Y es que pese a los cientos de denuncias por violencia sexual en contexto de las protestas, solo existe una sentencia condenatoria por un caso de desnudamiento en la región de Arica. La autora, la cabo Francisca Benavides Vera, recibió una pena remitida de 541 días de cárcel por apremios ilegítimos. Otra causa que involucra a un joven estudiante que denunció haber sido torturado y abusado sexualmente por efectivos de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda, terminó con los carabineros absueltos. No obstante, aún está en revisión un recurso presentado por la víctima.

En contraste, informes como el de Aministía Internacional de octubre del 2020 dan cuenta de 246 casos de denuncias de violencia sexual. Asimismo, un documento de la unidad especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales del Ministerio Público registra 258 denuncias sobre desnudamientos y violencia sexual; 67 denuncias de abuso sexual con contacto, 27 amenazas de cometer abuso sexual y 12 denuncias de violación y abuso sexual agravado. Ello por mencionar algunos documentos.

En atención a estas cifras, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, respaldó la afirmación del Presidente aseverando que los casos de violencia sexual durante el estallido social son efectivos, independientemente de que no se hayan traducido en una condena para los responsables. “Es muy importante recordar una clásica distinción de las escuelas de Derecho que es que la verdad procesal no es necesariamente la verdad material. Hay muchos casos en los que sabemos que ocurrieron delitos, en los que no necesariamente se llegó a terminar en un juicio“, advirtió.

“Pese a eso existen a lo menos tres informes internacionales  donde hubo investigadores que tomaron testimonio y tuvieron evidencia suficiente para poder informar a organismos internacionales que acá había ocurrido violencia sexual”, acotó.

En esa línea señaló que “lamentablemente hay quienes piensan que violencia sexual se remite solo a violación; tiene muchas formas y tienen que ver todas con lesionar la intimidad sexual. Por lo tanto, no son dichos falsos, es distinto a que un hecho haya llegado a término a que nunca haya ocurrido y hay evidencia suficiente en informes internacionales como también en casos que ya se han presentado ante la Justicia“.

Por lo demás Orellana dio cuenta de las dificultades que se presentan a la hora de esclarecer este tipo de delitos. “La violencia sexual siempre tiene una tasa más baja de denuncia que de su ocurrencia total porque es un delito muy dificil de denunciar, porque es una situación muy particular y además donde hay una baja percepción de la posibilidad de hacer justicia porque muchas veces no hay testigos y todo se reduce al testimonio de la víctima versus el agresor“.

Asimismo indicó que “esto se complica aún más cuando los posibles perpetradores son agentes del Estado. Eso tiene evidencia internacional, está el caso de México y de Guatemala en cuanto a Latinoamérica, y también el caso de Chile, donde a pesar de todas las décadas ocurridas, todavía no hay una ley de violencia política sexual”. 

En conversación con nuestro medio, la directora de Corporación Humanas, Mariela Infante, consideró “muy preocupante que de ciertos sectores se estén levantando estos discursos que son negacionistas derechamente”.  Ello no sólo porque la efectividad de los casos fue acreditada por organismos intergubernamentales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino además, porque la falta de condenas no pasa por la falta de veracidad de las denuncias, sino por los defectos del sistema de justicia.

“La falta de justicia no tiene que ver con que no hayan ocurrido estos hechos, por el contrario, son fallas del sistema de justicia que el Estado de Chile en cumplimiento de sus obligaciones y también de las recomendaciones que hicieron tanto la Comisión Interamericana como el ACNUDH en su oportunidad, debía estar poniendo recursos necesarios, capacitaciones, equipos para realizar las pericias, levantar los testimonios, investigar oportunamente y para que estas personas puedan tener una reparación adecuada”, señaló.

En esa línea indicó que “hay varios informes internacionales, uno de CEJA que habla de todos los problemas que ha tenido principalmente el Ministeiro Público para investigar con debida diligencia, todas las causas, todas las violaciones de derechos humanos en general, pero en particular con la violencia sexual. También hay diversos problemas que ocurrieron en términos, por ejemplo, de tomar los testimonios de manera oportuna, testimonio tanto a las víctimas denunciantes como a los presuntos implicados. en la mayoría de estos casos son carabineros los denunciados”.

