La mañana de este jueves, en entrevista con nuestro noticiario Radioanálisis, el diputado del Partido Comunista Daniel Núñez analizó el nuevo paquete económico anunciado por el gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Según expresó el representante del Distrito Nº5, las nuevas medidas son “desilusionantes” , tanto por las expectativas de la ciudadanía de recibir una ayuda muy necesaria, como por el volumen de los apoyos ofrecidos.

“Creo que lamentablemente esto se queda en anuncios, más en el titular que en la capacidad de concretar que las medidas lleguen a la población que necesita tanto esta ayuda porque la economía está semiparalizada y eso perjudica principalmente a la gente trabajadora y más vulnerable”, expresó el sociólogo en conversación con Patricio López, Director de nuestra emisora.

Consultado respecto de los fundamentos técnicos de los montos de los bonos, el congresista manifestó que el anuncio del Gobierno de destinar dos mil millones de dólares para familias vulnerables, es en principio una buena noticia, sin embargo criticó que no se haya informado de la fecha de entrega de tales recursos.

“Si va a volver a lo que fue el Bono Covid que recién se está pagando ahora y que son 50 mil pesos por carga, eso quiere decir que a una familia promedio le llegan cien mil pesos. No sé cómo una familia chilena podría sobrevivir con cien mil pesos al mes si además tienen deudas, cuentas de luz, agua que pagar y por supuesto conseguir alimentos y útiles de aseo que se exigen. Desde ese punto de vista es absolutamente irracional pensar que un bono de 50 mil pesos por carga va a poder pemitir a una familia trabajadora enfrentar las medidas de distanciamiento social y cuarentena decretadas”.

Por otro lado, Daniel Núñez hizo énfasis en que no hay claridad sobre quiénes reciben los beneficios. “El Gobierno hasta ahora dice que estos dos mil millones de dólares van al 60 por ciento de las familias más pobres de Chile, sin embargo esta crisis afecta transversalmente a muchos trabajadores independientes que no tienen contrato de trabajo, pero sí tienen un ingreso: choferes de taxis, colectivos, de furgones escolares, artesanos, trabajadoras de casa particular. Todos ellos quedan fuera del bono, porque no pertenecen al grupo más vulnerable,  pero necesitan una ayuda concreta. Ese segmento no está considerado por las ayudas del Gobierno, y por eso nosotros hemos peleado mucho. Este no es solo un problema del monto que es bajísimo, creo que deberíamos usar el correspondiente al de la línea de la pobreza que es  de 167 mil pesos por persona. Así, un bono promedio debería acercarse a los 300 mil pesos por hogar y que llegue, además, a mucha gente trabajadora que en tiempos normales tiene ingreso y ahora, sencillamente,  eso se desplomó. También hay gente de capa media, profesional, emprendedores que boletean y tenían un pequeño negocio, una actividad económica y que hoy está al mínimo. Las ayudas del Gobierno están pensadas solo para los más vulnerables y esta crisis afecta a todos”.

De acuerdo al diputado Núñez, cuando la crisis afecta al sector empresarial, el Gobierno cambia el criterio y se abre a apoyar a empresas grandes, lo que le causa inquietud. “Mi temor es que ese apoyo se coma toda la plata y las (empresas) chicas queden botadas. Va a ser un debate muy duro el que viene, en el que tenemos que incorporar mucho a la sociedad, pese a las dificultades que ello implica en la actualidad, pues este debate no puede ser escondido en los computadores y solo a través de las tecnologías digitales, debemos hacerlo abierto a la sociedad porque esto no terminará luego de los tres meses de estado de catástrofe, la crisis económica se prolongará por lo menos por seis meses hasta que la economía vuelva a un cauce más normal”.

Respecto de la arbitrariedad con que históricamente se han fijado los mínimos de parte del Ejecutivo, ya sea en materia de sueldos o jubilaciones sin que necesariamente haya fundamento técnico detrás, Nuñez señaló que obviamente existe una responsabilidad política en la toma de decisiones, pero lo que se busca es que las cifras que sirvan de base a las políticas sociales si tengan un fundamento técnico.

