A propósito de los juicios abreviados en casos de financiamiento irregular de la política, académicos y expertos en derecho penal apuntaron directamente al fondo del conflicto: un sistema construido desde su origen de manera inequitativa concebido para discriminar entre ricos o pobres.
La decisión fue tomada en un fallo emitido por el Consejo para la Transparencia, después de que la Fuerza Aérea se negara a entregar dicha nómina. Desde la FACh señalaron que entregarán toda la información que poseen, no obstante no aclararon si los nombres están incluidos en ella.
Después de una reunión de Comité Político el conglomerado Chile Vamos adoptó un acuerdo para enfrentar la situación que se vive en el sur. Con esto el bloque adhiere a la propuesta por la paz social del Senador Espina, pero sin desistir de sus llamados “a controlar a los grupos violentos”. Por otro lado, la asociación de alcaldes mapuche insisten en su llamado a generar un diálogo entre todos los sectores involucrados.
A la actividad concurrieron el rector de la institución, Ennio Vivaldi; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes; y Camila Rojas, presidenta de la Federación de estudiantes de la casa de estudio, entre otros. Además acudieron las organizaciones de funcionarios de la institución.
Este martes ocho de marzo se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, entre fiestas oficiales y acciones de protesta. Esto cuando diversas organizaciones mantienen sus críticas al Estado, considerado como un aparato reproductor de la violencia en toda índole; desde el maltrato físico al simbólico y cotidiano, desde el ámbito de la familia al trabajo y donde destacan los derechos sexuales y reproductivos como un pendiente que sólo viene a evidenciar nuestro atraso cultural.
Los dirigentes entregaron una carta pública solicitando además la protección hacia otros defensores de Derechos Humanos como Gustavo Castro, quien fue testigo del asesinato de Cáceres y a quien las autoridades hondureñas le habrían impedido salir del país.
Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos muestra que la criminalización de los defensores de DD.HH. sigue siendo un problema en toda América Latina, a pesar del impulso dado por la Corte Interamericana en el fallo que condenó a Chile por utilizar la Ley Antiterrorista.
Berta Cáceres, líder indígena de Honduras, fue asesinada a tiros la madrugada de este jueves en su residencia. La dirigente se hizo conocida por su lucha en contra de proyectos hidroeléctricos y mineros en territorios de pueblos originarios. Su muerte desató una ola de protestas en la nación centroamericana.
Programado para el próximo 22 de marzo, la paralización sigue sumando adhesiones desde distintos sectores, quienes además se plegarían a la marcha que encabezará la Central Unitaria de Trabajadores.
Se trata de una situación que, según distintos protagonistas, no solo causa discriminación. También impide el buen desarrollo de los niños y niñas afectados. En Chile, el caso del mapudungun y el pueblo mapuche, es un claro ejemplo de ello.
Este domingo en el centro de Santiago, a partir de las 10:30 horas, diversas organizaciones expresarán su molestia contra lo que consideran negativas y perjudiciales disposiciones del Gobierno en contra de los inmigrantes. Actividades también se desarrollarán en Arica.
Las inquietudes radican principalmente respecto de los derechos sociales y colectivos, considerando que en marzo se adoptarán una serie de definiciones para configurar el proceso de participación ciudadana. La autodeterminación de los pueblos aparece como una de las exigencias prioritarias.
Desde su hijo diputado del PPD hasta los trabajadores fiscales latinoamericanos, todos se sumaron a los diversos homenajes que se llevan a cabo en nuestro país, en un nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical y ex presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, en febrero de 1982.
Luego de que la administración de Mauricio Macri abriera la posibilidad de discutir la calidad de refugiado del ex frentista, diversos especialistas criticaron el rol que el Estado chileno ha tenido en el caso.
La Tercera Sala del Tribunal rechazó el recurso de apelaciones interpuesto por algunos miembros de la comunidad, argumentando que la construcción del sitio de memoria “no obedece a un mero capricho de la Municipalidad”.
