Siguen las repercusiones por los dichos de la ex superintendenta de pensiones, Tamara Agnic, quien al dejar su cargo acusó a la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, de intervenir en la autonomía del organismo.

El capítulo de la fusión Argentum-Cuprum sigue generando reacciones. Para el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejando Navarro, la ex superintendenta de pensiones, Tamara Agnic, no puede pretender eludir la responsabilidad penal que investiga la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Esto, menos aun renunciando a su cargo con críticas políticas en contra de la titular del Trabajo, Ximena Rincón, a quien acusó de no respetar la independencia del organismo consagrada por la ley, convirtiendo el tema en un flanco de batalla política para el Gobierno.

En ese sentido, Navarro afirmó que la funcionaria configuró una defensa equivocada: “Ella ha sido contumaz, por cuanto fue advertida de esta situación y siguió adelante”.

Además defendió la manera de actuar de la Ministra, a la hora de defender el interés del Estado, y de forma política: “Ella (Agnic) hizo caso omiso de esas recomendaciones e inventó una guerrilla de carácter personal que sólo busca desviar el interés del tema de fondo, que es un proceso ilícito, engañoso, que buscaba esquilmar al Estado”.

El senador reiteró que de nada sirve que la ex autoridad haya renunciado, si finalmente las AFP Cuprum y Provida logran concretar la operación financiera que les permitía evadir impuestos por un monto total de 410 millones de dólares, recursos que, afirmó, se podrían utilizar en la implementación de la reforma educacional o en salud.

Por lo mismo, pidió que se realizara una nulidad de derecho público de la operación que consolidó la fusión, para evitar el perjuicio económico: “Tenemos hasta abril, cuando son las declaraciones de Renta, por lo que espero que luego de esto haya una reacción mucho más enérgica por parte del gobierno”.

Por otro lado, Ricardo Hormazábal de la organización “Acusa AFP Chile” apuntó a los elementos jurídicos que sustentan esta postura: “La superintendente dio luz verde a una fusión que no corresponde a los requisitos de la ley porque para que haya fusión de AFPs tienen que haber dos AFPs y la contraloría constató que había una AFP real, como Cuprum y Provida, pero las otras dos eran de papel, es decir, eran ideológicamente falsas, y no salieron a la luz pública. Eso es parte de la opinión jurídica, muy solvente y sólida, que entregó la propia Contraloría General de la República”.

El también militante democratacristiano afirmó que el CDE debiera tener una postura más firme y decretar la nulidad. Además, se refirió al problema político que evidenció la renuncia de Agnic, quien contó con el respaldo el ministro del Interior, Jorge Burgos, y el de Hacienda, Rodrigo Valdés: “No es posible que las autoridades de la Nueva Mayoría, y menos el ministro democratacristiano, en contra de la ministra de su propio partido, respalde a una funcionaria que ha realizado un acto ilegal”.

Stefan Larenas, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), se mostró pesimista y añadió que la fusión y el daño al fisco se hicieron bajo parámetros permitidos, por lo que “ya no hay vuelta atrás”.

“El problema está en que el sistema está pensado así, y si es así, no hay certeza sobre que un nuevo superintendente vaya a actuar de manera similar. ¿Qué posibilidades hay de que se pueda recuperar el dinero? Yo creo que ninguna, ninguna en la medida en que esto fue ajustado a derecho, se hizo de acuerdo con la ley y la ley, en este caso, es totalmente desfavorable para el Estado y los consumidores”, afirmó Larenas.

En ese sentido, sostuvo que se debe repensar la forma en que está operando la actual institucionalidad, porque  vuelve a aparecer el cuestionamiento al sistema de AFP y el descontento ciudadano ante las bajísimas pensiones obtenidas, y la necesidad de crear un sistema que brinde mayores garantías a los chilenos y chilenas