Estimado Director:

Juan Valdivia Cisterna, Edgardo Ortega Ahumada y Patricio Alarcón Vásquez, todos con grado de sargento segundo de Carabineros, además de la subteniente Geraldine Haarmann Ruiz fueron formalizados por la Fiscalía Centro Norte por el delito de apremios ilegítimos –eufemismo que denota tortura- en contra de un menor de 14 años, estudiante del Internado Nacional Barros Arana (INBA), tras haber sido detenido sin fundamento el 28 de marzo de 2014. El menor sufrió diversos golpes en su rostro y cuerpo, además de ser asfixiado por uno de los imputados.

Debemos dejar establecido que el accionar de los agentes del Estado encargados del orden y seguridad pública, esto es Carabineros y Policía de Investigaciones, debe rigurosamente ceñirse al ordenamiento jurídico, en efecto, nuestra Constitución Política de la República, las leyes vigentes y los tratados internacionales que se encuentran ratificados y vigentes, proscriben de manera categórica cualquier conducta que pueda significar un atentado contra la dignidad de las personas, especialmente la tortura (excepcionalmente se permiten determinadas figuras que constituyen una causal de justificación, v. gr., legítima defensa). Sin embargo, es común escuchar frases como “algo habrá hecho”, “se lo merecía”, “hay que aplicar mano dura con los delincuentes” todo ello para justificar los malos tratos que ejercen funcionarios policiales respecto de los detenidos.

Resulta del todo reprochable cualquier defensa de aquellas acciones u omisiones que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Ahora bien, a pesar que el proceso no se encuentra concluido y teniendo presente el principio de inocencia y sin ánimo de subsumir lo que sigue en el caso en comento, propongo un ejercicio que todos podemos realizar en nuestro fuero interno: si usted fuera hijo o padre de algún Carabinero condenado por tortura, ¿Se sentiría orgulloso de su actuar? La respuesta, sin duda, sería negativa. El rechazo de aquellas conductas lo podemos encontrar en nuestra humanidad más intrínseca que encuentra su fundamento en aquella característica inherente a todos los seres humanos: la dignidad. En efecto, los actos de violencia, provengan de donde provengan, son esencialmente contrarios a la dignidad del ser humano. No obstante, cuando la violencia es ejercida por un agente del Estado es aún más reprochable porque toda la sociedad confía en ellos para que, en el ejercicio de sus labores, protejan al ciudadano, no para que lo golpeen, asfixien y cometan tortura.

Comisión de Observadores de Derechos Humanos

Casa Memoria José Domingo Cañas