La tarde del pasado jueves 18 de junio, la Confederación Nacional de Salud Municipal (Confusam), confirmó la muerte de un funcionario del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Conchalí por Covid-19, el sexto desde que inició la pandemia hace más de 100 días.

Arturo Orlando Rosales Aguirre, de 61 años, se desempeñaba como conductor de ambulancia del SAR cuando se contagió del virus que lo mantuvo hospitalizado por más de un mes hasta el día de su deceso.

Desde la organización gremial, acusaron total negligencia de la dirección de dicho servicio, pues se le exigieron medidas de protección no sólo a los funcionarios que tratan a los pacientes, sino también a quienes realizan los traslados de estos, al estar en contacto de igual manera.

“En reuniones mencionamos el tema de darle a los funcionarios de las ambulancias mascarillas también, porque ellos son los que trasladan a los pacientes de Covid. Se nos dijo que no, que no las necesitaban, hasta que este caballero enfermó y lamentablemente falleció. No les daban más que una mascarilla quirúrgica, la más corriente”, denunció la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Conchalí por Confusam, Gissel Vera.

“Nosotros igual hablamos con sus familiares y nos revelaron la inseguridad que él sentía en el trabajo que realizaba, porque no sentía que tenía las condiciones adecuadas, sobre todo con esta mascarilla. Incluso nos habían dado un overol y a él le quedó chico, por lo tanto, nunca lo pudo usar. También no enteramos de eso”, lamentó.

La presidenta de la Confederación, Gabriela Flores, también expresó su molestia por la poca preocupación que se le prestó a Rosales, quien comenzó a presentar malestares el pasado 12 de mayo y que lo llevó a hospitalizarse en urgencia en la Clínica Vespucio.

“Para nosotros hoy día es muy preocupante que él no haya contado con los elementos de seguridad que solicitó, que le fueron negados. La corporación de esa comuna hizo entrega de mascarillas a los conductores, pero al compañero, cuando lo solicitó, no se le entregó. Él tuvo que comprar sus elementos de protección, pero el contagio lo tuvo igual”, explicó.

Sobre las medidas de seguridad, Flores aseveró que en los servicios aún queda mucho por hacer, así también como en los test realizados a los funcionarios, cuya función es vital para la realización de sus laborales con más tranquilidad y para el resguardo de las familias de quienes trabajan día a día con el virus acechando.

“La verdad no nos interesa que llamen a aplaudir ni a tocar sirenas a alguna hora, nos interesa que nos entreguen los elementos de protección, por nuestro rol de funcionario público. Insistimos en esto, en los testeos, en el refuerzo del recurso humano y en la entrega de recursos financieros para las comunas”, dijo.

Presidenta de la Confusam, Gabriela Flores
Foto: Agencia Uno

Actualmente, según aclara Flores, a raíz de un informe que es entregado semanalmente a los gremios de salud desde el Minsal, hay cerca de 10 mil funcionarios del Sistema Nacional de Servicios y Atención Primaria de Salud contagiados por Covid-19. Dentro de los funcionarios de Confusam, contabilizan sobre los 1.200 casos, 32 hospitalizados, 6 de ellos graves, más de mil en cuarentena y más de 300 esperando los resultados de sus exámenes.

La situación para los funcionarios de atención primaria se ha complicado con la saturación de los centros de salud terciarios, los que permiten hospitalización, lo que ha impuesto a mantener pacientes hospitalizados en consultorios de la Región Metropolitana. Los municipios de La Granja, Peñalolén y Puente Alto han abierto cupos para la internación de pacientes con complicaciones Covid.

Flores criticó esta práctica, pues considera que la atención primaria no cuenta con los recursos y preparación necesaria para hospitalizar pacientes, que, además, esa no es la finalidad de este tipo de servicios.

“Se están instalando prehospitalizaciones sin las medidas necesarias. Hay gente hospitalizada más de tres o cuatro días, sin alimentación, sin las medidas de protección adecuadas, en salas sin ventilación y pacientes Covid. Nuestro rol es la puerta de ingreso a la salud, pero dada la crisis de país que hay hoy, algunos alcaldes han dispuesto eso”, comentó.

“Lamentamos que el trabajo no se esté haciendo como corresponde, en pos de los usuarios y de los trabajadores”, agregó.

Ante esta medida, la cual Flores ve como inevitable ante la grave crisis sanitaria, exigió capacitación para el personal y que se le entreguen, con mayor razón aún, los elementos de protección para evitar más contagios a futuro.

“No queremos lo que le ocurrió a Arturo en Conchalí”, sentenció.