Apelando a una vulneración de la Constitución y las leyes del país, las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del Partido Social Cristiano, ingresaron la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a la Cámara de Diputadas y Diputados. 

El libelo acusatorio que busca fiscalizar la gestión del titular de Educación, durante este último año, es apoyado por los tres partidos de la coalición de Chile Vamos, además de Republicanos, más la diputada Karen Medina del Partido de la Gente e independientes. “Nosotros confiamos que esta acusación es contundente y sólida (…) Esperamos seguir sumando fuerzas de aquí en adelante, de centro y centro izquierda”, señaló la diputada Muñoz.

Con siete capítulos, la acusación enumera algunas infracciones e incumplimientos que según los argumentos ha tenido la gestión de Ávila en este año.

Entre ellos, se encuentra vulnerar el derecho constitucional preferente de los padres a educar a sus hijos y cuestionamientos al rol de supervigilancia del ministro dado el polémico instructivo sobre “educación no sexista” en cuadernos que fueron entregados a alumnos del sistema público.

Sin embargo, es el capítulo VI en relación al rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con ocasión de los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”, el que genera mayor certeza para que la acusación prospere.

“En lo que respecta al capítulo seis tenemos la convicción de que el ministro de Educación no ha supervisado adecuadamente irregularidades que se traducen en más de 110 mil millones de pesos en perjuicio fiscal, y nos parece que una irregularidad de esa envergadura ya sería suficiente para que el ministro de Educación de cuenta de que no es capaz de seguir conduciendo su cartera”, aseguró el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper.

Ahora que el documento formal ya fue presentado, desde la oposición depositan sus fichas a que se sumen nuevos actores para un favorable avance en el Congreso.

De hecho, la Democracia Cristiana se asoma como un posible actor a convencer, el diputado y jefe de bancada del partido, Eric Aedo, vislumbró que el partido revisará el documento para determinar finalmente su posición.

“En ese sentido la bancada de la Democracia Cristiana vuelve a reiterar que esta acusación constitucional no la desecha de antemano, sino que vamos a estudiar cada uno de los siete capítulos en profundidad, si hay mérito en algunos de estos capítulos vamos a avanzar en esa acusación, si no hay mérito, obviamente que vamos a rechazar pero de antemano no la descartamos”, definió Aedo.

En tanto, el presidente de la DC, diputado Alberto Undurraga, declaró que “sin duda, el ministro de Educación tiene problemas de gestión, algunos bastantes serios, pero una cosa son los problemas de gestión y, otra, si ellos dan mérito o no para una acusación constitucional”.

Por otro lado, el oficialismo reiteró todo su respaldo al titular de Educación como lo han hecho desde el principio. El presidente y senador de Revolución Democrática, partido de Ávila, Juan Ignacio Latorre, aseguró que el ministro “está muy tranquilo en términos de que tiene fundamento para cada uno de los puntos que se les acusa”.

Pero, señaló, que dada la “dinámica política que va más allá de los fundamentos racionales o de los contenidos” pueda existir una animadversión a priori en referencia a algún sesgo de carácter homofóbico o conservador contra el ministro, según sus declaraciones,  lo que provocaría una “predisposición” que exceda los argumentos presentados.

En la misma línea, argumentó Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social, quien dijo que las últimas semanas se ha intentado “humillar al ministro Ávila, atacándolo por ser homosexual, a vista y publicidad de todos los chilenos”.

El diputado acusó que se están “inventando nuevos fundamentos” al decir que no comparten la forma o la eficiencia con que está siendo conducido el Ministerio de Educación, pero, según sus palabras, “lo cierto es que no hay fundamento alguno, sino más bien odio y discriminación”.

La comisión revisora de esta acusación constitucional quedó conformada por los diputados Tomás Hirsch, de Acción Humanista, Héctor Ulloa, independiente PPD, Miguel Ángel Becker de Renovación Nacional, Juan Santana, del Partido Socialista, y Gloria Naveillán, independiente.