Como un fracaso del Estado calificó el Instituto Nacional de Derechos Humanos la aplicación del estado de emergencia en cuatro provincias en las regiones del Biobío y la Araucanía que comenzó a regir este jueves con el despliegue de fuerzas militares en ambos territorios.
“Es un fracaso del Estado y de la sociedad, en su conjunto, que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables”, plantea la entidad que dirige Sergio Mico.
En el comunicado se agrega que “también representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la PDI”.
El instituto agregó que la única vía para superar la “grave crisis” en la macrozona sur, es el diálogo.
“Por eso, el INDH ha apoyado y apoya los esfuerzos realizados en esa línea por el Centro Nansen para la Paz y las universidades. Así también los que impulse la Convención Constitucional, que tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile”, puntualizó.
Desde este jueves decenas de vehículos militares y cientos de militares patrullan las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío y Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía, luego que el lunes el Presidente Sebastián Piñera decretara la medida en medio de un paro camionero iniciado el pasado viernes y que fue suspendido después del anuncio.
La decisión fue informada a los delegados presidenciales en ambas regiones, aunque no fue compartida con los gobernadores ni los alcaldes de los territorios involucrados, los que sólo tuvieron conocimiento del alcance por lo publicado en los medios y después de las declaraciones realizadas ayer por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, cuando visitó la comuna de Lebu en Arauco, donde se reunió con los jefes de la defensa nacional en las zonas decretadas bajo emergencia.
De hecho, el jefe de gabinete indicó que sí había enviado el oficio a los gobernadores de ambas regiones informado sobre el decreto, aunque se conoce que se realizó sólo nueve minutos antes de que Delgado realizara su punto de prensa en dicha comuna del sur del país.
Por ahora, las autoridades han descartado la implementación de un toque de queda a raíz de esta determinación, aunque el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, subrayó que “si las fuerzas armadas están colaborando con las policías y son atacadas por orgánicas terroristas, existe la legítima defensa y pueden hacer uso de sus armas para repeler el ataque”.