Luego de años de incertidumbre y discusión en secreto, el TPP-11 enfrentó este martes una jornada decisiva  al ser analizado por la comisión de Agricultura del Congreso.

Con siete votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, el tratado de libre comercio más grande del mundo finalmente fue rechazado en medio de la presión hecha por organizaciones sociales, que expusieron ante el Parlamento sus motivos para desechar la ratificación del convenio.

En Diario y  Radio Universidad de Chile conversamos con representantes de dichas organizaciones, quienes comentan los principales argumentos expuestos ante el Congreso.

El fin de las semillas libres

Hace exactos siete días, el Gobierno decidió retirar de manera sorpresiva la aprobación del TPP-11, esto, a tan solo horas del inicio de la votación el Congreso. Sin embargo, lo que fue considerado un triunfo por distintos movimientos sociales, no fue más que una victoria transitoria. El tratado de libre comercio más grande del mundo ahora quedaba en manos de las comisiones de Trabajo y de Agricultura.

Es precisamente en esta última donde se generó mayor polémica, debido al giro que propone el convenio para las semillas de nuestro país, que significaría su “privatización” y desnaturalización.

El tratado Upov-91, que espera en el Congreso desde el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, se instala como el mecanismo con que Chile accedería a las peticiones del TPP-11 en torno a la agricultura, ya que, entre sus artículos principales, plantea implícitamente la posibilidad de que las empresas puedan patentar distintas variedades de semillas.

En su artículo n°39,  se señala que la propiedad de una variedad se extiende a cualquier otra que “no se distinga claramente de ella”. Para las organizaciones, esto significa que cualquier empresa podría reclamar las semillas del campesinado, debido a la capacidad que tienen las transnacionales de generar nuevas poblaciones de distintas especies.

Desde el Gobierno, no obstante, han señalado que para evitar esto último, se creará un registro de variedades existentes que impedirá su privatización. Camila Montecinos, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), no existe ninguna posibilidad de que los pequeños campesinos puedan ser parte de aquel registro.

“La propuesta para hacer un registro de semillas tradicionales es prácticamente imposible porque describir las semillas es un trabajo extremadamente complejo, es un trabajo que toma tiempo y recursos que la gente del campo no tiene porqué tomar. Además, las variedades campesinas, por su propia naturaleza, son variedades que cambian constantemente. Entonces, yo como campesino puedo inscribir una variedad, pero en cinco años más, pasa de nuevo a ser privatizable”.

Dentro de los argumentos que fueron presentados por distintas organizaciones a la comisión de Agricultura, se colocó como ejemplo a los bancos de germoplasma del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que, a pesar de contar con enormes recursos para la investigación, solo han descrito “9.000 de 60.000 variedades o accesiones existentes”.

El fin de las semillas naturales

La reinstauración del Upov-91 mediante el TPP-11 también implica que las grandes semilleras y cultivadoras transgénicas puedan lograr lo que no pudieron mediante la vía legislativa. Si en 2014, el proyecto que daba acceso a las especies transgénicas terminó por ser retirado, hoy se posiciona nuevamente como una amenaza real para el pequeño campesinado.

Uno de los argumentos a favor del TPP-11, asegura que mediante su ratificación, Chile accederá a “mejores tecnologías” que beneficiarán al mundo del agro. Sin embargo, entre las razones en contra que fueron presentadas en la comisión, se criticó que, con esto, “en realidad quieren decir transgénicos”.

Camila Montecinos, de Anamuri, señala que, a su vez, el ingreso de transgénicos implica la privatización.

“Todos los transgénicos están asociados a la privatización de semillas. Además, estos cultivos ya atentan contra la pequeña agricultura ya que producen una contaminación de los cultivos tradicionales producto del cruzamiento”.

Actualmente en nuestro país el cultivo de transgénicos solo se da en forma limitada. Sin embargo, organizaciones locales ya advierten de lo que su llegada masiva puede significar.

“Con el TPP vamos a quedar totalmente atados a la compra de semillas para producir los productos. Vamos a quedar dependientes de que una industria provea de las semillas transgénicas y de los insumos agrotóxicos necesario para que estas germinen”, dice Elsa Labraña, presidenta del Colectivo de Mujeres de Curicó, quien agrega que en la zona “ya hay personas afectadas con los plaguicidas, niños que están naciendo con malformaciones, y que presentan estos químicos en la orina. La firma del TPP va a agudizar esta situación”.

Un estudio de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, constató que, en nuestro país, 102 de los 400 plaguicidas registrados son altamente peligrosos para la salud y el ecosistema.

En julio de 2018, científicos de la Universidad Católica del Maule evidenciaron presencia de plaguicidas peligrosos y prohibidos en la orina de escolares pertenecientes a comunidades rurales de Talca y San Clemente, Región del Maule.

La lucha de las organizaciones

Previo al rechazo del TPP-11, representantes de distintas organizaciones aseguraron que, en este momento, los chilenos se encuentran mejor informados de lo que pudieron haber estado hace dos años.

Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, comentó a nuestro medio que “la preocupación por ratificar este tratado ha ido poco a poco, este es un trabajo que parte con el TPP original. Hoy día eso se está materializando con que partidos políticos se han manifestado. Esperamos que hoy sea rechazado”.

Minutos antes de ingresar a la comisión, la diputada socialista, Emilia Nuyado, concordó con que la situación ha cambiado.

“Si he visto algunos cambios. En nuestra bancada todos partieron aprobando, y ahora, con un sondeo que hemos hecho entre nosotros, tenemos un amplio rechazo, por lo tanto, ha sido importante que se diera más tiempo para el debate y las movilizaciones por parte de las organizaciones sociales”.

Hace una semana, previo a la cancelación del tratado, distintas comunidades indígenas se dirigieron al Congreso para pedir el rechazo del TPP-11, que, mediante la privatización de las semillas, también implicaría la expropiación de sus conocimientos ancestrales. Este punto, de acuerdo a la diputada Nuyado, forma parte de un desacato del Estado chileno debido a que “no se establecieron mecanismos de consulta ni en este ni en el gobierno anterior, a pesar de la plena vigencia del convenio n°169  la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que obliga a que se consulte sobre estos temas a las comunidades”.

La jornada de este martes, asoma como un punto de inflexión en la lucha que han llevado diversas organizaciones para conseguir la salida de nuestro país del TPP-11.