Luego de once días de estar atrapados y en medio de las complicaciones del rescate de los mineros, la bancada de diputados del Partido Socialista hizo público un Informe de fiscalización elaborado por la Dirección del Trabajo el 9 de julio de este año que advierte sobre el peligro para los trabajadores, dada las precarias normas de seguridad de la mina San José en la Región de Atacama.
Según los parlamentarios, a raíz de este hecho el ente fiscalizador tendría que haber decretado el cierre definitivo de la faena, sin embargo, el informe no fue tomado en cuenta por la autoridad competente.
Ante esta situación, los congresistas emplazaron a la ministra del Trabajo Camila Merino por las responsabilidades que le competen en esta falla y por ellos pedirán que la secretaria de Estado asista esta semana a la Comisión de Minería de la Cámara Baja, que investiga las responsabilidades políticas y administrativas luego del derrumbe del yacimiento que mantiene atrapados a 33 pirquineros.
En este plano, el vicepresidente del PS, Fidel Espinosa, criticó el papel que ha jugado el ministerio del Trabajo y cuestionó que el Gobierno todavía no haya iniciado acciones legales contra los empresarios responsables de la operación.
“Por qué la ministra Merino y el subsecretario del Trabajo nada han dicho respecto a que este informe era lapidario y constitutivo de paralización inmediata de las obras. Y quiero peguntarle al Presidente si él tiene conocimiento de esta inspección, de este informe, el que consideramos gravísimo y fue elaborado a menos de un mes que se provocara esta tragedia. Quiero también preguntarle por qué el Gobierno no se ha querellado contra estos empresarios”, indicó Espinosa.
La subjefa de bancada socialista, Denise Pascal, aseguró que de acuerdo al marco legal que regula su funcionamiento y en vista de los antecedentes aportados por la fiscalización, la Dirección del Trabajo debería haber decretado el cierre de la mina San José.
“La Dirección del Trabajo tiene estas facultades desde 1940, o sea, no es un decreto desconocido, es toda una vida en la que tienen autorización de cerrar cualquier faena cuando hay inseguridad para los trabajadores. Y aquí no se hizo nada, se olvidó y se carga la mano hacia otros y se pasa a llevar el derecho de los trabajadores de tener una vida sana. Ellos están arriesgando la vida por una falta de ciudad de la Inspección del Trabajo”, acusó Pascal.
El diputado de la instancia fiscalizadora del accidente, Luis Lemus, dice que todas las señales indican que la responsabilidad de prevenir esta tragedia a través del cierre de la mina la tuvo la autoridad laboral.
“En ese momento las obras deberían haber sido paralizadas por la autoridad competente y no lo fue. Aquí hay una responsabilidad, como la hay también del Gobierno anterior. Y sobre los órganos que tenían que fiscalizar, tenemos que reconocer que aquí hay algo que nos da para pensar en responsabilidad del Presidente Piñera y la ministra Merino”, sostuvo Lemus.
Junto con la aplicación de una multa, la Inspección del Trabajo de Copiapó detectó en la mina San José fallas en la fortificación del techo, no contar con señalización visible y permanente de las zonas de peligro y no cumplir con el comité paritario de higiene y seguridad.
La infracción fue cursada el nueve de julio de 2010 al representante legal de la compañía minera San Esteban, Alejandro Bohon.
Luego de once días de estar atrapados y en medio de las complicaciones del rescate de los mineros, la bancada de diputados del Partido Socialista hizo público un Informe de fiscalización elaborado por la Dirección del Trabajo el 9 de julio de este año que advierte sobre el peligro para los trabajadores, dada las precarias normas de seguridad de la mina San José en la Región de Atacama.
Según los parlamentarios, a raíz de este hecho el ente fiscalizador tendría que haber decretado el cierre definitivo de la faena, sin embargo, el informe no fue tomado en cuenta por la autoridad competente.
Ante esta situación, los congresistas emplazaron a la ministra del Trabajo Camila Merino por las responsabilidades que le competen en esta falla y por ellos pedirán que la secretaria de Estado asista esta semana a la Comisión de Minería de la Cámara Baja, que investiga las responsabilidades políticas y administrativas luego del derrumbe del yacimiento que mantiene atrapados a 33 pirquineros.
En este plano, el vicepresidente del PS, Fidel Espinosa, criticó el papel que ha jugado el ministerio del Trabajo y cuestionó que el Gobierno todavía no haya iniciado acciones legales contra los empresarios responsables de la operación.
“Por qué la ministra Merino y el subsecretario del Trabajo nada han dicho respecto a que este informe era lapidario y constitutivo de paralización inmediata de las obras. Y quiero peguntarle al Presidente si él tiene conocimiento de esta inspección, de este informe, el que consideramos gravísimo y fue elaborado a menos de un mes que se provocara esta tragedia. Quiero también preguntarle por qué el Gobierno no se ha querellado contra estos empresarios”, indicó Espinosa.
