“Se ha utilizado el cargo para respaldar este accionar dilatorio“. Es el análisis que realizó la abogada querellante y defensora en causas de derechos humanos, Karinna Fernández, de cara a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad de mando en delitos omisivos de apremios ilegítimos, en contexto del estallido social.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada abordó la estrategia judicial que impulsa la defensa de la máxima autoridad policial, marcada por una serie de recursos interpuestos ante distintas jurisdicciones buscando aplazar la audiencia de formalización, que se mantiene programada para este próximo 01 de octubre.

La solicitud de aplazamiento más recientes fue ingresada la jornada de este lunes, pero rechazada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En esa línea, Fernández indicó que “si bien son acciones que nosotros estamos acostumbrados como abogados querellantes y defensores de derechos humanos en particular, llama la atención -en este caso- el continuo accionar dilatorio para eludir la acción de la justicia por parte de una autoridad de la república, de una alta autoridad, sin que precisamente su jefatura, el Gobierno tome medidas al respecto”.

“Me parece que es súper contradictorio porque en definitiva lo único que ha generado el ‘criterio Tohá‘ en este caso, en lugar de un criterio firme, tal como sostuvo la ministra (Camila) Vallejo en agosto del 2022, donde una autoridad imputada tenía que colaborar con la justicia, cosa que no ocurrió en este caso, en ninguna de las ocho ocasiones en que fue citado a declarar concurrió ni aportó antecedentes y después vemos otro tipo de recursos que se repitieron. Además, en marzo se dispusieron más de seis acciones judiciales para eludir justamente la formalización”, relevó.

Para Fernández, “claramente el ‘criterio Tohá’ para lo único que ha servido es para fortalecer la idea de la defensa de dilatar la audiencia de formalización, sin hacerse cargo de lo que significa el valor público de la justicia y la magnitud de las imputaciones”.

En ese sentido, Fernández apuntó a observar cómo el Poder Judicial reacciona frente a los requerimientos utilizados por la defensa de Yáñez. “Todo el país vio cómo esto se solicitó en enero por parte del Ministerio Público, recordemos que la formalización es una opción unilateral del Ministerio Público y lo que se ha hecho es dilatar la audiencia con diversos recursos. También vimos que en mayo, cuando tenía que ser la formalización, la misma se aplazó por acciones de nada jurídicas, como había sido la muerte de tres carabineros en el sur de Chile“, apuntó.

Consultada por la posibilidad de que Yáñez este privilegiando sus intereses personales, la abogada respondió que “eso es evidente“: “No solo es una opinión de lo que yo puedo interpretar, sino que expresamente los recursos que ha presentado en diversas jurisdicciones, en particular el Tribunal Constitucional, lo que él afirmaba era que es una persecución a Carabineros, a la institución. Y, no se ha hecho cargo siquiera como una autoridad de que él es el imputado, de que es su nombre el que figura como citado a una audiencia de formalización y no la institución“.

“Yo sí hago una lectura, desde los recursos, que efectivamente se ha utilizado además el cargo para respaldar esta accionar dilatorio“, defendió.

Respecto a la posibilidad de que éste aplazamiento de formalización se otorgue en la misma audiencia, la abogada lamentó que desde el pasado 02 de enero, cuando se solicitó fecha y hora para dar curso al proceso judicial, “hemos estado enfrentando este continuo riesgo de dilaciones, que como hemos visto en el país, ahora cuando fue la audiencia de la formalización de Jadue o Hermosilla, que también son de especial magnitud, no ocurrió ese tipo de accionar y los tribunales tampoco respaldaron ninguna intención dilatoria”.

“Esperemos que en esta ocasión los tribunales sigan respetando la idea del valor de lo público, de la justicia y de la independencia judicial, y de la importancia de la no intervención de otros actores en el proceso, efectivamente hagan valer la citación que, insisto, se solicitó en enero y estamos enfrentando ahora en octubre”, zanjó.