“Esta enmienda va dirigida a representar en forma soterrada, pero tiene nombre y apellido, a los criminales de lesa humanidad que por años han buscado entorpecer la justicia y buscar más impunidad”, señaló la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, sobre Iniciativa Popular de Norma (IPN) de “reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años”.

La IPN fue discutida en la Comisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, del Consejo Constitucional, y fue presentada por el exoficial de la Armada de Chile, Enrique Cordovez Pérez, quien reconoció que tiene “algunos conocidos en Punta Peuco”.

La norma plantea que “las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente certificadas, cumplirán la prisión preventiva, prisión, o reclusión en su domicilio” y fue interpretada como un perdonazo para los asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad, como Miguel Krassnoff (77), quien acumula 900 años de presidio por una larga lista de asesinatos, torturas y otros delitos contra las personas.

Al ser consultada sobre esta iniciativa, Alicia Lira lamentó que se esté buscando de “forma solapada la libertad de los criminales, cuando hoy día, felizmente, se ha logrado gracias a la lucha de las agrupaciones de familiares, a los familiares, a los abogados que nos han acompañado por década, algo de  justicia”.

“Ellos saben que aunque se apruebe, debiera aplicarse sólo para la delincuencia común, porque saben que los victimarios de crímenes de lesa humanidad no tienen beneficios carcelarios, no pueden ser indultados y menos mandarlos para la casa a cumplir las penas”, afirmó.

Lira indicó que  además, “es una falta de respeto a la inteligencia y a la lucha que hemos dado, cuando dicen que se van a cumplir la pena en la casa y forzar la impunidad y no responder a los crímenes atroces”.

La presidenta de la AFEP recordó que muchos de los reclusos llevan años presos “no los suficientes, porque sus condenas tienen una cantidad enorme de víctimas en el camino a través de los años, por tortura, por desaparición, por ejecución y por lo cual denunciaremos de forma permanente”.

La dirigenta indicó que ésta es una “maniobra de impunidad que la derecha siempre ha buscado y hoy día creen que la tiene fácil cuando los republicanos y la UDI controlan en Consejo. La UDI representa lo más nefasto, porque ellos fueron los cómplices civiles de los peores crímenes que se realizaron durante 17 años de dictadura”.

La dirigenta afirmó que estos sectores “no pueden consagrar estos hechos en la Constitución, que hoy se está gestando de forma tan terrible no sólo lo que tiene que ver con la demanda de verdad y justicia, sino también con los derechos sociales, lo que lleva al texto constitucional hacia el rechazo”.

“Lo que estamos viendo en este engendro que está creando la derecha y los republicanos, es una constitución peor que la dictadura, que por lo menos más adelante se pueden hacer reformas, pero aceptar, además, que se consagre como un derecho constitucional que las AFP sigan lucrando y dejar en la indefensión a los trabajadores y otros derechos sociales, no es aceptable en lo ético y lo político. Ni mucho menos que en la justicia se acepte una demanda de impunidad que no tiene nada que ver con un rango constitucional (…) Además, los tratados y convenios internacionales están sobre la Constitución”, expresó Lira.

Por otro lado, la dirigenta afirmó que a 50 años del golpe de Estado, aún siguen pendientes resoluciones judiciales en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, como en el de Víctor Jara, Operación Cóndor y los asesinatos de los 119 opositores al régimen.

“Hay avances y esos se han logrado por décadas de lucha. Nosotros le llamamos justicia tardía, porque además las condenas que se aplican es por crímenes comunes y por ello, ha gozado de impunidad, de indulto y además se ha instalado la impunidad biológica. Demasiados casos han quedado impunes porque los victimarios, los testigos, los familiares, han fallecido”, expresó.

Añadió que ha sido una “justicia en lo medida de lo posible, tardía, porque estamos hablando de 50 años, cuando se están viendo los casos de Víctor Jara, la Operación Cóndor, los 119, que son hitos terribles”.

Lira dijo que aquí “hay una alarma, hay preocupación porque la derecha fascista está buscando los mecanismos para impedir que aquellos que van a caer presos o están detenidos, queden en la impunidad, favorecidos por este pacto de silencio que aún mantienen las FFAA”.

Finalmente, la dirigenta de la AFEP afirmó que este viernes comienza un encuentro nacional de agrupaciones de derechos humanos en la ciudad de La Serena para analizar el plan nacional de búsqueda, la libertad a los condenados de Punta Peuco y otros temas que “ameritan la preocupación para avanzar más rápido en justicia, porque a 50 años aún estamos en la angustia y desesperación en la búsqueda de nuestros seres queridos y ha significado una agonía permanente en el tiempo”.