha sancionado a un imputado como responsable de la misma. Por eso se fija un parámetro judicial que se puede ocupar para casos que se encuentren en similar situación y esperamos que así sea para conducir la investigación a la condena de otros responsables”.

El propio Abbott confirmó que él mismo asumirá la dirección de las investigaciones de SQM y Corpesca, mientras que Penta tendrá en el equipo persecutor a los fiscales originales de la causa: Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

Se discutirá, en ese sentido, la situación del ex candidato presidencial Andrés Velasco, cuya investigación también está en el marco del bullado caso que ya tiene su primer condenado, en lo que refiere a financiamiento irregular de la política.

Guerra agregó que no se descartan nuevos juicios abreviados, como el que protagonizó el pasado viernes Jovino Novoa, pero recordando que esto supone que los imputados lleguen a un acuerdo con la Fiscalía, aunque en muchos casos han negado la existencia de hechos constitutivos de delito. Por ende, depende de ellos.