Precisamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos, una vez más pareciera querer vulnerarse uno de esos derechos imprescindibles: el Derecho a la Información. En ese sentido, el caso de Julian Assange, el cofundador de Wikileaks, parece no tener fin. Esta vez, yendo un paso más allá, Washington ha ganado esta batalla en Londres, donde el Tribunal de Apelación atendió finalmente su demanda por la extradición del periodista australiano acusado de violar la ley estadounidense de espionaje de 2017 y de conspirar para piratear ordenadores del gobierno.
El juicio de extradición contra Assange comenzó en febrero del año pasado en el juzgado de Woolwich Crown Court, situado al lado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde está encarcelado desde su detención en abril del 2019 en la Embajada ecuatoriana en Londres, cuando la policía británica lo sacó de allí a la fuerza al serle revocado su asilo político por parte de Quito.
Efectivamente, el 11 de abril de ese año, el presidente del Ecuador, Lenin Moreno, anunció que su país retiraba el asilo político otorgado a Julian Assange, refugiado en la Embajada ecuatoriana en el Reino Unido desde 2012. Las razones esgrimidas por el converso Moreno fueron incumplir con el acuerdo de conducta impuesto y, también, por colaborar con hackers rusos para desestabilizar (¡!) al gobierno. Del mismo modo, Quito le suspendió la ciudadanía ecuatoriana arguyendo “irregularidades” en su concesión por parte del anterior gobierno del socialista Rafael Correa, quedando así totalmente desprotegido y a merced la policía británica, que lo retiró por la fuerza desde la embajada en que había vivido durante casi ocho años.
Assange dijo en la audiencia preliminar que se negaba a someterse a la extradición y sostuvo que su “trabajo periodístico protegió a muchas personas”, negando los cargos que le imputaba la justicia estadounidense por haber publicado una gran cantidad de información clasificada
De terminar siendo extraditado a Estados Unidos, el periodista de 49 años se enfrentaría a condenas que, en total, podrían enviarle a la cárcel hasta por 175 años, acusado de 18 cargos por violar la mencionada Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar “información clasificada”. Sus partidarios denuncian que este procedimiento supone un grave peligro para la libertad de prensa a nivel internacional, mientras el caso sigue concitando la expectación mudial.
Pero, como su extradición fue rechazada en enero, cuando la jueza Vanessa Baraitser, del Tribunal británico penal de Old Bailey, dictaminó que no debía ser extraditado a Estados Unidos, entre otros motivos por los graves problemas de salud mental que arrastra y, derivado de aquellos la posibilidad de que intentase suicidarse, Estados Unidos apeló el fallo.
WikiLeaks ha dicho que Estados Unidos quiere juzgar al periodista por “publicar información verídica que revela los crímenes cometidos por el gobierno estadounidense en el campo de detención de Guantánamo, Irak y Afganistán, y los detalles de las torturas de la CIA”. Algo no menor y que debe tenerse en cuenta al analizar la batalla de este solitario David contra el Goliat del norte.
