La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos se refirió a la promesa no cumplida de la ex mandataria y a la polémica de última hora que involucró a Jaime Campos.
Jimmy Marilao y Galvarino Reimán llegaron hasta Santiago a sostener una serie de reuniones con autoridades en torno a la solicitud de Córdova para renovar su conexión espiritual. A sesenta días de iniciada la huelga de hambre de único condenado en el caso Luchsinger-Mackay, no existe respuesta a su petición.
La iniciativa anunciada por el presidente Sebastián Piñera para mejorar la protección de la infancia ha sido valorada por todos los sectores y actores, sin embargo, hay algunos puntos que han sido criticados. Para el diputado René Saffirio, por ejemplo, no se debe aumentar la subvención a instituciones colaboradoras, pues “han cometido violaciones a los derechos humanos de los niños”.
María Leoni, se refirió además a la reciente determinación asumida por el Estado donde admite su responsabilidad en la muerte del joven mapuche.
Desde el anterior Ejecutivo señalaron que no se pudo cerrar el recinto penitenciario porque dependía de otras condiciones de carácter legal. Para las agrupaciones de derechos humanos nunca estuvo la voluntad política de acabar con la impunidad. Desde el gobierno actual indicaron que esta demanda no está contemplada en su agenda.
En solo tres semanas los residentes del sector Reina Norte de Colina han tenido que trabajar contra el proyecto del que se enteraron de casualidad y, el que esperan, sea rechazado por no contar con un estudio de impacto ambiental.
El diputado del Partido Comunista cree que la mandataria podría dar noticias importantes esta semana, al menos respecto del cierre de Punta Peuco. Pero los ex presos políticos siguen a la espera de algo concreto sobre reparación.
Fueron diversas instancias de diálogo y que tuvo el Gobierno con las víctimas de prisión política y tortura, en las cuales se comprometieron varios puntos de un petitorio que el Ejecutivo no cumplió. Las distintas organizaciones insisten en que, al menos, se concreten algunas medidas que sólo necesitan de una firma.
En entrevista con nuestra emisora, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, criticó duramente el anuncio de la Reforma Constitucional promovido por la Presidenta Bachelet a días de dejar el gobierno y lo califica como “una pose para una foto”, lo que se condice, en su opinión, con la forma en que se elaboró el programa de gobierno: una lista de supermercado con distintas demandas sociales destinado a obtener los votos necesarios para quedarse nuevamente con la presidencia.
Esta será la segunda vez en que el caso llega hasta el máximo tribunal del país. Anteriormente, en octubre de 2017, la mencionada instancia determinó la libertad de los ocho imputados, en un fallo que apuntó al débil actuar del Juzgado de Garantía de Temuco y dio las primeras luces de la inconsistencia de las pruebas.
El año pasado, y luego de la revelación de las excesivas pensiones que recibían algunos retirados de las Fuerzas Armadas, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal en contra de siete ex uniformados que reciben una “pensión de invalidez de segunda clase”. El 7mo Juzgado de Garantía acaba de aceptar la incautación de las fichas clínicas de los acusados y Fiscalía ya trabaja en la investigación.
La controvertida ley ha sido el blanco de críticas, sugerencias y una infinidad de reparos por parte de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Que se revise, que no se use en contra del pueblo mapuche y que se investiguen las denuncias en contra de la policía por la fuerza ejercida sobre la comunidad mapuche son algunas de las recomendaciones que ha recogido una ley que no ha condenado prácticamente a nadie.
Son más de 500 casos los que están siendo revisados por el magistrado Mario Carroza. Por el momento todos se ubican temporalmente dentro del periodo 1973-1990, por lo que la posibilidad de que estén prescritas es una realidad. ¿Qué debería pasar para que los casos no prescriban?
Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en 2017 confirma que el 40% de los recintos penitenciarios del país sufren de sobrepoblación.
Alberto Espinoza, el abogado que lo representó en Chile, está convencido de que la pena de Palma -dos cadenas perpetuas- está prescrita. Afirma que el hecho de haber sido juzgado por la ley antiterrorista le juega a favor, por lo desprestigiada de esa normativa a nivel internacional. Herlado Muñoz se encuentra en Paris sosteniendo reuniones con autoridades locales.
