La situación sigue muy tensa en Perú desde la detención y destitución el miércoles pasado del presidente Pedro Castillo tras su intento de cerrar el Congreso.

Su sucesora Dina Boluarte, que se desempeñaba como vicepresidenta, anunció una iniciativa  de proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones previstas en 2016. Pero su propuesta atizó a los manifestantes, que exigen la liberación del presidente destituido, Pedro Castillo, el cierre del parlamento y comicios inmediatos.

En la capital peruana, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso. Antes de ser dispersados, se reunieron en la céntrica Plaza San Martín donde se encontraba la corresponsal de RFI Juliette Chaignon.

Dina Boluarte “No nos representa. No ha sido elegida por voto popular. Queremos un cierre del Congreso porque no nos representa, y que restituyan nuevamente al presidente (Castillo) y que llame a una nueva constitución”, dijo una de las manifestantes a RFI.

La propuesta de adelantar 2 años las elecciones no satisface a este manifestante: “No vamos a esperar dos años. En estos dos años ellos quieren acomodar las cosas a su conveniencia”, declaró al micrófono de RFI.

Fabián Isaías, un agricultor de la provincia de Huancayo agregó: “Estamos cansados que los congresistas golpistas, traidores, 70.000 jóvenes desempleados. Como provincianos sudamos, cultivamos la papa, por qué no nos escuchan. Hay muertos, ¿hasta cuándo vamos a seguir?”, preguntó.

Murieron tres menores de edad

Uno de los decesos del lunes ocurrió en Arequipa (sur), segunda ciudad de Perú, durante la actuación policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto tomada por unos 1.500 manifestantes.

Otros cuatro civiles fallecieron durante marchas repelidas por policías antimotines en Chincheros y Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, cuna de Boluarte, también en la parte meridional del país.

“Tenemos reportado siete personas fallecidas en las regiones de Abancay y Arequipa” desde el domingo, dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo.

Entre los muertos figuran tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años.

En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría.

En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas.

La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas. Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros.

También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras.

El gobierno declaró el lunes el estado de emergencia por 60 días en 7 provincias de la región de Abancay (sur).

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial cerró la noche del lunes el aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco debido a que manifestantes intentaron ingresar de forma violenta a sus instalaciones.

La brecha entre Lima y las provincias

El expresidente Pedro Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado el miércoles y posterior destitución por parte del Congreso. Fue reemplazado constitucionalmente en la jefatura del Estado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

“El presidente Castillo no está bien de salud, se ha pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para que venga y constatar la salud del presidente. Interponemos habeas corpus para obtener su inmediata libertad. Es su derecho”, dijo a la prensa el abogado Ronald Atencio.

En un intento por frenar las manifestaciones, el gobierno cesó el lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”.

Mientras tanto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró “profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia”.

“Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación”, indicó en un comunicado emitido en Ginebra.

Las movilizaciones crecen desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino.

En general, Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

Respaldo internacional a expresidente

Por su parte, los gobiernos izquierdistas de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron este lunes su respaldo a Castillo en un comunicado conjunto.

“El Presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, reza el comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por la Cancillería de Colombia.

“Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, añade el comunicado, sin mencionar que Castillo fue destituido por un fallido golpe de Estado.

El tren del Machu Picchu suspende su servicio

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu se suspenderá el martes por las protestas, informó la compañía operadora.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo. Según el Frente Agrario, “no perpetró ningún golpe de Estado”.

El expresidente fue detenido el miércoles por su propia escolta cuando se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.

Elecciones anticipadas

La atención está puesta en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones anticipadas, pues implica que ellos recorten su mandato en dos años

Para recortar mandatos, como el presidencial y legislativo, se requiere una reforma constitucional, un proceso que puede tomar hasta 12 meses.

La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, un 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.