Al mismo tiempo que se discutía en el Congreso el Presupuesto para el sector público del próximo año, otra importante iniciativa gubernamental era revisada por los diputados. Se trata del proyecto pro inversión del Ejecutivo que entre sus apartados contenía una modificación al Código de Aguas que introducía la figura del revisor externo.

Dicho elemento, venía a cambiar sustantivamente el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas (DGA), ya que sería pagado por el solicitante, dentro de los cuales se encuentran representantes de la minería y la agroindustria, quienes podrían decidir sobre derechos de agua y controversias.

Y pese a que, en una votación dividida, la norma fue rechazada al no alcanzar el quorum, ésta podría ser repuesta por el Ejecutivo en la Cámara Alta.

Uno de los legisladores que encabezó una férrea oposición a la medida fue el diputado comunista Daniel Núñez quien denunció un intento por privatizar la labor fiscalizadora la institución, con lo que se beneficiará directamente a las grandes empresas.

“Va a ser un gestor privado – ya no un funcionario público- pagado por la misma empresa o minera quien va a hacer la fiscalización en terreno respecto de la solicitud del nuevo derecho de agua” aseguró.

El parlamentario agregó que “esta privatización beneficia de forma descarada al poder económico, a las grandes empresas agroindustriales, a las mineras y deja en un desamparo absoluto a las comunidades, a las juntas de vecino rurales, al agua potable rural y a los campesinos”.

Con ello, ejemplificó, se va a legalizar el robo de agua que se ha denunciado en la provincia de Petorca, en la región de Coquimbo.

Para el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca, “una iniciativa de esta naturaleza lo que hace es profundizar aún más la crisis hídrica en todos los territorios porque al entregar facultades fiscalizadoras al sector privado, lo que ellos van a hacer es “profundizar el despojo, el lucro y la usura con el agua en nuestros territorios”.

Asimismo, el dirigente hizo hincapié en el debate en la Cámara de Diputados: “es bastante curioso que se dé un empate en la votación, porque es evidente que hay un grupo de parlamentarios que son firmes y furibundos partidarios del modelo privado de las aguas” enfatizó, apuntando a representantes de la ex Nueva Mayoría.

La DGA ¿parte del problema?

Sin embargo, Mundaca advierte que con la legislación vigente, las cosas no son muy distintas. “La DGA es parte del problema”, señala, apuntando a su responsabilidad en el sobre otorgamiento de derechos de agua en diversas cuencas del país. “La cuenca del Copiapó, de la provincia de Petorca, se encuentran absolutamente sobre otorgadas producto de la negligencia de la propia institucionalidad de la Dirección General de Aguas” señala.

Actualmente, la DGA, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, posee dos funciones que son fundamentales. Una de ellas es evitar el robo de agua en los ríos y la otra, conceder los derechos de dicho recurso.

En esa línea, el dirigente de Modatima recuerda que la DGA ha concedido derechos de aprovechamiento provisionales de agua sin cumplirse las condicionantes para poder otorgar este tipo de recursos.

Algo que el director de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, comparte. “Hemos visto gestiones de la DGA realmente surrealistas, haciendo todo tipo de artimañas raras para darle la pasada a una empresa como Endesa con cosas que eran insolubles”, recalca.

Desde su mirada, la entidad estatal funciona bajo la lógica de un modelo que está hecho para ser manipulado por el lado de las empresas, en desmedro de los territorios y la ciudadanía.

A su juicio se requiere tener una DGA mucho más potente, y  mejor dotada y con una orientación distinta a la que existe en la actualidad que es pro corporativas.