Luego de concitar 126 votos a favor en la Cámara de Diputados y Diputadas, la solicitud de prórroga al estado de excepción del Gobierno obtuvo 39 afirmativas en el hemiciclo del Senado, 1 voto en contra y 2 abstenciones. De esa forma el Ejecutivo logró extender la medida durante 15 días más en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.

A la sesión concurrió la ministra del Interior, Izkia Siches; la ministra de Defensa, Maya Fernández y el titular de la Segpres, Giorgio Jackson. Durante su alocución, la jefa de Gabinete relevó los cuatro ejes del plan Buen Vivir, ellos son la modernización de la Conadi con la agilización del proceso de entrega de tierras; la inversión intersectorial para lo cual el Gobierno ha comprometido ejecutar 400 mil millones de pesos; el robustecimiento de la seguridad -al margen del estado de excepción- a través del mejoramiento de las capacidades operativas de las policías y el trabajo mancomunado con otros organismos del Estado y el establecimiento del diálogo político con el acompañamiento de Naciones Unidas.

Sobre esto último Siches detalló que “ya hemos podido contactar y reunirnos en más de 31 encuentros en los territorios Pehuenche, Huenteche, Lafkenche, Huilliche, pero además hemos dado cuenta al país del Consejo de Lonko de Arauco, una de las zonas de mayor conflicto y más agudo que ya se han puesto en contacto con el Gobierno para establecer un diálogo que nos permita de forma diplomática ir trabajando por acuerdos que garanticen la paz y la seguridad”.

Por otro lado, calificó el debate sobre lo acotado de la medida como un falso dilema. “El estado de excepción que ha planteado el Gobierno es más bien estratégico”, indicó, señalando que éste ha sido concordado con las Fuerzas Armadas y las policías para tener los mejores resultados. Junto a eso destacó que “es la respuesta política junto a las pericias investigativas y las acciones por parte de las policías las que nos van a permitir desarticular las bandas criminales”.

En el marco de la discusión parlamentaria, desde el partido Socialista, el senador José Miguel Insulza criticó la falta de voluntad del Senado de reconocer a los pueblos originarios y a las figuras políticas que, a su juicio, instan la guerra en La Araucanía. En ese sentido, relevó la necesidad de arribar a una solución integral como la que ha planteado al Gobierno, declarando la disposición de los socialistas a avanzar en ello.

En ese sentido el senador Jaime Quintana, consideró como un gran avance establecer el diálogo político del más alto nivel con Naciones Unidas. Pese a ello, anunció su abstención en la votación criticando el hecho de que se busque contener la violencia mediante las Fuerzas Armadas, cuya presencia repercute negativamente en localidades como Capitán Pastene, denunció.

“Transversalmente muchos colegas le plantearon al Ejecutivo que aquí lo que hay que tener para situaciones de escalada de violencia, sea en el sur, sea en el norte, sea en la región Metropolitana, es infraestructura crítica. Yo quisiera coincidir con el ex ministro Delgado cuando plantea un estado de excepción para la región Metropolitana, si las cifras de la región son más altas y más graves de todo punto de vista que la situación en La Araucanía y en La Araucanía usted tiene estado de excepción para la ruta, pero la red vial más extensa de Chile está en La Araucanía, la probabilidad de que pillen a alguien es ínfima entonces siento que perdemos la oportunidad de hacer un debate serio, confundimos todo por esta falsa percepción de que el estado de excepción trae más tranquilidad cuando es todo lo contrario”, sostuvo.

Desde Apruebo Dignidad, la senadora del Frente Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, criticó la superficialidad en la que la derecha aborda el conflicto en La Araucanía, y sostuvo que el sector soslaya la historia y los conflictos de interés arraigados a las empresas forestales. Si bien dijo no tener la convencimiento de que el estado de excepción sea una buena medida, consideró necesario actuar en base al realismo político.

