La llegada del SARS-CoV-2 ha implicado una serie de medidas de resguardo ante la masiva diseminación del virus, que hoy bordea los 90 mil casos de contagios confirmados en nuestro país. La adopción de las medidas precautorias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, como la paralización de las actividades económicas no esenciales para el sistema de respuesta ante el Coronavirus y la promoción del confinamiento y el aislamiento social, se han constituido en los principios fundamentales del resguardo personal.

No obstante a este hecho, existen áreas de producción, que por la naturaleza de sus servicios, no pueden suspender sus actividades y se han mantenido desempeñando sus labores bajo los rigores del peligro a la infección. Tal es el caso de los recolectores de desechos domiciliarios.

Son aproximadamente 36 mil trabajadores y trabajadoras en el área que se desempeñan al filo de la amenaza sanitaria. Ellos deben manipular los cerca de 16,9 millones de toneladas de basura al año, expuestos frecuentemente a enfermedades asociadas a la higiene, como el tifus y el cólera. En el marco del Covid-19, muchos se encuentran trabajando sin los elementos de protección personal adecuados y, por lo demás, absolutamente ajenos a la presencia del virus en los desechos de los hogares por los que atraviesan en sus faenas.

Una preocupación que, según el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Recolección de Aseo y Medioambiente de Chile, Miguel Sánchez, crece con el avance descontrolado de la pandemia.

“En términos generales, ha sido muy complicado. El trabajador tampoco quiere abandonar su trabajo por el tema de la necesidad laboral que existe en estos momento y a la cesantía que va a creciendo. Por decirlo de alguna forma, nos hace privilegiados porque no arriesgamos nuestro trabajo, pero si nos preocupa como esta pandemia va creciendo fuertemente, y si nos infectamos nosotros los trabajadores, podemos infectar a todas nuestras familias”

Sin contar con un catastro determinado, el presidente del gremio evalúa que al menos un 5% de los recolectores está actualmente contagiado por Covid. Las cuarentenas en tanto, quedan en manos del criterio heterogéneo de las empresas licitatorias.

“Hay varias empresas, las más grandes y que pertenecen a una asociación, que han tenido ciertos criterios que han ido en favor de la gente, porque muchos trabajadores, con más de 65 años que están en el barrido de calles, no pueden dejar de hacer su pega. Ellos han sido mandados a sus casas con una cuarentena completamente pagada por estas empresas. En ese sentido han hecho su trabajo y eso lo tenemos que reconocer. Ojala fueran todas, porque hay empresas pequeñas, que se lo aseguro, no lo están haciendo”, advirtió Sánchez.

Durante abril, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con los representantes gremiales para establecer condiciones mínimas en las bases de licitación, de acuerdo a las tipologías municipales. Una solución que se busca resolver por medio de la creación de dos proyectos de ley, una que modifica la Ley de Compras Públicas y otra dirigida a la Ley Orgánica Municipal.  Un compromiso al cual Sánchez aseguró tener plena confianza.

“Creemos que vamos por el camino correcto. Se necesita cambiar el tema de las compras públicas, hacerlo una ley definitiva donde tengamos, en las bases de licitaciones, cláusulas tipo para todos los Municipios del país, donde se proteja principalmente al trabajador, no a la maquinaria, no otros factores y que tenga una evaluación mucho mejor donde se incentive a las empresas y a muchos municipios a proteger el trabajador”.

Pese a esta situación, las desigualdades entre las comunas sigue siendo un continuo que repercute en la salud y el bolsillo de estos trabajadores. Así lo manifestó el dirigente gremial, revelando que algunas Municipalidades no han efectuado el pago del bono Estatal que por ley, le corresponde a los recolectores. Una situación por la cual los gremios ya han efectuado una denuncia en Contraloría.

