“Si hoy el INDH tuviese que emitir un juicio sería este: a pesar de los esfuerzos hechos, el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes para con la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Al día de hoy, estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia”.
Estas fueron las lapidarias palabras que emitió el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, durante la presentación del Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del organismo en su Informe Anual 2019, el primero desde el inicio del estallido social el 18 de octubre pasado.
📍Región de O´Higgins👉HOY se presentó el Primer Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH en su #InformeAnual2019, que busca identificar los principales avances y atrasos del Estado en cumplimientos de obligaciones. pic.twitter.com/SgsfILXqGI
— INDH Chile (@inddhh) February 2, 2021
El acto se llevó a cabo en la ciudad de Rancagua, Región de O’Higgins, la que fue escogida de manera simbólica por ser la única que tiene una condena a firme en una causa de violación de los derechos humanos posterior al estallido social, en el caso de Esteban Carter quien el 13 de diciembre de 2019 mientras participaba de una manifestación en el centro de la ciudad, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza, generándole una fractura de cráneo. Por este hecho el carabinero de Fuerzas Especiales que efectuó el disparo fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo.
Si bien desde el INDH recalcaron que el caso de Carter es el único entre 2 mil 926 personas que han denunciado violación de sus derechos fundamentales en el organismo que ha obtenido condena, Sergio Micco mostró algo de optimismo al señalar que “hoy vemos avances pero aún nos queda un largo camino por recorrer”.
Esteban Carter y Sergio Micco / Foto: INDH
El Primer Informe presentado por el INDH, analiza cinco de las 15 recomendaciones realizadas por el organismo en 2019, y corresponden a las sugerencia más urgentes y que buscan “poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos”, “asegurar una efectiva justicia y la no impunidad”, y “llevar a cabo medidas concretas para la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados”, y se dirigen a instituciones como el Poder Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público.
Al Poder Ejecutivo se le conmina a hacer un correcto uso de las escopetas antidisturbios y apegarse a los protocolos y los principios de proporcionalidad, gradualidad y necesidad; cuyo cumplimiento es calificado como parcial. Además, se califica como pendiente de cumplimiento que el uso de agentes químicos para controlar manifestaciones se ajuste al respeto de los derechos humanos, es decir no lanzarlos al cuerpo y revisar su composición.
También se le recomienda al Poder Ejecutivo llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar la verdad de los hechos ocurridos en Chile y la garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos, lo que es calificado como pendiente de cumplimiento; mientras que el generar medidas de reparación pertinentes y adecuadas al daño provocado a las víctimas, es calificado como de cumplimiento parcial.
Al Ministerio Público se le pide fortalecer el trabajo de los fiscales en la investigación de los delitos y establecer medidas de especial atención y protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, situación calificada como pendiente de cumplimiento.
Al Poder Judicial se le conmina a velar por la garantía de un recurso judicial efectivo y oportuno, estableciendo las medidas tendientes a esclarecer los casos de violencia de connotación sexual, y señala que la información disponible no permite realizar una evaluación, ya que la mayor parte de las causas aún están en etapa de investigación.
Finalmente, Esteban Carter agradeció la labor del INDH “no sólo por el seguimiento de mi caso, porque están buscando la reparación y la justicia de las otras víctimas”.
Foto principal: Reuters