“Uno valora hoy que a pesar de que no exista convicción, hoy día existe un realismo político en el cual tenemos que hacernos cargo porque estamos gobernando y por eso me alegra esta carta del consejo de los lonkos de Arauco, que la ministra recibió el viernes 10 de junio y nos alegra porque es una señal donde los werken son capaces de entregar un mensaje de que queremos conversar, que se quiere profundizar en los temas y de parar esto en algún momento para crear un diálogo consistente y continuo“, señaló.

Desde la oposición, en tanto, el senador de la región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe (UDI) recalcó que el estado de excepción ha sido efectivo para reducir los ataques que afectan a la llamada Macrozona Sur, “tal y como se lo hicimos ver en marzo pasado al nuevo Gobierno presidente Boric”, indicó, refiriéndose a las circunstancias en que el Ejecutivo decidió no dar continuidad a la militarización impuesta por el expresidente Sebastián Piñera.

“Las autoridades de este Gobierno hicieron caso omiso de esto y desoyeron a las víctimas de los atentados y ataques en la Macrozona y prefirieron actuar a gusto de aquellos que validan la violencia y consideran que las Fuerzas Armadas son un enemigo interno de los chilenos que no pueden involucrarse en la crisis de seguridad que se vive en el sur del país“, expresó.

En esa línea el senador Rojo Edwards, del partido Republicano, instó al Gobierno dar urgencia a los proyectos de Ley de Usurpaciones, de Robo de Madera, y al Estatuto de Protección a Carabineros y asimismo, llamó al Ejecutivo a reconocer, en base a los resultados comunicados por el ministerio de Interior, que el estado de excepción funciona y que hay terrorismo en la zona.

“No tengamos complejos para avanzar en materia de seguridad y en el caso del estado de excepción, no hablemos del estado de excepción acotado, estratégico, para poder dejar contentos a unos y a otros. Esto está funcionando, la gente lo pide, la gente clama, la gente vive en el terror y aquí hay una herramienta del Estado de derecho que podemos aplicar, apliquemosla con todas las de la Ley”, llamó.

Cruce Espinoza-Núñez

Molestia provocó en el senador Daniel Núñez (PC) la intervención de su par oficialista, Fidel Espinoza (PS) quien junto a manifestar su desacuerdo con el Gobierno respecto a lo acotado del estado de excepción, apuntó sus críticas hacia parlamentarios de Apruebo Dignidad y hacia personeros del Ejecutivo, en específico, hacia el ministro Giorgio Jackson.

“Me molesta cuando veo a algunos del partido Comunista y del Frente Amplio muchas veces planteando que esto poco menos es militarizar La Araucanía (…) Yo no estoy de acuerdo con eso, siendo socialista, y no me averguenzo de decirlo, con toda claridad, porque aquí han habido Ministros, aquí había uno que salió de la sala recién, pero que han estado más preocupado de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad del país en conjunto al Ministerio“.

“Muchos no lo dicen, muchos se callan, o lo dicen en privado pero cuando están aquí en la sala se olvidan todos, pero es así” agregó Espinoza, insistiendo en que “hay ministros más preocupados de eso, de estar destruyendo la soberanía popular, la institucionalidad pero no los temas de seguridad por los cuales fueron elegidos para gobernar”.

Minutos más tarde, el senador comunista reprochó las declaraciones del PS. Tras manifestar su apoyo a la prórroga solicitada por el Gobierno, llamó a meditar la frase de Espinoza. “Uno naturalmente se preguntará cuál sería entonces el régimen, el Gobierno, que destruyó en Chile la soberanía popular”, expresó.

“No nos vengan a decir que nosotros, que este Gobierno, es el que destruyó la soberanía popular”, aseveró en seguida. “Habría que comprender qué le pasó a este senador que se enojó tanto y es obvio lo que le pasó, se enojó porque la Convención acaba de terminar de ratificar que este organismo, que este cuerpo colegiado termine el 2026. Ah, entonces ese es el acto anti democrático, ese es el acto que viola la soberanía popular porque aquí hay una junta de cuatro generales que está dictando las leyes y la Constitución. No, es una Convención con delegados y delegadas que se eligieron, se votaron”, arremetió.