Luego de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de efectivos de carabineros ocurrida el 14 de noviembre en las cercanías de la comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, los profesores de distintas facultades y cátedras de la Universidad de Chile repudiaron los hechos de violencia y el tratamiento que la autoridad ha dado a los acontecimientos.
Así, los docentes del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile expresaron estar consternados por la asesinato de Camilo Catrillanca y manifestaron críticas tanto al actuar policial como al de las autoridades. “La muerte de Camilo Catrillanca viene a sumarse a la triste serie de víctimas mapuche de la represión policial como Alex Lemún 2002, Matías Catrileo 2008 o Jaime Mendoza Collio 2009. En todos estos casos se demostró la falsedad de las versiones con que carabineros explicó los hechos en un principio, lo que exige de parte del gobierno y las autoridades un mínimo de precaución antes de declarar su apoyo incondicional al actuar de carabineros y prescindir para ello de las investigaciones pertinentes”.
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Por su parte, los miembros del Departamento de Ciencias Históricas de la Casa de Bello también difundieron una declaración pública en orden a rechazar el homicidio del joven mapuche. “Condenamos enérgicamente la muerte de Camilo Catrillanca y esperamos que la justicia se haga cargo de los responsables de tan deleznable hecho. Así como nada justifica el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, tampoco nada respalda que fuerzas militarizadas, que no son las más apropiadas para intervenir ante denuncias ordinarias, contribuyan a multiplicar insensatamente la violencia y el odio acumulado. Exigimos que se detenga y revierta un imprudente proceso de militarización del Wallmapu, que se respeten plenamente los Derechos Humanos del pueblo mapuche, y que en vez de generar solapadamente su abandono el gobierno cumpla los compromisos que asumió el Estado chileno al suscribir en 2008 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, referidos a los derechos fundamentales de los pueblos originarios.
Los profesores también indicaron en su texto que como “conocedores del largo proceso histórico que subyace a las demandas mapuches, desaconsejamos taxativamente el irresponsable enfoque policial y represivo que se ha dado a un problema de naturaleza esencialmente política, que clama por una canalización de este tipo, que reconozca a los pueblos involucrados como interlocutores válidos, permitiéndoles participar con plenos derechos en una institucionalidad política que permita su plena integración. Hacia 1617 la gente de Temucuicui ya negociaba la paz con el padre Luis de Valdivia en el fuerte de Nacimiento. No encontramos razones para descartar esa vía, que siempre produjo acuerdos basados en el diálogo y la negociación respetuosa”.
A su vez, el Programa de Libertad de Expresión, entidad perteneciente al Instituto de la Comunicación e Imagen de nuestra casa de estudios, rechazó el ocultamiento de información de interés público por parte de Carabineros y llamó a los medios de comunicación a cubrir de manera responsable los hechos ocurridos en la Araucanía.
El ICEI expresó la “más alta preocupación por lo que entendemos como una amenaza constante al derecho a la libertad de expresión –y a la democracia-, de quienes habitan el territorio mapuche debido a la extrema militarización y la falta de garantía para el ejercicio de los derechos humanos más elementales en la zona”.
Asimismo, el organismo instó a los medios de comunicación a cubrir de manera responsable los hechos ocurridos en la Araucanía. “Nuestro llamado a los diversos medios de comunicación a procurar una cobertura mediática responsable, el desarrollo de un ejercicio periodístico ético y coherente con un enfoque de derechos humanos, capaz de asumir la alta responsabilidad social que le compete”, dice el texto.
En esa línea, la declaración enfatizó que tras el asesinato de Camilo Catrillanca, “es responsabilidad de todas las instituciones de nuestra democracia buscar una salida pacífica, democrática, cuyo imperativo ético sea garantizar el debido proceso y coberturas mediáticas responsables a las víctimas.