A ello Infante agregó el entorpecimiento que provocó la pandemia en las diligencias que podía hacer el Ministerio Público. “En marzo, abril, la mayoría de las instituciones públicas estaban cerradas, el Servicio Médico Legal que es el que tiene que hacer el protocolo de Estambul para determinar que hubo casos de tortura practicamente no tenía ninguna capacidad para realizarlo por el número de denuncias masivas que significaba y también porque la pandemia significó a todas las instituciones del sistema de justicia funcionar de otra manera”.

En ese contexto indicó que “muchas veces a las víctimas denunciantes de violencia sexual se las llamaba por teléfono, estaban en la casa, se les pedía que declararan en condiciones absolutamente inadecuadas para las catacteristicas que tiene generalmente estos hechos donde las víctimas son estigmatizadas”.

“Todavía se sienten avergonzadas por denunciar este tipo de casos, porque saben que hay una revictimización tanto de la sociedad como el sistema de justicia, por lo tanto ahí hubo varias fallas que tiene que ver con el sistema, con la institucionalidad y que ha repercutido en que ahora solo exista una condena por violencia sexual”, relevó. 

En tanto, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, advirtió que la negación de la violación a los derechos humanos es un asunto que está volviendo a repitirse en el país. “Este es un deja vu, esto ya lo pasamos, esto ya lo vimos, esto ya lo sabemos y que se va a reiterar en el tiempo”, afirmó.

“Durante muchos años en Chile hubo una posición de un sector político que manifestó que en Chile no hubo detenidos desaparecidos, no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, luego salieron los informes Rettig, los informes Valech donde dan cuenta de esta sistematicidad en cuanto al tipo de conducta y el tipo de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Hoy día vemos que un grupo de parlamentarios habla nuevamente de que estos hechos no ocurrieron, de que aquí no hay condenas y que por lo tanto esto implica que el señor Presidente tiene que dar disculpas a los Carabineros”, sostuvo.

En ello, Casas señaló que “una cosa es la existencia de un hecho, distinto es la capacidad de corroborar quién fue el responsable de la comisión de esos delitos”. Además indicó que “las agresiones sexuales a lo largo del país fueron recogidas no meses después, estas fueron recogidas en forma casi inmediata en la medida que estos hechos estaban ocurriendo, por lo tanto es bastante raro decir después de la visita de la Comisión Interamericana, de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, de los reportes internos realizados por Amnistía, Human Rights Watch, que este tipo de situaciones no se produjeron”.

En ese sentido aseveró que “aquí hay una vuelta al pasado y esa vuelta al pasado con ese tipo de argumentación, de discurso, narrativa, es realmente preocupante. Es como que en Chile volvieramos a decir que no hubo detenidos desaparecidos”. 

En cuanto a las recomendaciones que pueda adoptar el Estado para viabilizar las casuas por violencia sexual, Casas reparó en que “la capacidad que tenía para reaccionar el Estado hace dos años atrás no es la misma que pueda tener  tres años después”.

Por ello hizo hincapié en las medidas que extiende en el informe del Centro de Derechos Humanos de la UDP en términos de reparación a las víctimas. “Ahí hay un conjunto de recomendaciones que tiene que ver con qué es lo que ha sucedido con aquellas personas que resultaron gravemente lesionadas y cómo el Estado se asegura no solamente de entregar una pensión de gracia que fue lo primero que apareció como una cuestión evidente en noviembre y diciembre del año 2019, incluso por las autoridades que estaban en el Ministerio de Justicia en ese momento, sino como uno enfrenta la cuestión de la reparación de una forma muy integral, y avanzar en las investigaciones donde haya mayores antecedentes colocando todos los esfuerzos posibles”.

Ahora bien acotó que “estas no son investigaciones fáciles, porque como nosotros decimos en el informe estamos investigando a quienes normalmente son los que investigan los delitos y por lo tanto hay algunas dificultades más bien estructurales de cómo avanzar frente a esto”.