La partida de gobiernos regionales se tomó la discusión en el Senado en el marco de la Ley de Presupuesto 2025 durante la primera sesión de esta jornada. Tras aprobarse con 33 votos a favor y 3 en contra, ya son 24 las partidas despachadas.

Esta era una de las partidas más complejas a analizar debido al rechazo desde la Cámara de Diputados y Diputadas respecto de los presupuestos de inversión regional de los GORE. Entre estos, se discutieron planteamientos relacionados con la ejecución de los recursos.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó en la instancia que los gobiernos regionales ya habían sufrido para este 2024 “una reducción significativa de la ejecución de los presupuestos” luego de la discusión de la Ley de Presupuesto del año pasado. Por ello, aseguró, este año se trató de “simplificar, eliminar controles que eran innecesarios”.

Diversos senadores evidenciaron sus molestias respecto de la diferencia de distribución de recursos a las diversas regiones. Un problema que ya venía arrastrándose desde la Cámara Baja, debido a que ciertas regiones tuvieron una rebaja de sus presupuestos por estar ligados a casos de corrupción, pero también por los cuestionamientos en relación a recursos no debidamente ejecutados.

Por ello, el titular de Hacienda debió aclarar que “toda la distribución del presupuesto, particularmente el presupuesto de inversión de los gobiernos regionales, es todo el resultado de la aplicación de fórmulas que están establecidas en la ley”.

“No hay ningún elemento de discrecionalidad en la conformación de los presupuestos de los gobiernos regionales. ¿Dónde están esas fórmulas? En la Ley Orgánica y en la Ley de Royalty Minero”, señaló Marcel.

Parte del principal reclamo vino desde el senador José Miguel Insulza (PS), acusando que en su región “el 90% de los ariqueños tienen sensación de abandono de parte del gobierno central”.

“No somos la región más pequeña, no somos la región menos poblada, por lo tanto no entendemos por qué. Pero se nos explica hoy por qué. Hay una ley. Debe ser una ley del gobierno militar, porque no la conozco, no hemos podido saber los algoritmos que llevan a una decisión de darle menos recursos a una región que a otra”, sostuvo el legislador.

En respuesta, Marcel apuntó que en el caso de las regiones del norte del país, a raíz de la Ley de Royalty Minero, se estableció un fondo de hasta $200 millones de dólares al año para financiar proyectos de inversión productiva, la cuál debía ser analizada en la partida del Tesoro Público.

El Ejecutivo, por medio del ministro Marcel, celebró además la aprobación de la reposición de la glosa que regula la utilización de los recursos del Royalty Minero. De acuerdo al secretario de Estado, esto es necesario para la “transparencia en la rendición de cuentas”.

Otras indicaciones aprobadas

Entre las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y que fueron aprobadas, explicó la directora de la Dirección de Presupuesto, Javiera Martínez, están aquellas referidas a que los GORE puedan hacer transferencias a otras entidades públicas, en particular, a universidades del Consejo de Rectores. Esto, ya que de inicio solo se había considerado a universidades públicas.

La senadora Yasna Provoste valoró positivamente la indicación del Ejecutivo al respecto, pues “las universidades del Consejo de Rectores presentes en un territorio aportan al desarrollo de la región”. “Sin embargo, la glosa que teníamos hasta el año pasado, que se introdujo el año pasado, solo permitían que los gobiernos regionales hicieran transferencias a universidades del Estado”, indicó la parlamentaria.

“¿Qué ocurre? Por ejemplo, en la Región de Aysén, está presente la Universidad Regional, pero también hay otras universidades. Sin embargo, el gobierno regional solo podía transferirle recursos a la universidad estatal. Con esta glosa que acoge el Ejecutivo puede transferirle a las otras universidades que están presentes en el territorio”, expresó Provoste, afirmando que de esta manera los GORE podrán apoyarse con estas universidades en materia de investigación e innovación.

También se ingresaron indicaciones de parte del Ejecutivo respecto del silencio administrativo y sobre la actualización del Anteproyecto Regional de Inversiones que deberá realizarse en coordinación y con la colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

La sesión en el Senado está citada hasta total despacho de las partidas que restan. De ellas, aún quedan en votación algunas complejas como Educación, Vivienda, Cultura y Desarrollo Social.