La subjefa de bancada socialista, Denise Pascal, aseguró que de acuerdo al marco legal que regula su funcionamiento y en vista de los antecedentes aportados por la fiscalización, la Dirección del Trabajo debería haber decretado el cierre de la mina San José.
“La Dirección del Trabajo tiene estas facultades desde 1940, o sea, no es un decreto desconocido, es toda una vida en la que tienen autorización de cerrar cualquier faena cuando hay inseguridad para los trabajadores. Y aquí no se hizo nada, se olvidó y se carga la mano hacia otros y se pasa a llevar el derecho de los trabajadores de tener una vida sana. Ellos están arriesgando la vida por una falta de ciudad de la Inspección del Trabajo”, acusó Pascal.
El diputado de la instancia fiscalizadora del accidente, Luis Lemus, dice que todas las señales indican que la responsabilidad de prevenir esta tragedia a través del cierre de la mina la tuvo la autoridad laboral.
“En ese momento las obras deberían haber sido paralizadas por la autoridad competente y no lo fue. Aquí hay una responsabilidad, como la hay también del Gobierno anterior. Y sobre los órganos que tenían que fiscalizar, tenemos que reconocer que aquí hay algo que nos da para pensar en responsabilidad del Presidente Piñera y la ministra Merino”, sostuvo Lemus.
Junto con la aplicación de una multa, la Inspección del Trabajo de Copiapó detectó en la mina San José fallas en la fortificación del techo, no contar con señalización visible y permanente de las zonas de peligro y no cumplir con el comité paritario de higiene y seguridad.
La infracción fue cursada el nueve de julio de 2010 al representante legal de la compañía minera San Esteban, Alejandro Bohon.
Luego de once días de estar atrapados y en medio de las complicaciones del rescate de los mineros, la bancada de diputados del Partido Socialista hizo público un Informe de fiscalización elaborado por la Dirección del Trabajo el 9 de julio de este año que advierte sobre el peligro para los trabajadores, dada las precarias normas de seguridad de la mina San José en la Región de Atacama.
Según los parlamentarios, a raíz de este hecho el ente fiscalizador tendría que haber decretado el cierre definitivo de la faena, sin embargo, el informe no fue tomado en cuenta por la autoridad competente.
Ante esta situación, los congresistas emplazaron a la ministra del Trabajo Camila Merino por las responsabilidades que le competen en esta falla y por ellos pedirán que la secretaria de Estado asista esta semana a la Comisión de Minería de la Cámara Baja, que investiga las responsabilidades políticas y administrativas luego del derrumbe del yacimiento que mantiene atrapados a 33 pirquineros.
En este plano, el vicepresidente del PS, Fidel Espinosa, criticó el papel que ha jugado el ministerio del Trabajo y cuestionó que el Gobierno todavía no haya iniciado acciones legales contra los empresarios responsables de la operación.
“Por qué la ministra Merino y el subsecretario del Trabajo nada han dicho respecto a que este informe era lapidario y constitutivo de paralización inmediata de las obras. Y quiero peguntarle al Presidente si él tiene conocimiento de esta inspección, de este informe, el que consideramos gravísimo y fue elaborado a menos de un mes que se provocara esta tragedia. Quiero también preguntarle por qué el Gobierno no se ha querellado contra estos empresarios”, indicó Espinosa.
La subjefa de bancada socialista, Denise Pascal, aseguró que de acuerdo al marco legal que regula su funcionamiento y en vista de los antecedentes aportados por la fiscalización, la Dirección del Trabajo debería haber decretado el cierre de la mina San José.
“La Dirección del Trabajo tiene estas facultades desde 1940, o sea, no es un decreto desconocido, es toda una vida en la que tienen autorización de cerrar cualquier faena cuando hay inseguridad para los trabajadores. Y aquí no se hizo nada, se olvidó y se carga la mano hacia otros y se pasa a llevar el derecho de los trabajadores de tener una vida sana. Ellos están arriesgando la vida por una falta de ciudad de la Inspección del Trabajo”, acusó Pascal.
El diputado de la instancia fiscalizadora del accidente, Luis Lemus, dice que todas las señales indican que la responsabilidad de prevenir esta tragedia a través del cierre de la mina la tuvo la autoridad laboral.
“En ese momento las obras deberían haber sido paralizadas por la autoridad competente y no lo fue. Aquí hay una responsabilidad, como la hay también del Gobierno anterior. Y sobre los órganos que tenían que fiscalizar, tenemos que reconocer que aquí hay algo que nos da para pensar en responsabilidad del Presidente Piñera y la ministra Merino”, sostuvo Lemus.
Junto con la aplicación de una multa, la Inspección del Trabajo de Copiapó detectó en la mina San José fallas en la fortificación del techo, no contar con señalización visible y permanente de las zonas de peligro y no cumplir con el comité paritario de higiene y seguridad.
La infracción fue cursada el nueve de julio de 2010 al representante legal de la compañía minera San Esteban, Alejandro Bohon.
