26 años han pasado desde el fin de la dictadura cívico-militar y hasta el día de hoy son cientos de familias las que aún esperan justicia y reparación frente a las violaciones a los Derechos Humanos. Como agravante, y a pesar de los discursos de los gobiernos en pos de lograr hacer justicia, permanecen resabios de la dictadura, como la vigencia del Decreto de Ley de Amnistía o la Justicia Militar, entre otras cosas, que alejan a la sociedad de conocer su verdad y determinar responsabilidades.
Como una de las tantas deudas que han dejado los gobiernos de la posdictadura, las organizaciones de derechos humanos califican a la mantención del secreto de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura consignados en el Informe Valech. “En el gobierno de Ricardo Lagos, y él siendo responsable de esta cláusula de secreto durante 50 años aduciendo algo que es falso que es la protección de las personas testimoniantes”, señalan.
La investigación, que fue realizada por la académica de la Universidad de Chile, Pascale Bonnefoy, revela el organigrama de los altos mandos del Ejército que tomaron el control del coliseo durante los dos primeros meses de la Dictadura de Pinochet. A través de sus páginas, el texto también incluye los testimonios de los ex militares y detenidos que estuvieron en el recinto.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado por el rechazo de la Cámara de Diputados a terminar con el secreto por 50 años del Informe Valech. La presidenta de la organización, Lorena Pizarro, aseguró que el actual gobierno es el que menos ha avanzado en esta materia a pesar de contar con un programa del que se valió en su campaña política.
Según informe de la ONU, Chile es uno de los 11 países que no han implementado Protocolo contra la Tortura, lo que sumado a la vigencia de la Justicia Militar y la consiguiente impunidad en delitos como apremios ilegítimos demuestra, a ojos de organismo de DDHH la nula preocupación del Estado tiene esta materia. “Da la sensación de que a estos temas no se les está dando prioridad”, señalan desde Amnistía Internacional.
El juez Mario Carroza determinó someter a proceso a Jorge Rivas Arancibia, alias “Miguel”, ex agente de la CNI por el delito de homicidio calificado de dos jóvenes que fueron asesinadosen un supuesto enfrentamiento con fuerzas de seguridad de la Dictadura.
Organizaciones de derechos humanos calificaron de “vergonzosa” la votación llevada a cabo este miércoles en la Sala de la Cámara, y que resolvió mantener el secreto de los testimonios del Informe Valech. De los 60 votos afirmativos que se necesitaban para legislar este proyecto, los promotores consiguieron 57, mientras que a la negativa en pleno de Chile Vamos se sumaron votos de parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Con una acción de denuncia en la Plaza de la Ciudadanía, el colectivo Londres 38 exigió que el Estado de Chile tome medidas para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos de la Dictadura de Pinochet. En la manifestación resultaron detenidas cuatro integrantes de la organización.
La defensa de Javiera Blanco sostuvo que los actos en los que se funda la acusación constitucional que presentaron un grupo de diputados liderados por René Saffirio ocurrieron fuera de su gestión, además calificaron el libelo como “confuso y contradictorio”. De todos modos, la secretaria de Estado anunció que entregará nuevas cifras sobre los niños y jóvenes fallecidos en el Sename.
Uno de cada cinco chilenos adultos tiene alguna discapacidad, y los problemas de accesibilidad los marginan de participar plenamente en la sociedad. Obstáculos en las calles, un transporte hostil y falta de fiscalización a leyes que los protegen, siguen invisibilizando a un importante sector de la población que ven vulnerados día a día sus derechos fundamentales.
El director del organismo, Branislav Marelic, explicó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, que realizarán en los próximos días un proceso de “observación” con miras a evaluar el funcionamiento de los centros del Sename que han sido cuestionados por la serie de irregularidades verificadas en relación con los niños y jóvenes que habitan en ellos.
Producto de un fallo del primer Juzgado de letras de Osorno, la comunidad indígena Llanquileo tendrá que desalojar los predios del fundo El Pafu de la comuna de Puyehue. La sentencia corresponde a un juicio iniciado por Julio Ponce Lerou. En tanto, desde la comunidad dicen estar tranquilos, pese a que ya han sido expulsados en otras oportunidades.
En Estación Central, un grupo de pobladores organizados desde 2011 en el movimiento Ukamau, trabaja coordinadamente para conseguir su derecho a la vivienda social, en términos muy distintos a cómo lo entiende el Estado: con más metros cuadrados y con espacios pensados por quienes lo habitarán, cubriendo sus necesidades y anhelos.
Apoderados del Liceo Experimental Manuel de Salas presentaron un reclamo ante la Décimo Octava Comisaría de Carabineros de Ñuñoa por el violento desalojo contra un grupo de estudiantes realizado en junio. Exigen terminar con procedimientos violentos contra los menores.
La medida fue duramente criticada por la comunidad boliviana residente en Chile. Además, denunciaron violento desalojo liderado por la institución en Iquique.