“Sin embargo en eso también hay miradas muy disímiles, se encuentran distintos técnicos que dan cifras radicalmente distintas para abordar un mismo problema. Creo que el dato más objetivo con el que contamos hoy es la fijación de la línea de la pobreza, que según los últimos parámetros  que salieron del Ministerio de Desarrollo Social está en 167 mil pesos por persona. Eso quiere decir que a un hogar de dos personas le corresponderá un ingreso mínimo de 320 mil pesos,  y si uno considera que los hogares chilenos tienen en promedio 2,5 personas, estaríamos hablando de un ingreso que tiene que ser de por lo menos 400 mil pesos para que una familia esté por encima de la pobreza. Obviamente, un salario mínimo de 300 mil pesos está lejano a eso y, naturalmente, un bono de 50 mil pesos y que puede llegar hasta 120 mil pesos, está aún más lejano. Eso quiere decir que estas ayudas que propone el Gobierno van a tener a la gente en un nivel bajo de sobrevivencia, o incluso bajo la línea de sobrevivencia. Son ayudas solo para aguantar unos días, no podrán cumplir las medidas sanitarias y eso, a la larga,  pone en riesgo a la población, porque si te dicen que hagas cuarentena, que te aísles, que no vayas a tu trabajo, pero no te doy ingresos económicos para alimentarte y cubrir tus gastos de salud que además subieron, y pagar las cuentas de luz y agua, entonces se te está obligando a salir a la calle a buscar el dinero” .

En materia de empresas, y consultado sobre la inversión del Estado en ellas y si ésta podría considerarse como con derecho propietario, el diputado explicó que el anuncio de apoyo este sector y que abarca 24 mil millones de dólares, constituye un crédito a cuatro años con un periodo de gracia de seis meses,  y en cuanto a montos, equivale a tres meses de ventas.

“Eso a una empresa le permite enfrentar este momento sin ingresos, sin embargo, hay que tener presente que ahora el Gobierno eleva el apoyo no solo para pequeñas empresas y medianas, por lo tanto esto no es apoyo a las pymes, sino que incluye casi al 98 por ciento de las empresas que hay en Chile porque se puede llegar hasta ventas que son de un millón de UF anuales, es decir solo queda fuera el 2% constituido por las mega empresas. Así en la categoría de empresas ayudadas entra desde un taller mecánico hasta El Mercurio. Solo quedan fuera los grandes supermercados, el retail, las mineras”.

Específicamente respecto de la posibilidad que el Estado sea inversor propietario en grandes empresas, el representante de la bancada comunista en la Cámara baja señalo que esa discusión podría darse, pero teniendo presente el rol que ellas puedan cumplir en el interés nacional. “Por ejemplo si LAN corre riesgo de quebrar debido a la falta de vuelos, ¿es correcto que el Estado apoye una mega empresa cuyos dueños son hoy capitales chilenos e internacionales? Hay que discutir si la ayuda es una estrategia para el país y yo podría estar abierto a eso, pero debe ser como Estado propietario, por lo tanto, con la atribución de nombrar personas en el manejo de esa empresa y obviamente que se pongan al servicio del interés nacional. No estoy disponible para que el Estado le preste plata a grandes empresas para que sus dueños luego hagan lo que quieran, incluso generar situaciones de abusos como ha ocurrido en otras coyunturas históricas y como ocurrió bajo la dictadura cuando el estado le prestó plata al Banco de Chile para rescatarlo. Hay que estar atento al debate, pero creo que la situación más agobiante la viven las pequeñas y medianas empresas que con este plan del Gobierno no van a tener muchas opciones de sobrevivencia”.

Finalmente, Daniel Nuñez criticó el que el pilar del plan gubernamental sea  la entrega de apoyo a través de la banca. “Eso es un negocio garantizado para los bancos, ya que con la crisis y con el plan del Gobierno, los bancos van a tener utilidades espectaculares, porque al prestar dinero a las pymes se hace con un interés y asegurando el negocio con la garantía del Estado ante el riesgo: si la empresa quiebra, el Estado pagará el 60, 70 u 80% de ese crédito. Además, los bancos actúan con criterio de no correr riesgos así que sencillamente no le prestan plata a pequeñas empresas y eso es dramático. Ello ocurre tanto en el caso de BancoEstado como de la banca privada y, francamente, la pequeña empresa que ya viene arrastrando un movimiento que puede tener deudas, no será capaz de salir adelante. Hay que hacer real la frase de que esta es una crisis inédita y extraordinaria, y ante ello, medidas extraordinarias. En este paquete de medidas no hay medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis”, sentenció el miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.