“Todos  tenemos derecho a  morir con dignidad”, fueron las palabras del presidente Sebastián Piñera para referirse al proyecto de “Ley Humanitaria”, que descansaba en el congreso desde diciembre del 2018 sin mayores avances y que el Mandatario impulsa en plena crisis del Covid-19.

La iniciativa que acelera actualmente el Gobierno busca sustituir la privación de libertad a personas que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que posean  algún menoscabo físico grave e irrecuperable, que tengan 75 años o más, y hayan cumplido al menos la mitad de su condena.

Aun cuando el proyecto de ley busca aplicarse a toda la población penal que reúna estas condiciones, la polémica se enfoca en quienes cumplen sus penas por delitos de lesa humanidad, y es que la urgencia que aplicó el Ejecutivo, ocurre luego de la exclusión de los presos de Punta Peuco del indulto conmutativo que descongestiona las prisiones en el contexto de la pandemia.

El apuro se explica como una suerte de guiño que el Ejecutivo habría tenido hacia su sector, luego que el Tribunal Constitucional desestimara el intento de un grupo de parlamentarios oficialistas, para impugnar el indulto que no consideraba a los reos del penal Punta Peuco.

En la oposición ya se ha advertido que el proyecto de Ley Humanitaria no tendrá el respaldo suficiente para aprobarse en la Cámara Alta. Así quedó de manifestó con el rechazo de la comisión de Derechos Humanos del Senado a la idea de legislar la iniciativa. Un escepticismo que comparte el oficialismo y así lo reconoció la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. “No se va a aprobar, fue una mascarada del Gobierno”, señaló decepcionada.

Pese a eso, el Ejecutivo ha elaborado una minuta que entrega una serie de argumentos que patrocinan la ley, enarbolando el principio del derecho internacional que no prohíbe que las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad, puedan acceder a beneficios en la etapa de ejecución de sus penas.

Para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), el proyecto de Gobierno no es novedoso en cuanto forma parte de una campaña sistemática que busca victimizar a los victimarios de dichos crímenes.

“Se ha buscado siempre el darle libertad a estos militares o civiles de jerarquía, que los ven de clase alta, y han buscado la impunidad, sin recordar que estos ancianos son los que nunca han pedido perdón, nunca han tenido humanidad con las familias que aún esperan poder encontrar los restos de sus seres queridos para darle una sepultura digna y ellos vivir en duelo”, aseveró la presidenta de la AFEP, Alicia Lira.

La directora del espacio de memoria Londres 38, Gloria Elgueta, coincide en que el proyecto busca aprovecharse del contexto de pandemia, poniendo el foco en los victimarios  de responsables crímenes y no en las victimas, que sería lo verdaderamente humanitario.

“Hay que decir que esta ley contraviene todas las normas sobre la materia, que exigen a los gobiernos no volver como ilusoria o ineficaces las penas en casos de graves delitos como estos. Hay que decir que son muy pocos los condenados, apenas 140 personas están cumpliendo condena de los miles de agentes que actuaron durante la Dictadura. Y estos casos en que se ha logrado juzgar y condenar, ha sido después de décadas de disputas, de litigios judiciales, de denuncias de huelgas de hambre y de movilizaciones prolongadas en el tiempo”.

Cabe mencionar que el penal Punta Peuco reúne condiciones estructurales excepcionales al resto de las cárceles del país, en cuanto disponen de celdas de 36 metros cuadrados para dos personas, espacios abiertos, celdas con aislamiento en la eventualidad de haber un caso de contagio, agua caliente, dietas para diabéticos e hipertensos, además del permanente traslado hacia los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas.

“Tampoco es verdad que mueran en prisión”, añadió Elgueta “Hemos visto casos de condenados que han muerto en hospitales institucionales acompañados siempre de sus familias. Tampoco es verdad que los presos con demencia o alzhéimer estén en esas cárceles (…) los abogados siempre pueden solicitar el cumplimiento de la pena en los recintos de salud, no es necesario el indulto ni una ley humanitaria para que esos casos específicos puedan efectivamente tener condiciones para mantenerse”, explicó.

Para la directora del memorial que alguna vez fue centro de tortura, es imperioso terminar con el relativismo hacia los delitos que atenten contra los derechos humanos en nuestro país, en cuanto pueda afectar a la gravedad con la que se considere a los casos de esta misma naturaleza cometidos por el Gobierno.

“Estamos alertas, porque no le será fácil al presidente de la República darle indulto a estos criminales que además cumplen penas que no se condicen con la gravedad de sus delitos. Seguiremos adelante con esta lucha que tenemos por décadas para que ellos cumplan sus penas. Cuando lo hagan, que salgan en libertad como cualquier criminal que ha cumplido con la ley”, afirmó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Alicia Lira.