Un nuevo revés podría sufrir la Ley de Aborto en tres causales. Esto, luego de que la UDI anunciara que presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por el recién publicado reglamento que regula la nueva normativa, específicamente, en lo relativo a la objeción de conciencia institucional.

La nueva composición del TC, así como el nulo interés del Gobierno de defender el nuevo protocolo, harían que esta vez el oficialismo corra con ventaja para revertir la medida, que establece que las clínicas que posean convenio con el Estado no puedan ser objetoras de conciencia.

El principal argumento de esta acción, según explicó el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, dice relación con defender el principio de subsidariedad.

“Esto tiene que ver con la sociedad civil, con los privados que tienen la posibilidad de prestar servicios públicos. Es la diferencia de si ciertos servicios pueden ser prestados solamente por el Estado o si los privados, como el caso del Hospital Parroquial de San Bernardo y otros recintos que van a ser afectados con esta medida, puedan seguir prestando servicios de salud”.

Para llevar el requerimiento ante el TC se requieren al menos 39 firmas. En la UDI ya cuentan con 30, por lo que necesitarían convencer a sólo algunos de sus pares de RN y Evópoli. Por esta razón, el diputado Macaya ha encabezado los acercamientos con las directivas de ambas colectividades, para tener una voz unitaria en el sector.

En ese sentido, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dejó entrever que la tienda que encabeza respaldará la acción, junto con descartar que ésta sea en contra del Ejecutivo: “El día uno (…) el Gobierno dice que no compartía el dictamen, pero lo iba a acatar, entonces, es algo evidente, que el Ministerio de Salud ha tenido que acatar algo que no comparte”.

Consultada sobre este punto, la ministra Vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, apuntó a la libertad de los parlamentarios en esta materia.

“Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de poder ejercer sus derechos y las facultades que la ley les otorga, entre otras, concurrir al Tribunal Constitucional cuando estimen que un reglamento, una ley, eventualmente vulnera la Constitución. Nosotros no tenemos ningún cuestionamiento, creemos que es parte de su libertad”.

En la oposición, así como organizaciones de la sociedad civil criticaron la decisión de la bancada gremialista. La directora Ejecutiva de la Corporación Miles, Claudia Dides cuestionó que desde el partido encabezado por Jacqueline Van Risselbergue se insista en modificar algo que tanto la Contraloría como el propio Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado.

“Esta amenaza eterna, donde quieren que el Tribunal Constitucional se convierta en un tercer poder, debilita la democracia chilena (…) me parece que es súper claro que no están respetando los debates democráticos y los acuerdos que se hacen en el Parlamento y eso me parece grave”.

Durante los próximos días distintas organizaciones presentarían una acción legal en contra del protocolo publicado este martes. El motivo, según explicó Claudia Dides, es que la objeción de conciencia institucional incluye la atención primaria en recintos que reciben dinero del Estado, lo que a su juicio es inconcebible: “Se está reservando el derecho de los médicos y las médicas, pero no se están cuidando los derechos de las mujeres a una atención digna de salud” expresó.