Después de conocerse las cuantiosas pensiones de invalidez entregadas a ex oficiales y generales de las Fuerzas Armadas, Radio y Diario Universidad de Chile elaboró los prontuarios de aquellos ex funcionarios que actualmente reciben estos aportes irregulares y que fueron condenados por la Justicia por cometer crímenes de lesa humanidad.
La agrupación de Derechos Humanos, compuesto por familiares de víctimas de prisión y tortura en Dictadura, exige que el partido rechace unánimemente los beneficios carcelarios que se pretende otorgar a los presos de Punta Peuco.
El organismo consideró admisible las demandas realizadas por la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile que acusa de negación de justicia e impunidad de parte del Estado de Chile, hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Santiago determinó de forma unánime que el Ejército deberá entregar los nombres de los ex agentes de DINA y la CNI que ascendieron al grado de general entre el 2002 y 2016.
Augusto Pinochet le dio luz verde para acallar a sus críticas. El juez Juan Guzmán Tapia llamó este caso “el más fácil de comprobar”. Pero a 42 años del montaje de inteligencia militar de dos países realizada en julio 1975, conocido como Operación Colombo, aún quedan aspectos fundamentales sin aclarar. En 1975, cuando la condena […]
Como una traición del gobierno de la Nueva Mayoría calificaron agrupaciones de ex presos políticos que luego de más de un año de conversaciones aún no tengan respuesta a demandas como el aumento de la pensión por los daños sufridos en Dictadura, razón por la cual llevan más de 50 días en toma de diversas sedes regionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“Chile marcha por los niños, niñas y adolescentes del Sename”. Este fue el llamado, a través de las redes sociales, del Movimiento Civil por la Infancia a sumarse a una convocatoria que se desarrolló en Santiago, Concepción y Valparaíso.
Según un Informe internacional, más de 200 activistas del medioambiente fueron asesinados durante 2016, mientras que este año ya se registran 98 muertes en los primeros cinco meses. América Latina es uno de los territorios más críticos, al concentrar el 60 por ciento de los casos, mientras que Chile registra varias causas por amenazas, secuestros y persecución.
En la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Ceibo Ediciones presentó su nuevo libro Mi infierno en el Sename: ansias de libertad, de Édison Llanos, quien vivió más de una década en un centro del Servicio Nacional de Menores. El texto, escrito en primera persona, abarca sus memorias y su experiencia durante los primeros siete años de su vida.
El documento reiteró que el estado chileno ha incumplido con la entrega de la totalidad de los antecedentes sobre represión política y sigue judicializando a los comunicadores por la entrega de información bajo ciertos contextos.
El longko Facundo Jones Huala cumplió diez días detenido en Argentina. La justicia chilena ha solicitado dos veces su extradición por su procesamiento judicial pendiente, la que ha sido rechazada por tribunales trasandinos.
Al ser consultada durante una entrevista sobre su promesa de cerrar la cárcel para militares condenados por crímenes durante la dictadura, Bachelet señaló que cumpliría con sus promesas. La UDI salió a criticar la medida, mientras que en la propia Moneda se mostraron algo sorprendidos y no quisieron precisar o dar plazos.
Ana Merino, Presidenta de la AFEP de la región de Coquimbo, se mostró confiada en los resultados que arroje la indagatoria encabezada por el ministro en visita Vicente Homazábal. Mientras que el abogado querellante Cristián Cruz, destacó que “por fin las víctimas que el poder se negó a escuchar, pudieron ser escuchadas”.
Desde hace algunos años, la crisis que vive el Servicio Nacional de Menores ha sido un tema que constantemente han utilizado los distintos sectores políticos, convirtiéndose incluso en uno de los tópicos más abordados por los candidatos presidenciales.
Abogados querellantes de las causas que contemplan la desaparición y muerte de integrantes del GAP (círculo de guardaespaldas de Salvador Allende) esperan que durante este año se dicte sentencia de primera instancia contra los responsables ya identificados. De paso, se extrañan que el partido de los asesinados invierta hoy su dinero en grandes empresas.
