"Politizar la discapacidad": la apuesta de participación que surge al interior del Frente Amplio

"Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as" es el lema del colectivo Frente de la Discapacidad surgido bajo el alero del partido Fuerza Común, cuyo objetivo es alcanzar un ejercicio de democracia directa en la que todos tengan voz, especialmente quienes históricamente no han sido escuchados, visibilizados ni representados.

"Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as" es el lema del colectivo Frente de la Discapacidad surgido bajo el alero del partido Fuerza Común, cuyo objetivo es alcanzar un ejercicio de democracia directa en la que todos tengan voz, especialmente quienes históricamente no han sido escuchados, visibilizados ni representados.

En Chile, según el último Estudio Nacional de Discapacidad (2015), hay 2.606.914 personas con algún tipo de discapacidad, lo que equivale aproximadamente al 20% de la población.  5 años de antigüedad tiene esa cifra y no hay ningún dato oficial nuevo que actualice esa cifra, ya que en el Censo abreviado de 2017 no se incluyó ninguna pregunta tendiente a detectar personas con discapacidad.

Datos extraoficiales señalan que en Chile hay casi el doble de personas con discapacidad de lo que señala el estudio del 2015 y su representación política es nula. La tendencia del Estado para el tratamiento de políticas públicas destinadas a ellas es asistencialista e incluso raya en la caridad, incluso hay programas de apoyo a las personas con discapacidad que son concursables, es decir, hay que postular a ellos y el Estado evalúa la entrega de los mismos de acuerdo a criterios económicos y sociales.

Es debido a lo anterior que surge el Frente de la Discapacidad al interior del partido Fuerza Común, uno de los que integra el Frente Amplio. Compuesto y liderado por Personas con Discapacidad, junto a sus familias, cuidadores y aliados buscan trabajar y promover el respeto a los DDHH de las personas con discapacidad a través de la generación de propuestas, acciones y políticas que garanticen su trato en tanto sujetos de derechos en todo ámbito.

La idea detrás de este movimiento es politizar la discapacidad, porque en nuestra visión las personas con discapacidad se han mantenido al margen de la política y eso no debería ser así. Por eso nos integramos a Fuerza Común con el objetivo de hacer una democracia más directa, participativa donde estemos representados quienes históricamente hemos sido invisibilizados. Nuestro colectivo no solo está compuesto por personas con discapacidad, pero sí liderado por ellas y queremos que se mantenga así, para llevar adelante una auto representación sin dejar de lado a las familias, cuidadores y cuidadoras que estén interesados en trabajar con nosotros y promover el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Que se garanticen nuestros derechos tanto dentro de Fuerza Común como en la política en general y a nivel de sociedad”, nos explica desde Francia Fernanda Pezoa, una de las voceras del colectivo.

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“Para hablar de este tema hay que partir de ciertos mínimos y esos mínimos dicen relación con el establecimiento del modelo social de la discapacidad, eso considera que las personas con discapacidad somos sujetes de derecho y no de caridad, es decir, todo lo que se nos debe garantizar no es por una cuestión caritativa o solidaria, sino que se nos debe garantizar por el hecho de ser personas, porque eso es lo primero que somos”, agrega Tomás Montenegro, egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y dirigente estudiantil por los derechos de las personas con discapacidad.

En el año 2008, Chile adquirió compromisos al firmar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego, en febrero de  2010 el gobierno de Michelle Bachelet promulgó la ley que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, que consagra los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social, entre otras materias.

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Sin embargo, los compromisos adquiridos por el Estado no se han cumplido ni en materia laboral ni en el ámbito de la Educación, toda vez que, hasta ahora, las personas con Discapacidad siguen teniendo en promedio 3 años menos de estudios que el resto de la población.

Tomás Montenegro es especialmente crítico con el tratamiento que ha tenido un tema tan fundamental como la educación para las personas con discapacidad. En nuestro país hay muy pocos jardines infantiles que cuentan con educadoras de párvulos que sepan lenguaje de señas, por ejemplo, cuando ya se ha comprobado que la formación temprana de los niños es fundamental para su desarrollo y para disminuir las brechas socioeconómicas. Y las discriminaciones solo aumentan a medida que se avanza en los años de escolaridad: falta de infraestructura, escasez de profesionales especializados, material escolar específico reducido son solo algunos ejemplos de la inadecuación de nuestro sistema educativo.

“Esto viene porque aquí no hay regulaciones claras y las que hay dependen del gobierno de turno porque son simplemente decretos que hasta el día de hoy no han logrado garantizar ciertos derechos mínimos como por ejemplo que los jardines tengan un proyecto de inclusión escolar y funcione bien, sin importar en la comuna que se encuentre la persona”, afirma el egresado de Derecho.

“Otro problema es que las personas no conocemos nuestros derechos”, señala Fernanda Pezoa. “No solo se trata de que existan los programas adecuados, sino que, si llegaran a existir, no son fáciles de encontrar. Hemos tenido casos de compañeros que van a preguntar por las pensiones o por sus credenciales de discapacidad y los funcionarios a cargo niegan los derechos porque no saben del tema. Mucha de la información que está en las páginas del Gobierno no es accesible para nuestro colectivo, no hay accesibilidad cognitiva”, critica.

