El 28 de agosto pasado, la ministra en visita Marianela Cifuentes decretó el procesamiento y prisión preventiva del ex cabo de Carabineros Guido Villa Prieto en su calidad de autor del homicidio calificado de Juan Carlos Gómez Iturra, alias ‘Loquillo’, integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ocurrido el 21 de junio de 1979.
De acuerdo al escrito, Juan Carlos Gómez se encontraba en esa fecha junto a otro militante del MIR Carlos Wevar Delgado en el sector de Lo Valledor a bordo de una camioneta robada, alrededor de las 8.30 de la mañana, en momentos en que el sargento primero Nicomedes Inostroza Molina junto al cabo Guido Villa Prieto realizaban un control vehicular. Al percatarse de esto, los miristas “realizaron una maniobra evasiva” siendo perseguidos por los carabineros. Luego dejaron los vehículos comenzando un intercambio de disparos, resultando herido -y posteriormente fallecido- el sargento Inostroza, mientras que el arma que portaba Gómez se trabó quedando inutilizable.
“(Guido Villa Prieto) disparó en contra de Gómez Iturra, cuya arma de fuego, como se dijo, se encontraba inutilizada, causándole una lesión en el tórax, producto del paso de un proyectil balístico que en su recorrido intracorporal comprometió ambos pulmones, el bazo y el hígado y causó un sangrado en la cavidad toráxica y abdominal, que, en definitiva, le provocó la muerte”, señala la sentencia.
El escrito es enfático en señalar que el cabo Villa Prieto “haciendo uso excesivo, innecesario e irracional de la fuerza, disparó en contra de Gómez Iturra” en el tórax, para luego él y Wevar ser introducidos en un furgón policial por más de una hora, siendo recién ahí trasladado al Hospital Barros Luco lugar donde murió.
En julio de 2011, el entonces senador y presidente del Partido Radical presentó una querella criminal por la muerte de su hermano, abriéndose un proceso judicial que culminó con la sentencia de la ministra Cifuentes.
La abogada querellante del caso, Magdalena Garcés, agradeció la labor de la ministra Cifuentes quien logró acreditar que Gómez Iturra “fue rematado” razón por la cual se pudo configurar la figura del homicidio calificado, “algo que surge de la propia investigación”, señaló la abogada.
No obstante, la abogada criticó la versión entregada por Carabineros sobre este hecho, ya que los involucrados aseguraron no recordar lo sucedido en la muerte de Gómez Iturra, demostrando “la escasa voluntad de colaborar con un caso”, aseguró.
“La versión en general de Carabineros es que no se acuerdan de nada, y a mí eso me refleja porque una cosa es que nadie está obligado a autoinculparse, pero en el sistema antiguo ellos son exhortados a decir la verdad y todos dicen que no se acuerdan y a mí me parece muy difícil no acordarse porque en ese incidente, efectivamente, murió un carabinero, entonces uno piensa que se entiende que ellos puedan no acordarse de cada incidente que tuvieron a lo largo de su carrera funcionaria, pero uno se imagina que los Carabineros y los oficiales sí se van a acordar de un incidente en que murió un colega suyo, salvo que no les importe”.
Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, también querellantes en la causa, valoraron esta resolución de la justicia sobre este caso, la cual viene a reafirmar, a su juicio, “el compromiso” que tuvieron como agrupación de presentar más de mil recursos en casos que no había.
No obstante Alicia Lira, presidenta de la AFEP, sostuvo que esta resolución también debe servirle al ministro Gómez como forma de reflexión respecto de su postura acrítica hace algunos meses cuando el comandante en jefe señaló que había que considerar el “contexto histórico” de las violaciones a los derechos humanos.
“No puedo dejar de decirlo, que le sirva de ayuda memoria a la frialdad, a la falta de sinceridad y compromiso político al ministro de Defensa (José Antonio) Gómez, quien ha tenido una actitud obsecuente, para ser familiar de víctima, y también ha tenido una actitud de hablar o proteger al Ejército. Para nosotros esto tiene un doble significado, ya que una vez más en las causas que presentamos se hace justicia, no la que quisiéramos, pero por lo menos el criminal no queda impune total, y también para que el ministro de Defensa, al cual reiteradamente le hemos pedido la renuncia, se haga cargo y recuerde que también tuvo un familiar que fue ejecutado y que así no siga siendo obsecuente con ellos”.
La Corte de Apelaciones le otorgó el beneficio de la libertad provisional a Villa Prieto, medida que no fue apelada por los querellantes en orden a darle continuidad al proceso judicial y así también respaldar la sentencia original de la ministra Marianela Cifuentes en contra del ex cabo de Carabineros.
