Luego de tres años de investigación, la magistrada designada de la Corte Suprema Mireya López resolvió sobreseer temporal y parcialmente a 54 parlamentarios que habrían extendido certificados sin confirmación de antecedentes o seguridad de cumplimiento de requisitos, entre 1996 y 2007, a quienes se acreditaban como exonerados políticos durante la Dictadura cívico-militar.

De acuerdo a información de El Mercurio, en el fallo se sostiene que “hacen falta nuevos y mejores antecedentes para la indagación”, ya que habría como únicas pruebas de las exoneraciones políticas, certificaciones de los parlamentarios.

En ese sentido, solo se pudo cuestionar la “laxitud” de algunos congresistas para corroborar la información, siendo los casos de Isabel Allende, Carlos Jarpa y Sergio Ojeda los más representativos, ya que superaron los 300 certificados emitidos mientras eran diputados.

Desde la oposición fue duramente criticado el proceder de la magistrada. La diputada de Renovación Nacional y activa denunciante del caso, Paulina Núñez, catalogó de insólito el dictamen  y recalcó que se deben agilizar las gestiones para que cesen los pagos a los involucrados. “Nos parece insólito que teniendo un convencimiento, la magistrada no logre, a través de pruebas, comprobar el delito y por lo tanto, también sancionar penalmente a ciertos parlamentarios que fueron cómplices de certificados falsos”.

Los diputados de Renovación Nacional y la UDI solicitaron una sesión especial en la Cámara Baja a la que esperan asista el ministro del Interior, Mario Fernández y el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, lo que generó rechazo dentro de la bancada oficialista.

Según la Ley 19.234 –que fue modificada en 2003, ampliando el plazo para nuevas inscripciones-, establece el “derecho a beneficios solamente a los ex funcionarios de la administración pública centralizada y descentralizada de las instituciones semifiscales y de administración autónoma, y de las empresas autónomas del Estado (…) también se incluyen las empresas privadas en que el Estado o sus organismos hubieren tenido una participación directa superior al 50% del capital a la fecha del cese laboral, cuando hayan sido desvinculados o exonerados por motivos políticos”.

“También corresponderá la calificación a los ex trabajadores de las empresas privadas intervenidas por la autoridad pública o de aquellas a las que ésta les hubiere puesto término, que hubieran sido despedidos o exonerados por motivos políticos entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1990, durante la intervención o con ocasión del término de las mismas, dispuesto por la autoridad”, concluye la norma legal.

Entre los beneficios se encuentra el abono de tiempo por gracia, el cual consiste en completar periodos de lagunas previsionales teniendo como requisito indispensable antigüedad en el empleo. Posteriormente, existe la pensión no contributiva que se otorga una vez llenado los tiempos computables necesarios. También están los beneficios de desahucio, transacción extrajudicial y acceso al programa de reparación y atención integral de Salud y Derechos humanos PRAIS.

Frente a esta situación, la secretaria general del Comando de Exonerados Políticos, Zaida Araya, sostuvo que, a pesar de que se hace un poco de justicia con este sobreseimiento, hay situaciones sospechosas sobre la documentación de exonerados políticos que podrían haber sido adulteradas.

“En algunos expedientes en donde se dice que estaba el certificado del parlamentario, yo le puedo asegurar que con eso no se puede calificar como exonerado político. Lo que le explicamos a muchas personas es que esos expedientes fueron adulterados porque a lo menos tenían que tener un relato o algún certificado de algún dirigente de la época, algo que respaldara efectivamente que era exonerado político”.

La representante de los exonerados enfatizó en que llama la atención que las críticas solo sean hacia la Nueva Mayoría. “Es una situación netamente política porque aquí sale un listado de diputados que entregaron una cantidad de certificados acreditando la exoneración, pero lo que no sale son los diputados de derecha que también otorgaron sus firmas con el mismo fin, cuestión que nosotros agradecemos, pero hay un claro sesgo político en la situación”.

Según fuentes oficiales, de los tres mil casos de irregularidades denunciadas en el informe de Contraloría en 2013, siguen en investigación solo 770 casos.

Recordemos que estos antecedentes fueron enviados a Contraloría por el ex subsecretario del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Ubilla.

Sergio Aguiló: “No me arrepiento de haber firmado ningún certificado de exoneración”

Entre los diez diputados que emitieron certificados a personas conocidas, se anota el PPD Eugenio Tuma, quien opinó que la propia legislación fue la que facilitó la “laxitud” al poner como requisito las certificaciones.

El parlamentario criticó, además, los intentos de desprestigiar el instrumento que reconocía un derecho de quienes fueron perseguidos. “Cuidado, que no se pretenda ahora en un periodo electoral sacar un provecho político de hechos que ocurrieron en el pasado y que naturalmente ameritaban un beneficio para miles de chilenos que fueron exonerados en el trabajo. Si hay falsificación debe acreditarse, si no se pudo acreditar entonces no es falso”.

Otro sobreseído dentro de la investigación fue el diputado de Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, quien fue parte del proceso que vivió la Ley 19.234. El parlamentario afirmó que el problema más dificultoso siempre fue pensar el cómo probar que las personas fueron expulsadas por razones políticas.

“Cómo se podía demostrar aquello cuando la Dictadura quemó todos esos documentos y los escondió. La propia ley entregó como uno de los mecanismos de prueba la certificación de algún parlamentario y claro, los parlamentarios teníamos que dar fe de lo que nos entregaban como testimonio las propias personas. No había otra forma, puede que la ley haya planteado formas poco rigurosas, pero en la realidad nos obligó a plantearnos así las cosas. Si usted hubiese obligado a la gente a traer un papel de la autoridad militar de aquella época que fue interventor en la institución en la que usted trabajaba, y que dijera: ‘fulano de tal es exonerado por razones políticas’, no habría exonerados políticos en Chile”.

Además, el parlamentario recalcó que los que hoy cuestionan la veracidad de la documentación de miles de exonerados políticos fueron los mismos que participaron en la Dictadura. “En la justicia nadie ha puesto en duda a los exonerados, lo que no significa que pueda haber personas que entregaran testimonio falso, pero el hecho de que en Chile hubo miles y miles de exonerados políticos expulsados a la calle solo por sus ideas, esa es una verdad incontrarrestable”.

Por último, el diputado reafirmó su convicción de que los papeles que firmó en su momento contribuyeron a darles justicia a las personas. “No me arrepiento ni un solo segundo de haber firmado los 12 certificados, porque eso permitió que muchas personas tuvieran una muy modesta pensión vinculada a la exoneración”.