Este año debutó el voto en el extranjero y en más de 60 países, de los cinco continentes, el número de chilenos que realizaron los trámites necesarios para ejercer el derecho, fue cercano a las 40 mil personas, equivalente solo al 11% de los 360 mil que estaban habilitados para el sufragio.

La idea que los chilenos residentes fuera del país pudieran participar de las elecciones, surgió en el año 1971 cuando, durante el mandato del presidente Salvador Allende, el Ejecutivo presentó el “Proyecto de Ley sobre la Cámara Única”, que en su artículo 2° hacía referencia al voto de los chilenos residentes en el extranjero y mencionaba la forma, requisitos y condiciones en que este derecho podría ser ejercido.

Tras el restablecimiento de la democracia, uno de los grandes temas que se instalaron en la discusión pública fue lograr el derecho de los chilenos residentes en el exterior a sufragar. Así, el entonces diputado democratacristiano Carlos Dupré, presentó el proyecto de modificación de la ley N°18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, y proponía crear el Título XII: “Del sufragio de chilenos residentes fuera del país en las elecciones para Presidente de la República.

En 1993, el proyecto que disponía la inscripción electoral de chilenos residentes en el extranjero y garantizaba su derecho a sufragio, fue archivado y por trece años, no hubo iniciativa alguna que prosperara en el reconocimiento del derecho a voto para los chilenos viviendo fuera de Chile.

Diversos proyectos, mociones y mensajes se sucedieron en el Congreso durante los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Ninguno avanzó en el camino de convertirse en ley.

Solo en 2013 los senadores Isabel Allende (PS), Soledad Alvear (DC), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y Patricio Walker (DC), decidieron introducir una moción que contenía el Proyecto de Reforma Constitucional que regulaba el ejercicio del voto de los ciudadanos que residen fuera del país modificando así, el artículo N° 13 de la Constitución Política: “Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales, por el solo hecho de solicitarlo para cada elección o plebiscito. Dicha solicitud se dirigirá al Servicio Electoral, pudiendo realizarse en Chile o a través de los Consulados de Chile en el extranjero, indicando el Consulado donde se ejercerá este derecho. Una Ley Orgánica Constitucional establecerá los requisitos formales que deberá contener la mencionada solicitud y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo N° 18”. Este fue el primer proyecto de regulación del derecho a sufragio en el exterior que avanzó a segundo trámite legislativo por la Cámara de Diputados.

Con la segunda asunción al mando de la presidenta Bachelet, en 2013, la mandataria decidió otorgar suma urgencia a la discusión del proyecto. Se incluyó,  además, una indicación sustitutiva, que reconoció el derecho de votar en las elecciones primarias presidenciales y eliminó los requisitos de solicitar al Servicio Electoral la participación en el proceso desde el exterior y el de indicar el Consulado donde se ejercería el derecho. Finalmente, el 22 de abril el Congreso Nacional aprobó el proyecto de Reforma Constitucional, con la indicación sustitutiva propuesta por el Ejecutivo. Dos años después, en 2015, la Presidenta de la República despachó al Congreso Nacional el proyecto de Ley Orgánica Constitucional (LOC), que regiría el proceso eleccionario desde el exterior.

Finalmente, en octubre de 2016  se promulgó la ley que regula la votación de los chilenos avecindados en otros países. “Creemos que con esta ley estamos honrando la democracia, al permitir que cada uno de nuestros compatriotas tenga efectivamente la posibilidad de marcar su preferencia en nuestras elecciones nacionales. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos cortando una atadura que limitaba a nuestra democracia y fortaleciendo, además, el vínculo entre los hijos e hijas de esta tierra, al promulgar la ley que regulará el derecho a voto de chilenas y chilenos en el extranjero”, afirmó la Presidenta de la República Michelle Bachelet, durante la ceremonia de firma de la ley.

La implementación, campaña y la baja participación

Una vez publicada la ley, la primera prueba del nuevo derecho sería la elección primaria de julio de este año. Los requisitos para participar incluían tener 18 años, ser ciudadano chileno,  tener cédula de identidad o pasaporte y haber realizado el proceso de inscripción para formar parte del padrón electoral de chilenos en el extranjero. El gobierno inició también una campaña de información con videos explicativos, publicaciones en redes sociales y campañas en consulados y embajadas.

El número de inscritos para la primaria fue bajo: 21.270 personas de un total de casi 400 mil habilitados para el sufragio. En Cancillería reconocieron que las cifras fueron decepcionantes y argumentaron que la falta de información y la no participación de la Nueva Mayoría en las elecciones primarias, pudieron haber mermado el interés de los votantes.

La situación mostró un alza considerable para la primera vuelta presidencial de noviembre con 39.137 votantes, casi duplicando la cifra anterior.

De acuerdo a los datos publicados por Servel, los países que registraron las mayores votaciones fueron Argentina, con 3.880 votos; Estados Unidos, con 3.393; Canadá, con 1773; España, con 1.654; y finalmente Australia con 1.366.

Según la cifra oficial otorgada por el Servicio Electoral, la victoria fue para el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, consiguiendo el 31,1% de la votación en el extranjero. Seguido de  Alejandro Guillier, con un 28,79% y, en un tercer lugar, la representante de Frente Amplio, Beatriz Sánchez, que obtuvo un 24,12%.

Hoy, en una segunda vuelta estrecha y una elección polarizada, en la que cada voto se pelea fuertemente, los chilenos en el exterior pueden jugar un papel relevante en la decisión de quien estará a cargo del gobierno durante los próximos cuatro años.