Dos flancos se ha encontrado el Gobierno en su objetivo por arribar a un acuerdo nacional de seguridad con todas las fuerzas políticas y sociales del país: uno provino de la derecha, desde donde se adujo una imposibilidad de mantener un diálogo con el Ejecutivo en la medida que no se reconociera el terrorismo en la región de La Araucanía y el Bíobío, en el caso del machi Celestino Córdova y en cuanto se insistiera en priorizar el proyecto de amnistía a los llamados presos del estallido social. El segundo en tanto, radica en el propio oficialismo y en las organizaciones mapuches con las que el Gobierno busca dialogar, donde hay quienes han quedado resentidos por la reforma constitucional que se comprometió a los gremios transportistas, dando pie a una fórmula que permitiría el despliegue del Ejército en las principales rutas y caminos del sur.

Atendiendo a lo primero, desde La Moneda llamaron insistentemente a abordar la seguridad desde una política de Estado sin ostracismos ideológicos, para atender el crimen organizado y el porte ilegal de armas que devienen en homicidios como el sucedido la madrugada de este lunes en Chillán, donde una menor de 13 años murió al recibir un impacto de bala al interior de un auto.

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto con condenar y anunciar una querella criminal por el hecho, se refirió a la cortapisa que impuso la derecha llamando a separar las aguas entre el proyecto de amnistía y el acuerdo nacional de seguridad arguyendo que ambas son iniciativas absolutamente distintas. Por un lado, la medida que se originó como un indulto, “derivó de un estallido social que puso en entredicho a nuestro país en materia de respeto a los derechos humanos” indicó, y por tanto “requiere ser abordado en su contexto”.

En esa linea Vallejo aseveró que “la seguridad humana es una prioridad del Gobierno y debe ser una prioridad para todos y todas y por lo tanto nadie puede entenderlo como una moneda de cambio. Quien lo esté entendiendo así, como algo transable, creemos que está equivocado o equivocada”.

“Nosotros queremos poner al centro la disposición que hemos tenido, de las y los parlamentarios de distintas fuerzas políticas a conversar de esta materia porque el Gobierno tiene una agenda que es contra las armas, contra el crimen organizado con mayor inteligencia, con reforma policial y con medidas de prevención, pero no podemos avanzar solos como gobierno, necesitamos a la oposición, a todos los alcaldes de todo el territorio nacional, necesitamos a los gobernadores, a las organizaciones de la sociedad civil y necesitamos a los parlamentarios. Por eso hemos estado conversando con ellos”.

Parte de las reuniones que se sostuvieron en la sede de Gobierno este lunes implicaron a los jefes de bancada de la Democracia Cristiana. Tras reunirse con el presidente de la República y el titular de la Segpres, la senadora Ximena Rincón y el senador, Matías Walker, extendieron su visto bueno al acuerdo nacional convocado por el Ejecutivo y afirmaron su disponibilidad a incorporárse en él.

“Acogemos el llamado de la presidente de la República a crear un gran acuerdo en materia de seguridad ciudadana que dice relación no solamente con la agenda legislativa, cómo resguardamos de mejor manera la infraestructura que dice relación con los servicios básicos para la gente, como impedimos que se corten las carreteras, como enfrentamos el narcotráfico y el crimen organizado y la delincuencia y el terrorismo con todas las herramientas del Estado de derecho, sino también cómo recuperamos los espacios públicos para la gente”, señaló el legislador de la falange.

Los flancos en el oficialismo

Aunque en las dos coaliciones de Gobierno se ha refrendado la idea de llegar a un acuerdo nacional de seguridad, en Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad ha habido diferencias en la forma de digerir la reforma constitucional que el Gobierno comprometió a los gremios transportistas y que busca impulsar mediante indicaciones al proyecto de ley de infraestructura crítica (Boletín 13086-07) que se encuentra en Comisión Mixta. Una medida que en el caso de concitar los 3/5 en ambas Cámaras permitirá el despliegue del Ejército en las principales rutas de La Araucanía y el Bíobío en casos excepcionales.

Algo que valoró el timonel del Partido Socialista, Andrés Santander, en cuanto a su juicio, va en la línea de “permitir vivir con mayor seguridad y erradicar la violencia”.

“Todos estos instrumentos que vayan en ese sentido los vamos a respaldar y en este caso tener un instrumento que permita garantizar el libre tránsito y que permita garantizar el abastecimiento es una cuestión fundamental para cualquier Gobierno y para el país”, consideró.

Si bien la medida ha generado molestias en las comunidades mapuches, desde donde se ha considerado la reforma derechamente como un error político del Gobierno, el presidente del Partido Radical, Alberto Robles, instó a hacer caso omiso a quienes son bajo su parecer, poco dialogantes.

“Siempre van a haber organizaciones que estén en contra, hay organizaciones que están en contra de todo y por lo tanto en ese sentido uno no puede avanzar pensando en los que van a estar en contra, tiene que avanzar esperando a llegar acuerdos con aquellos que podamos llegar a acuerdos“, sostuvo.

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (CS) aseguró que el oficialismo está teniendo conversaciones abiertas sobre la especificidad de esta nueva figura para dar garantías de seguridad y de respeto a los derechos humanos. Esto considerando que “las herramientas que tenemos en la actual Constitución tienen un sesgo autoritario toda vez que se establece ciertas afectaciones a derechos fundamentales y también el mando militar sobre ciertos territorios”.

“No va a haber en ningún caso afectación de derechos fundamentales porque, por lo demás es una propuesta que se sugiere fuera de los capítulos del estado de excepción por tanto entroncaría con el respeto absoluto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esto quiere decir que no hay restricción a la libertad ambulatoria ni a la libertad de reunión y al mismo tiempo hay un mando civil particularmente a ciertas vías que se declaren como esenciales a efectos de garantizar el abastecimiento de las comunidades”, señaló.

En ese sentido la ministra Vallejo aseguró que las conversaciones en torno a la propuesta han buscado atender las inquietudes sobre el uso de las Fuerzas Armadas en casos excepcionales y el respeto a los derechos humanos. Sin perjuicio de lo anterior, aseveró que para que las comunidades se desarrollen con apoyo del Estado “necesitamos vías despejadas”.

En eso agregó que “parte del debate tiene que ver con quien está a cargo de la coordinación de las fuerzas que resguardan y protegen las rutas y por cierto creemos que no solamente la autoridad civil tiene que ejercer la autoridad en estas materias sino que tiene que también tener responsabilidades cuando ejerce esta autoridad. Es parte de las conversaciones que hemos tenido con los partidos”, manifestó.