Por estos días, una reforma integral al sistema de adopción está siendo revisada por la Comisión de Constitución del Senado. Se trata de una iniciativa que lleva más de 10 años en el Congreso (ingresó en 2013, durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera) y que tiene entre sus principales objetivos agilizar los procesos de adopción.

En conversación con nuestro medio, el psicólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile, Matías Marchant, explicó que la reforma pretende cambiar el sistema chileno para que vaya en concordancia tanto con la normativa internacional como con la Ley sobre Garantías y Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

“En ese sentido, es un avance comprender una reforma a la ley de adopción que hace referencia explícita a los tratados que protegen los derechos de niños y niñas y las reformas nacionales que se han hecho en el último tiempo”, opinó.

De todas maneras, el coordinador del Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Infancia expresó ciertas dudas con uno de los elementos más importantes del proyecto.

Comisión de Constitución del Senado. Foto: ATON.

Actualmente, para que un niño o niña sea adoptado debe pasar por tres procesos: uno de protección, un juicio de susceptibilidad de adopción y un procedimiento de adopción; que pueden ser llevados adelante por tribunales y jueces distintos. En ese contexto, la reforma propone un proceso único, para evitar discrepancias y contradicciones entre distintos actores.

Marchant aseguró que, en teoría, esta unificación “es una buena idea, pero en la práctica puede ser una situación que compromete al juez que evalúa el contexto de vulneración de los derechos de los niños, el mismo que luego está implicado en el proceso de adopción”.

“Eso puede generar algunos puntos ciegos, sobre todo en los nuevos requisitos que se solicitan para declarar a un niño susceptible de ser adoptado”, comentó.

A juicio del experto, los cambios más importantes que están incluidos en la reforma son el aseguramiento de los derechos de las infancias para conocer su origen y el fin de los procesos de inhabilidad parental, que buscaban desacreditar a los padres y madres.

Estos últimos, serán reemplazados por mecanismos de revinculación con la familia de origen y solo cuando este proceso fracase, el niño o niña será declarado como susceptible de ser adoptado.

“¿Qué es lo relevante de este cambio? Es que en la propuesta de la ley lo que se estaría promoviendo es que el niño pueda reintegrarse a su familia de origen y agotar todos los recursos posibles para que eso pueda ser llevado a cabo, sin pasar por un proceso como el de la actual ley de adopción en donde las familias que son declaradas inhábiles parentalmente, se quiera o no se quiera, están asociadas a condiciones de pobreza, marginalidad y la falta de recursos individuales, sociales y comunitarios”, relevó.

“Los procedimientos de inhabilidad parental que son los mayoritarios que permiten declarar a un niño susceptible de ser adoptado, siguen siendo procesos que son incapaces de distinguir la evaluación de inhabilidad por aspectos psicológicos o propios de las características de las familias, respecto a condiciones sociales ambientales y falencias de parte del Estado”, agregó.

Comisión de Constitución del Senado. Foto: ATON.

En todo caso, Marchant afirmó que es muy importante que en la ley queden establecidas “las experticias, las características y los objetivos que deben cumplir los programas de revinculación familiar”.

“Necesitamos que se considere en la implementación de la ley a equipos altamente capacitados, donde la capacitación no proviene simplemente de una alta excelencia en el trabajo profesional, si no una especialización en el trabajo de intervención con grupos familiares comprometidos en situaciones de vulneración de derechos en niños y niñas”, complementó.

¿Por qué la reforma lleva tanto tiempo en el Congreso?

Consultado respecto a los motivos que explican el largo tiempo que ha tomado la tramitación de la reforma, el académico de la Universidad de Chile señaló que “hay distintos intereses de grupos particulares que no siempre tienen visualizados a niños y niñas como centro de la acción, si no intereses particulares”.

En esa línea, citó las discusiones que ha provocado el fin de la orden de prelación, que actualmente da más facilidades para adoptar a las parejas casadas. “En este caso el tema de la adopción homoparental es algo que inmediatamente se pone en relación con la reforma al proceso de adopción, eso puede ser un elemento muy relevante”, destacó.

Marchant además apuntó a la relación del Estado con organizaciones privadas que colaboran con él durante los procesos de adopción, pues se trata de un punto donde no todos están de acuerdo.

“El Estado sigue planteándose como subsidiario y delegando algunas de sus funciones a organismos colaboradores, lo que genera entonces que existan distintas visiones, experiencias y trayectorias respecto a los procesos de adopción”, sostuvo. Para el experto, lo último “en realidad complica la reforma a la ley”.