La pandemia, sus efectos económicos y también en ámbitos sociales y en el mundo del trabajo, son dimensiones de preocupación para la Central Unitaria de Trabajadores. Así lo expresa Bárbara Figueroa, presidenta de la instancia gremial, que mira con atención y alarma, la decisión del Gobierno de no proponer un alza al salario mínimo, que debe ser discutido por estos días en el Congreso.

En entrevista con este medio, Figueroa planteó que el IPC como parámetro de medición del salario mínimo, no es la fórmula adecuada: “En realidad, para hablar de salario mínimo, no solo hay que mirar el monto sino qué tipo de trabajador vive con ese trabajo: concentrado en los deciles 1 y 2. Núcleos familiares que viven con ese monto, con un promedio de 5 personas por familias donde, en la práctica, viven con un solo salario, porque son 1,2 personas las que, en promedio, trabajan por núcleo en esos deciles”.

¿Qué haces con eso?, pregunta la dirigente: “Principalmente, alimentarse, transportarse y cubrir deudas. Entonces, no más que el IPC, como indicador, lo más justo y real sería considerar la canasta básica de alimentos, que es lo que de verdad impacta. Porque esa canasta se mueve mucho más que el IPC”.

Así, relató que el problema está más en el fondo es la forma de discusión en torno a la fijación del salario mínimo: “Esta manera de discutir es compleja, atenta contra el sentido del diálogo social. No tenemos una escala de negociación real, asociación en ramas, que permita enfrentar debates de forma sectorial. Entonces, hay procesos muy duros y otros,  donde la sola presión de la huelga, ha hecho movimientos, como en el comercio”, explicó Bárbara Figueroa dando cuenta de lo complejo que es la conversación por mejores salarios en Chile, por la forma de diálogo concentrada en lo individual.

“Si los gobiernos no le tuvieran miedo a las negociaciones sectoriales, el debate sería bastante menos traumático para el país, porque se abordaría como un mínimo real, donde en cada uno de los sectores, se tomarían las dimensiones correspondientes. Como eso no existe, lo que pasa es que tenemos que hacer, entonces, como un punto de inflexión: cómo está valorando el Estado el rol de. Nuestros trabajadores y trabajadoras, expresado a través del valor hora, que es lo que discutimos en el trabajo mínimo”, agregó.

Entonces, “la piedra de toque termina siendo que, pese a que intentamos construir política salarial, no no lo logramos, porque los gobiernos tienen una duración menor y a las autoridades se le cruzan los ciclos electorales. Otro problema es que para tener una mirada país mucho más contribuyente, necesitas cambios y transformaciones, donde yo pongo la esperanza en el proceso constituyente, para fijar marcos como el trabajo decente, derechos individuales y colectivos. Al menos en eso tengo esperanza, que sea una puerta de entrada a un nuevo debate”, relató reconociendo que esta dificultad trasciende al signo político del gobierno, al menos en las últimas décadas del país, teniendo más que ver con nuestro modelo de desarrollo.

“En un camino histórico, donde solo en el programa de Patricio Aylwin vino incluida la negociación ramal, pisos mínimos en la negociación colectiva, que, finalmente no se concretó. Desde ahí y hasta la Nueva Mayoría, donde se volvió a incluir sin la fuerza que se necesitaba, no estuvo presente siquiera en la discusión”, dijo reconociendo que no solo fue responsabilidad de las autoridades, sino también de un mundo sindical al que, después de la dictadura, le costó rearmarse para poder establecer núcleos sectoriales de negociación: “Fue una dificultad nuestra, también, teníamos poca capacidad de tener una unidad real. Hoy, no solo nos interesan las mesas de trabajo para analizar lo que está pasando en pandemia, que estamos disponibles para discutirlo, pero hoy con propiedad, decimos que estamos listos para hacerlo sectorialmente. Hoy contamos con doce concejos sectoriales productivos y, en ese debate, lo que estamos haciendo es tratar de construir plataformas sectoriales con las demandas de los trabajadores, porque hoy debemos enfrentar, dar señales claras, que desde el mundo sindical tenemos la madurez para armarnos sectorialmente y negociar cuando el gobierno nos llame a hacer”.

Pese a esa fuerza, a esa rearticulación, reconoce que desde el actual gobierno no los han considerado para ninguna discusión: “No nos invitaron antes de presentar el proyecto de ley de protección al empleo, tampoco antes del anuncio de reactivación o de ayuda de los más vulnerables. No nos han invitado a nada. Nosotros presentamos un plan el 17 de marzo y nunca tuvimos respuesta. No solo no nos han invitado sino cuando hemos querido contribuir, no nos han siquiera escuchado”.

Sin embargo, explícito que, en opinión de los y las trabajadoras representadas por la CUT, el mejor mecanismo, o el más veloz para dinamizar la economía, es la liquidez. “No nos gustan las políticas como el Fogape, porque termina haciendo competir a las empresas, y, como las pymes no tienen capacidad de solvencia, de liquidez, entonces en la lógica de la bancarización no califican por ser sujetos de riesgo. Esta presión ha significado que en el último informe INE exista un 24 por ciento menos de empleadores. Por otro lado, enfrentados a ese escenario, lo mejor que le vendría a las pymes y a otros sectores, es la capacidad de consumo de los y las trabajadoras, lo que se vio reflejado con lo del 10 por ciento. No solo se trata de justicia redistributiva, sino que el crecimiento guiado por los salarios, activando el consumo, reactiva toda la economía. Desde esa mirada, ha habido mezquindad desde las autoridades, porque siempre se ha planteado que apretarse el cinturón es la fórmula, porque lo único que pasa con eso, es que se demore aún más la reactivación”.