El problema de la CASEN y lo que debe tener una nueva Constitución

A fines de octubre, el Ministerio de Desarrollo Social informó que con motivo de la emergencia social y sanitaria, la encuesta CASEN tendrá un cuestionario reducido enfocado en medir la pobreza por ingresos y algunas carencias de la pobreza multidimensional.

La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, informó que el cambio de modalidad “no nos permitirá levantar los indicadores de discapacidad y de orientación sexual e identidad de género”.

La decisión del Ejecutivo causó escozor en las comunidades que fueron dejadas fuera del instrumento que se utiliza como fuente para la creación de múltiples políticas públicas. Así, distintas agrupaciones calificaron lo ocurrido como la creación de “poblaciones de sacrificio”, según reporta La Tercera.

CASEN

“Si bien valoramos la disposición al diálogo por parte del Gobierno y la entrega de razones y justificaciones de esta versión más abreviada de la Casen, aun así, sentimos que -una vez más- nos enteramos cuando ya no hay mucho que hacer, ya que no se nos convocó en un comienzo a la creación y que, en hechos como éste, se evidencia la constitución de ‘poblaciones de sacrificio’”, sostiene la agrupación #AtenciónSinEtiquetas al diario.

Desde el Frente amplio de discapacidad e inclusión (FADI) califican esta situación como inadmisible.

“En el Censo ya se invisibilizó a las personas con discapacidad, no había ninguna pregunta que hiciera alusión al tema. Muchos optamos por poner en los comentarios que somos personas con discapacidad. Es en estas situaciones que se puede observar la falta de transversalización de la discapacidad, porque la única encuesta que tenemos para saber cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país es sectorial y viene de Senadis, porque este y otros gobiernos han entendido que lo que se refiere a discapacidad se habla solo en instancias de discapacidad, pero eso debe dejar de ser así. Debe discutirse en todas las instancias, pues en cualquier desarrollo de política pública debe estar la variante de inclusión, de acceso universal para personas con discapacidad”, afirma Tomás  Montenegro.

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Para Fernanda Pezoa, lo de la Casen representa otra razón por la que las personas con discapacidad deben estar representadas en un órgano constituyente.

“Nuestro desafío es politizar un espacio que no es intrínsecamente político, porque si nosotros mismos no nos ponemos en la palestra, no nos van a poner. Si nosotros no llevamos el tema de la discapacidad, nadie lo hará por nosotros porque ya se ha demostrado que no se hace Y ¿por qué debemos tener representación? Porque si no a nadie le va a importar la discapacidad o quedará en un segundo plano. Nuestro lema es ‘nada para nosotros sin nosotros’ porque debemos estar incluidos en las decisiones. Basta ya de que se piense la discapacidad desde fuera cuando hay tantos de nosotros capacitados para ser vocero y representar a nuestros compañeros”.

Tomás Montenegro explica que una nueva constitución debe tener un reconocimiento transversal a las personas con discapacidad de modo que ésta se manifieste de forma patente tanto en la gestión gubernamental, como en las instituciones del Estado.

“En una nueva constitución se debe garantizar que exista un gobierno, un poder judicial, un poder legislativo, un ministerio público y cualquier otro órgano que se regule en la Carta, cuyos ejes centrales sean la inclusión de personas con discapacidad. Esa inclusión no es solo relativa al acceso como usuario de un servicio, sino como miembro, como funcionario, como autoridad. Eso es importante porque es una gran deuda de Chile, firmamos una convención internacional que dice que se deben garantizar la participación política activa de las personas con discapacidad y en Chile eso no se garantiza”.

Finalmente, ambos dirigentes reflexionan sobre el estado actual del tratamiento a la discapacidad en Chile y cómo la oportunidad cierta de un nuevo ordenamiento social entrega el terreno más fértil a cambiar el modelo asistencialista y caritativo, sin embargo, reconocen que para que eso suceda es requisito sine qua non la participación de las mismas personas con discapacidad.

“Mi llamado es a que las personas con discapacidad participen y ojalá que veamos un montón de candidates a la Convención para que se derriben los mitos. Ojalá que haya hartas mujeres con discapacidad participando, por las dobles y triples discriminaciones que viven, de modo que construyamos un futuro en el que no tengamos que hablar de este tema, que no tengamos que hablar de la inclusión de las personas con discapacidad ni de que las políticas públicas no las consideran”, dice Tomás.

“Este es un proceso histórico donde no podemos estar ausentes, eso no puede pasar en ninguna circunstancia. Pero para estar presente hay que participar, desde fuera es difícil cambiar las cosas porque ya se ha intentado, hay que hacerlo desde dentro”, concluye Fernanda Pezoa.

El Frente para la Discapacidad se reúne semanalmente vía remota mediante convocatorias realizadas por redes sociales e invitaciones vía correo electrónicos. Si bien hasta ahora no cuentan con algún candidato o candidata elegido para postular a la Convención Constituyente, están confiados que lograrán tal representación en orden a que la nueva Constitución sí garantice los derechos que les corresponden por el simple hecho de ser personas habitantes de Chile.





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