A casi nueve meses de que la Corte Suprema presentara una quina para reemplazar al ministro saliente Pedro Pierry Arrau, finalmente La Moneda envió un oficio al Senado proponiendo al abogado Arturo Prado Puga como candidato para integrar el máximo tribunal del país.

Siguiendo la lógica de repartición mitad a mitad que se ha utilizado en el último cuarto de siglo, el gobierno decidió otorgarle el codiciado cupo judicial a la derecha, ya que el anterior nombramiento correspondió a Jorge Dahm, sobrino de la ex Primera Dama Leonor Oyarzún (esposa de Patricio Aylwin), alguien afín al actual oficialismo.

Sin embargo, el nombramiento de Prado Puga por parte de Michelle Bachelet ha encendido las alarmas en algunos sectores oficialistas. El jurista, que cursó su enseñanza secundaria en el colegio de elite The Grange School, se licenció de derecho en la Universidad de Chile en 1982 y completó en 1988  un doctorado en derecho mercantil en la Universidad de Navarra, perteneciente al movimiento ultra conservador católico del Opus Dei, ha sido durante más de una década el fiscal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). El dueño de ese banco, Luis Enrique Yarur, tiene una fortuna personal de casi US$ 2.000 millones, según el ránking de las personas más ricas que elabora la revista estadounidense Forbes. Además, en los últimos años ha sido sindicado como uno de los empresarios que entregó financiamiento irregular a la política, específicamente al ex alcalde UDI Pablo Zalaquett, relación investigada en el caso Penta.

Lo que más incomoda a los críticos de este nombramiento es que Prado Puga vendría a integrar la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que es la encargada de temas laborales, en reemplazo de Patricio Valdés, ex gerente de la Sofofa. “De concretarse su nombramiento, la gran banca y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) tendría a un hombre de sus filas en el corazón de la suprema”, afirma un abogado que pertenece a los altos niveles del Poder Judicial. Otra posibilidad es que se sume a la Tercera Sala de la Corte, la que revisa asuntos constitucionales.

En palabras sencillas, el poder corporativo vendría a instalarse en el alma misma de una rama independiente del Estado. “Esto viene a ser una sinfonía en el oído de Piñera y de su eventual segundo gobierno”, comenta un asesor legislativo y judicial.

En 2014 el nominado a la Suprema ya enfrentó una polémica al no inhabilitarse en el caso Transbank, donde la Fiscalía Nacional Económica buscaba demostrar que un grupo de bancos (entre ellos BCI) se habían concertado para fijar precios y no competir en el negocio. En ese entonces, Prado oficiaba como abogado integrante de la sala de la Suprema que revisaba el caso

Pese a los antecedentes que lo ligan a la empresa, la nominación de Prado Puga contaría con el respaldo de amplios sectores del oficialismo. De hecho, la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, ya había sondeado el nombre del ex hombre fuerte de Yarur antes de tener que dejar el ministerio. Y su sucesor, el radical Jaime Campos, prosiguió en esa tarea.

Entre los senadores que darían sus votos para el representante de la Gran Banca, estarían el socialista Carlos Montes, el PPD Felipe Harboe, y el presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar. Según algunas fuentes, “el Chico” sería un amigo personal de Yarur. Además, el senador de Renovación Nacional, Albero Espina, también estaría acarreando votos a favor de Prado Puga. Y ello no sólo por una cercanía ideológica, sino también porque ambos fueron compañeros de curso en la universidad.

El 9 de enero de este año el senador Espina se habría reunido con unos tres o cuatro ministros de la Corte Suprema en su casa en La Dehesa y, de manera casual, les dio a entender que la derecha estaría dispuesta a dilatar el nombramiento de un nuevo miembro de la Corte Suprema hasta que haya cambio en La Moneda, con tal de asegurar el nombramiento de Prado Puga.  Sin embargo, nuestro medio no pudo, hasta el cierre de esta edición, corroborar este encuentro y sus contenidos.

Marido, mujer… y senadores inhabilitados

Otra nominación que realizó ayer Michelle Bachelet también podría dar pie a polémica. Se trata de Lya Cabello y su candidatura como Fiscal Judicial de la Corte Suprema, que abre el flanco del nepotismo. Y es que la abogada Cabello, cercana al Partido Socialista, es hace más de una década pareja del ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito, favorito para convertirse en el próximo presidente de la Suprema. Hace poco más de dos años, Lya Cabello ya intentó conquistar ese puesto, pero no tuvo éxito.

Pero esta vez, Cabello habría movido hilos más poderosos. Siendo cercana a Estela Ortiz, que es una confidente y amiga cercana a la Presidenta, ésta última la habría recomendado personalmente en el palacio presidencial. Y ello habría llevado a que Bachelet propusiera a Cabello como candidata al Senado.

Lo que la mandataria tal vez ignora es que Lya Cabello, en su afán por conseguir el codiciado puesto, habría enviado emisarios a los senadores de la UDI diciéndoles que, si la apoyan, se comprometía a priorizar un tema cercano a ese partido: pedir y lograr la extradición del frentista Galvarino Apablaza desde Argentina.

Como sea, varios senadores deberían, en teoría, abstenerse de la votación respecto de la carta bacheletista para la fiscalía de la Suprema o del ministro vacante.

Para empezar, el senador  Patricio Walker se debería inhibir de votar en el caso de Lya Cabello. ¿La razón? La pareja de Lya, el ministro Brito, fue el voto crucial que lo sobreseyó en el caso del financiamiento ilegal de pesqueras del extremo austral,

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, debería inhabilitarse por su amistad con Prado Puga. Lo mismo sucede con el senador Albero Espina que es, según varias fuentes, amigo y ex compañero de este candidato a la Suprema.

Ahora será la comisión de Constitución del Senado la primera encargada de evaluar los nombramientos, sala compuesta por Pedro Araya (IND-DC), Alfonso de Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN), quien además la preside.