La reformulación de ciertos aspectos de la Agenda Corta Antidelincuencia, como el control preventivo de identidad y la llamada “Ley Mordaza”, es la petición que parlamentarios de los partidos Socialista, PPD y DC han exigido al Ejecutivo, en orden a aprobar esta iniciativa, ya que en caso contrario aseguraron que no apoyarán el proyecto.

El diputado socialista Juan Luis Castro explicó que no están en contra del proyecto en general, sin embargo, consideran que estas dos materias particulares no contribuyen a combatir la delincuencia y se aleja del sentido original planteado por el Ejecutivo.

“Estamos pidiéndole a la Presidenta de la República que reconsidere y modifique estos dos temas. No estamos en contra de la Agenda, sólo que estos dos temas están generando un ruido innecesario, y no contarían con nuestro voto si no se realiza un cambio de la manera en que ha sido señalado”, indicó.

Esto, a pesar de que el gobierno hizo una nueva propuesta donde los funcionarios policiales sólo podrían realizar el control preventivo mientras cuenten con la tecnología para tomar huellas digitales a la persona y, de esta manera, evitar su traslado a un retén o comisaría para verificar sus datos.

Mientras, el diputado de la Democracia Cristiana Ricardo Rincón aseguró que esta es una iniciativa “desfasada” considerando los objetivos que pretende conseguir puesto que no se aborda ni el tema carcelario ni plantea un programa de rehabilitación y reinserción social: “Es en definitiva una agenda que tiende a establecer normas de un Estado policial más que de un Estado de derecho con normas sesgadas y discriminatorias”, recalcó el parlamentario.

Por su parte, el diputado del PPD y presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, Guillermo Ceroni, dijo que existe una “sobreprotección” del derecho de propiedad en esta iniciativa, que consagra “un desorden en materia de penas”, lo que demuestra la necesidad de crear un nuevo Código Penal.

Además, el parlamentario calificó de imprudente la ley anti filtraciones considerando que están en pleno desarrollo las investigaciones sobre la relación entre el dinero y la política.

Una opinión que no fue compartida por el vocero de Gobierno Marcelo Díaz, quien dijo que esta es “la mejor norma para los fines que se proponen”, y aseguró que se buscarán los acuerdos respectivos para aprobar la ley.

“Sabemos que hay bancadas que van a votar en contra. Sin embargo, esta agenda no sólo es control preventivo de identidad, tiene que ver con reincidencia y desbaratamiento de las bandas que generan crimen”, señaló.

No obstante, el ministro Díaz abrió la puerta a una posible modificación de este proyecto: “De parte del Gobierno hay siempre disposición a escuchar todas las alternativas que se pongan sobre la mesa (…) En consecuencia, siempre como en cualquier proyecto de ley, mientras haya todavía espacio antes de la votación, el Gobierno está dispuesto a efectuar alternativas y a escuchar a todas las partes”.

También se ha cuestionado la existencia de una base de datos fidedigna que contenga todos los antecedentes de los ciudadanos, incluyendo a menores de edad e inmigrantes, grupos que se consideran más vulnerables a detenciones arbitrarias, según calificaron los parlamentarios.

Recordemos que la normativa sobre el control preventivo permitiría a los funcionarios policiales controlar a los mayores de 14 años, solicitando sus documentos de identificación, en lugares públicos y privados, sin expresión de causa.