Con casi la totalidad de las normas aprobadas, ayer martes el pleno de la Convención se pronunció sobre el último informe de la comisión de Normas Transitorias, correspondientes a la reformulación de los artículos rechazados el pasado 2 de junio.
Entre las materias que concitaron el respaldo de los 2/3 de los convencionales destacó la instalación del quórum de 4/7 para que el actual Congreso Nacional pueda reformar la nueva constitución, junto con un mecanismo de referéndum ratificatorio para temas específicos, y la disolución del Senado en marzo de 2026.
Sin embargo, otra de las normas que sacó aplausos en el hemiciclo tiene que ver con la posibilidad de que la ciudadanía pueda decidir la creación de las Regiones Autónomas de Aconcagua y Chiloé.
Se trata del artículo vigésimo tercero que señala que, dentro del plazo de un año desde entrada en vigencia la nueva Carta Fundamental, para dichos efectos se convocará a dos consultas vinculantes e independientes entre sí a las comunas pertenecientes a las provincias de Chiloé (X Región) y de San Felipe, Los Andes y Petorca (Valparaíso).
En ese evento, a las personas se les hará entrega de una cédula electoral que contendrá la pregunta “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Chiloé?” y “¿Usted aprueba la creación de la Región Autónoma de Aconcagua?”, habiendo solo dos opciones disponibles: Apruebo y Rechazo. De ser aprobada la creación de estas entidades, deberá ser el Poder Legislativo el que despache en el plazo de dos años la ley para la implementación de estas regiones.
Esto último, en concordancia con los criterios establecidos en la nueva Constitución respecto de la creación de entidades territoriales.
El convencional y representante por el Distrito 6, Claudio Gómez (PS), profundizó sobre la normativa, señalando que esta “tiene su origen en una Iniciativa Popular de Norma que reunió más de 17 mil firmas que fue aprobada por la comisión de Forma de Estado, luego fue indicada para una disposición transitoria”.
En esa línea, defendió la creación de estas entidades, puesto que “tanto Aconcagua como Chiloé detentan todos los requisitos y elementos para constituirse como región. Ambas fueron provincias históricas desde 1826 hasta 1974 cuando la dictadura militar, tomando en consideración factores geomilitares y de seguridad nacional internas y externas, puso término al sistema de provincias que había permanecido vigente por más de 150 años y lo reemplazó por estas regiones, regionalización que, además de ilegítima, quedó mal hecha porque después con el retorno de la democracia se creó Arica y Parinacota, Los Ríos, Ñuble y Aconcagua y Chiloé estaban desde hace tiempo tocando la puerta”.
Además, apuntó que “existen factores económico-productivos que le dan el sustento de la autonomía política y financiera, existen elementos identitarios, históricos, culturales, ecosistémicos y un amplio apoyo ciudadano y político. Con esta consulta se abre la llave de paso para que sea la propia ciudadanía la que pueda determinar si quiere constituirse como nuevas Regiones Autónomas, de cara también al futuro y también en el contexto del Estado regional”.
Mientras el convencional y representante por el Distrito 26, Julio Álvarez, destacó que “tradicionalmente hemos sido territorios abandonados, excluidos del desarrollo, particularmente Chiloé. En Chiloé se dice muy típicamente que somos el patio trasero de Chile o que Chile termina en Puerto Montt y eso es así, se nota en cada uno de los detalles”.
Así, ejemplificó que “hubo un tiempo en que cuando era concejal para lograr tener un semáforo en la principal calle de Castro demoramos dos años y medio en instalarlo, porque hubo que hablar con los seremis, con los subsecretarios, llegamos a hablar hasta con el ministro. Lo mismo pasaba con la Ruta 5, en la única parte de Chile en donde no hay doble vía es en Chiloé “.
“A través de una autonomía territorial como va a ser Chiloé, creemos que ese subdesarrollo que hemos vivido, ese alejamiento de Chile, nos permitirá acercarnos a un mayor desarrollo”, apuntó Álvarez.
Tras su aprobación, la norma será derivada a la comisión de Armonización, la que deberá presentar el proyecto final de la nueva Constitución para su ratificación en pleno a fines de junio y, posteriormente, por la ciudadanía en el plebiscito de salida.