“Nosotros recibimos desde el año 2014, un bono que nos entrega el Estado por ser este un sector no regulado. Es un prepuesto anual de la Nación, de alrededor de 1 millón 70 mil pesos que es dividido en 12 cuotas y que debería haber sido cancelado a más tardar el día 20 de Abril. Hay Municipios en el país que aún no lo cancelan y que son los mismos de siempre. Tenían 30 días según la ley para cumplir esa entrega a las empresas, y las empresas a su vez a los trabajadores y hay Municipios como Maipú, Perro Aguirre Cerda, San Ramón, que todavía no entregan esas platas”, aseveró Sánchez.

Así también corroboró el presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Empresa Veolia- que presta servicios en la comuna de Maipú- y director de la Federación Fensitrambich, Daniel Lagos.

“La plata se le envió el 20 de marzo a los Municipios pero resulta que acá en Maipú todos los años pasa lo mismo, es la última comuna en pagar. Ellos tienen el plazo de un mes para hacer el Consejo donde se hace firmar el convenio con la empresa, y para que ellos hagan el traspaso de la plata con los trabajadores y hasta la fecha ni siquiera se ha firmado el convenio. Hay muchas municipalidades que ya entregaron este dinero a los trabajadores y nosotros ya llevamos cinco meses sin el pago. Por mi parte, yo lo tomé como una burla, porque si yo me siento con el Gobierno en la mesa de diálogo y mandatan a la municipalidad a hacer esto, al final igual hacen lo que quieren”, señaló.

Esta irregularidad en la que incurre el Municipio, ahonda la incertidumbre económica de los recolectores, quienes además, la mayor parte del tiempo, deben asumir el gasto de sus equipos de protección personal con el dinero de su bolsillo.

“Nosotros corremos harto riesgo. Trabajamos de lunes a sábado y todo el día, no tenemos horario de término. Hay hartas irregularidades sobre el tema del alcohol gel y de las mascarillas. Acá en Maipú, los elementos que nos da la empresa, nos los pasan de repente, generalmente nosotros tenemos que costear las mascarillas y los alcohol gel nos los pasan cada una semana o una semana y media, pero como nosotros trabajamos con el tema de la basura, tenemos que estar lavándonos todo el rato las manos”, señaló Lagos.

Las precariedades laborales no solo van de la mano con las deliberaciones de los gobiernos locales. Hace días se viralizó una situación que protagonizó una vecina de la comuna de Las Condes en la que increpaba violentamente a un joven recolector inmigrante, amenazándolo con martillo en mano por lo que a ella le parecía, un pésimo desempeño de sus labores.

Un hecho que deja de manifiesto otro episodio de racismo y xenofobia hacia este sector de la población, que lleva desarrollando gran parte de los servicios primarios básicos en plena pandemia, la recolección de desechos, entre ellos.  Así lo señaló la coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux.

“Hay buena parte de la población migrante que cumple este rol, que creo que son personas con contrato por parte de los Municipios. Lo que sabemos es que son labores extremadamente duras, compartidas con trabajadores chilenos, que comparten las condiciones de precariedad, muchas veces de humillación por parte de la sociedad y de ser mal mirados. Quizás en algunos lugares la gente se ha preocupado más o al menos ha logrado tener una cierta comprensión de ese oficio”, señaló.

En ese sentido, la académica reparó en la grave condición laboral que presenta la población inmigrante en el país, quienes se mantienen mayoritariamente por medio de ingresos informales y sin la documentación apropiada para desplazarse bajo el régimen de cuarentena y toque de queda.

“Es una condición laboral extremadamente precaria en donde mucha veces no hay contrato, solo un acuerdo verbal y también podríamos ir al extremo de lo que ha ocurrido con la situación laboral de los migrantes que han llegado a Chile, que tiene que ver con la Ley de Trata, que es un delito grave que indica que ha habido y probablemente hay, migrantes que están trabajando en condiciones prácticamente inhumanas, con papeles que están ocultos por “cuidadores” o bien que han sido engañados bajo una condición muy compleja, porque dado que necesitan sobrevivir y necesitan trabajar, obviamente la gente responde positivamente con el propósito de tener algún ingreso que le permita enfrentar la vida”, señaló.