Señor Director,

Ad portas de la elección más importante desde el retorno a la democracia, vemos una vez más como el Estado es incapaz de asegurar el derecho a voto de aquellas personas privadas de libertad que no han sido condenadas a pena aflictiva.

Pese a que su ciudadanía se mantiene vigente, el Estado persiste en la idea de restringir su participación en democracia.