Un nuevo capítulo se sumó esta semana a la lista negra de episodios que ha protagonizado el ex presidente Sebastián Piñera. Esta vez el ex mandatario fue objeto de polémicas producto de una información que emanó desde un portal digital en el que se informaba que el empresario fue imputado en Argentina en el marco de la investigación de coimas pagadas por la aerolínea LAN.

Según la indagación, el ilícito se produjo en 2006, año en que el ex mandatario era socio de la compañía.

Esta investigación se abrió en 2010 cuando se revelaron los correos del diputado por el Frente para la Victoria, Jaime Manuel Vázquez, que evidenciaban que la aerolínea había pagado una “comisión” por $1.150.000 dólares por una consultoría falsa. Posteriormente, la compañía admitió el ilícito, por lo que debió cancelar $20 millones de dólares.

¿Irresponsabilidad o malintención?

La información inmediatamente desató una serie de cuestionamientos en Chile respecto de la relación de Sebastián Piñera con el caso.

Incluso, el ex mandatario llamó a una conferencia de prensa en la que declaró: “Esta denuncia o es muy irresponsable o es muy malintencionada, porque por el sólo hecho que sea accionista de LAN, como lo dice la denuncia, me asigna responsabilidades que no tengo”.

Sin embargo, desde el oficialismo recalcaron que es la primera vez que un mandatario se ve involucrado en una investigación internacional. Por ello, el diputado miembro del Partido Socialista, Juan Luis Castro, indicó que “sería bochornoso que un ex presidente, por un tema comercial, vea enfrentadas las relaciones entre Chile y Argentina producto de irregularidades en el manejo de la propiedad que él tuvo”.

“Él nunca ha podido separar enteramente los negocios de la política y eso es lo peligroso y es lo que está por verse”, recalcó.

En tanto, desde la oposición, el secretario general de RN, Mario Desbordes, sostuvo que el ex presidente Piñera no tuvo relación con el ilícito: “Obviamente es una acusación liviana. El ex presidente efectivamente era uno de los dueños, pero no era el gerente, no estaba a cargo de las operaciones”, comentó.

“Si bien es cierto que LAN habría reconocido un pago allá, la verdad es que no veo donde podría estar la responsabilidad penal del presidente. O sea, la única razón es que en ese minuto era uno de los socios que eran dueños de la aerolínea, pero no algo que tuviera que ver directamente, que hubiera hecho algún pago, que hubiera llamado a alguien, que apareciera un correo de él”.

El listado 

Sin embargo, más allá de esta indagatoria, lo cierto es que este no es el único caso en que el ex presidente se ha visto involucrado.

En el 28 de agosto de 1982 el juez Luis Correa Bulo ordenó el arresto de Sebastián Piñera por fraude contra el Banco de Talca. La orden sentenció que Piñera había sido autor de infracciones a la Ley General de Bancos, a la vez que era cómplice por cargos de estafa contra accionistas minoritarios.

Según la investigación, la entidad tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, o sea, cinco veces su capital. Esto cuando la ley sólo permitía un límite máximo de el 25 por ciento de sus reservas. Pero además, las sociedades relacionadas no necesariamente tenían existencia legal. En este sentido, según constató la indagatoria, el banco había otorgado créditos a sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía.

Por ello, Piñera debió fugarse durante 24 días para darles tiempo a sus abogados de preparar su defensa.

Según relató más tarde la ex ministra de Justicia de Augusto Pinochet, Mónica Madariaga, ella habría intercedido para que el ex mandatario fuese puesto en libertad por este caso.

Otro episodio corresponde al Piñera Gate.

En 1992 Sebastián Piñera y Evelyn Matthei intentaban convertirse en el abanderado del pacto político Unión por el Progreso. Entonces se divulgó una grabación telefónica clandestina entre Piñera y su amigo Pedro Pablo Díaz en la que le pedía influir en los mediadores de un futuro debate presidencial con el fin de disminuir la credibilidad de su contendora. La grabación fue difundida en vivo por las pantallas del entonces canal Megavisión.

Dentro de la lista también se encuentra la multa de 363 millones de pesos impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros en 2007. Entonces la entidad  sancionó al ex mandatario por haber adquirido, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., un total de 3 millones de acciones de LAN con información privilegiada.

Además, en 2015 el ex mandatario se vio involucrado en la investigación sobre el pago de facturas que efectuó Chilevisión en 2009 por servicios inexistentes a Aguas Andinas, Pampa Calichera, SQM y Asesorías Ilihue.